Milicia y delito     
 
 El País.    30/10/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

Milicia y delito

EL CONSEJO de guerra que ha juzgado al capitán Juan Milans del Bosch, acusado dé

proferir insultos en público contra el Rey, ha resuelto proponer al capitán

general de Madrid, sin cuya ratificación el veredicto no será firme, la

sentencia condenatoria de un mes y un día por el delito de injurias al Jefe del

Estado.

Aunque los resultan-dos y considerandos de la sentencia todavía no han sido

facilitados a los medios de comunicación, parece un hecho probado que el

condenado calificó al Rey, en un lugar público y ante testigos, de cerdo e

inútil. Como todo el mundo recuerda, este deslenguado oficial es hijo del

teniente general Milans del Bosch, procesado en el sumario del 23 de febrero y

acusado de rebelión militar.

Hace dos días tuvimos oportunidad de comentar, en un editorial titulado Política

y delito (véase EL PAÍS del 28 de octubre de 1981), la preocupante tendencia de

los profesionales del poder a llevar ante los tribunales a sus críticos,

mediante la interposición de querellas criminales por injuria o por calumnia.

Esos delitos contra el honor. regulados en el título diez del Código Penal, sólo

son per-seguibles a instancia de la parte ofendida y han sido tipificados para

proteger a los ciudadanos de las agresiones verbales o de las imputaciones

criminales que les dirijan sus iguales.

Fuera del ámbito de la sociedad civil —al que simulan acogerse los políticos

que interponen esas querellas privadas— se sitúan, en cambio, los

comportamientos criminales, materialmente relacionados con insultos, definidos

en el título segundo del Código Penal —que se ocupa de los "delitos contra la

seguridad interior del Estado"— y perseguibles de oficio por el ministerio

fiscal.

Aparte de los artículos dedicados a tos desacatos, insultos y amenazas contra

ministros y autoridades en el ejercicio de sus funciones, el delito de injurias

al Jefe del Estado es el prototipo de ese comportamiento criminal que se sitúa

fuera de las relaciones privadas entre ciudadanos y se inscribe en la esfera de

la vida pública. La Constitución define al Rey como símbolo de la unidad y

permanencia del Estado y le asigna su más alta representación. Nadie puede

ignorar, por lo demás, que el titular de la Corona, expresión simbólica de la

Monarquía parlamentaria, es, de añadidura, capitán general de las Fuerzas

Armadas y ejerce su mando supremo.

Un simple ciudadano que hubiera llamado cerdo a don Juan Carlos en el mismo

lugar y circunstancias que el capitán Juan Milans del Bosch hubiera tenido que

comparecer ante la jurisdicción ordinaria para defenderse de la petición fiscal

de una pena de privación de libertad no inferior a seis años y un día y no

superior a doce arios, prevista por el artículo 147 del Código Penal para las

injurias graves. Y, en el improbable caso de que el tribunal decidiera que

constituye sólo un insulto leve calificar al Rey de cerdo e inútil, el procesado

seria condenado a una pena de privación de libertad entre seis meses y un día y

seis años.

Dada nuestra normativa penal, a nadie puede extrañar la enorme sorpresa que ha

suscitado en la sociedad civil la noticia de que un oficial del Ejército,

acusado de injuriar al Rey, haya salido mucho mejor librado de su paso por un

consejo de guerra de lo que presumiblemente le hubiera ocurrido a un paisano

procesado por los mismos cargos ante la jurisdicción ordinaria.

El principio constitucional de que todos los españoles son iguales ante la ley,

sin que pueda prevalecer discriminación alguna por cualquier condición o

circunstancia personal o social, no sale bien parado de ese ejercicio imaginario

de comparación, que hiere todavía más la sensibilidad en carne viva de los que

recuerdan que la abrumadora mayoría de los soldados profesionales que asaltaron

el 23 de febrero, con las armas en la mano, el palacio del Congreso no han sido

procesados y se han reincorporado al servicio activo. Pero el asombro es aún

mayor cuando se repara en que Juan Milans del Bosch, además de ser un ciudadano

"sujeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico", como el resto de los

españoles, es oficial del Ejército, y que sus insultos al Jefe del Estado están

dirigidos a la vez contra el capitán general de las Fuerzas Armadas.

Las Reales Ordenanzas abundan en exhortaciones al honor, la disciplina y el

cumplimiento del deber de los hombres de la milicia. El militar sabe que "la

disciplina obliga a obedecer lo mandado", que debe ser "respetuoso y leal con

sus jefes" y "no tolerar murmuraciones ni hablar nial de sus superiores", que

debe respetar "a todo superior" y velar "por el buen.nombre de la colectividad

militar y por el suyo propio", evitando el escándalo.

Con independencia délas responsabilidades penales en que el capitán Juan Milans

del Bosch haya incurrido por sus injurias al Rey, el retrato o el modelo del

militar que las Reales Ordenanzas ofrecen en su articulado cuadra difícilmente

con la imagen de un oficial barbotando insultos tabernarios contra el Rey de

todos los españoles y contra el capitán general de los tres Ejércitos.

De otro lado, si llamar cerdo e inútil al mando supremo de las Fuerzas Armadas

cuesta tan sólo un mes y un día de privación de libertad, el insulto a un

general o a un jefe tendría que saldarse, por pura lógica, con un arresto

inferior a los treinta días. Lo que significaría, lisa y llanamente, la

destrucción de la disciplina militar y la liquidación en la práctica de las

Fuerzas Armadas.

Digamos, finalmente, que los insultos contra el Rey del capitán Milans del Bosch

injurian no sólo a la más alta autoridad del Estado, sino también a los

ciudadanos que identifican su propio honor y dignidad con el honor y la dignidad

del titular de nuestra Monarquía parlamentaria y constitucional.

El dicho de que no insulta quien quiere, sino quien puede, justificaría

moralmente para que los injuriados —el Rey y la abrumadora mayoría de los

españoles— devolvieran esos procaces insultos a quien los profirió. Pero la

ética, que tal vez podría impulsar al capitán Müans del Bosch a pedir la baja en

unas Fuerzas Armadas mandadas por un capitán general a quien califica de cerdo e

inútil, no sustituye al derecho penal ni anula las normas disciplinarias de las

Reales Ordenanzas. Sería deseable que el presidente del Gobierno y su ministro

de Defensa llegaran a compartir estas conclusiones y renunciaran a proseguir esa

absurda estrategia del avestruz que está alentando la osadía de los gol-pistas,

impidiendo cortar por lo sano los ataques a la disciplina y la unidad de las

Fuerzas Armadas.

 

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