Autor: Miralles Álvarez, Jaime. 
   La justicia y el Golpe de Estado     
 
 Diario 16.    24/02/1982.  Páginas: 1. Párrafos: 11. 

EL JUICIO DEL 23 F

24-febrero-82/DÍarÍO

Jaime Miralles Alvarez, que reúne en su persona la condición de abogado de

prestigie y periodista, analiza para los lectores de DIARIO 16 el proceso a los

implicados del 23-1 y los acontecimientos de ayer - aniversario del golpe

militar —, que supusieron la expul sión de la sala del director de este

periódico y la retirada de la credencial para cubrir U información sobre el

desarrollo de las sesiones.

La justicia y el golpe de Estado

Con motivo de estar celebrándose el juicio por el 23-F, me pide DIARIO 16

algunas notas de divulgación jurídica al respecto y, dada la importancia de la

cuestión, no parece que deba eludirse la aportación de cuanto sea posible para

contribuir a que nuestra sociedad comprenda´ y sepa qué .es lo que está

naciéndose, cómo se está juzgando a los presuntos responsables del golpe de

Estado que se produjo hace un año -porque, es cierto que el golpe de Estado se

produjo-, cuáles son las funciones y los deberes que la ley atribuye a cuantos

intervienen en este proceso afortunadamente excepcional, pero no único ni nuevo.

Porque no es frecuente Ipor fortuna! que se cometan delitos de rebelión, aunque

en la historia reciente son varios los casos de generales que, con mando o sin

él, se sublevaron al mando de tropas. Cuando fracasaron, se les juzgó con

arreglo a las leyes y, si bien es cierto que en nada padeció su honor, también

lo es • que aún somos muchos en España los que recordamos la imagen de

prestigiosos y aún heroicos milites, vestidos con el traje que entonces usaban

los penados. Ellos mismos, ante los consejos de guerra que les juzgaron,

aceptaron la responsabilidad de su propia conducta; y, consecuentemente y con

plenitud de dignidad, el presidio en unos casos, la muerte en otros.

Los abogados

La libertad con que los abogados han de cumplir su deber de defensores,

manteniendo las tesis que consideren más convenientes al legítimo y sagrado

interés de defensa que tienen confiado, sólo tiene un límite: el que le señale

su´ propia conciencia de profesional cumplidor de su deber. Y los abogados no

ignoramos un aforismo jurídico de observancia esencial en le función de

administrar Justicia, a la que hemos de cooperar: lo que no está en la causa, no

existe en el munco.

Esto quiere decir que, cuando se están juzgando unos hechos, en pleno juicio

oral, sólo puede tratarse lo que oportunamente se haya aportado — hechos o

razones— a la causa. En las sesiones del juicio oral, no debe ni puede hacerse

referencia a cuestiones ajenas al contenido de la causa pues, de lo contrario,

se rompería lo que en Derecho se llama la «continencia de la causa», o sea, lo

que la causa contiene.

Si alguna de las partes iniciase o pretendiese el planteamiento de cualquier

cuestión ajena a la «continencia de la causa», extraña a lo que la causa en sí

contiene, diferente y no comprendido en lo" que ha de debatirse en el juicio

oral para que después sea resuelto en la Sentencia, es función y responsabilidad

del presidente del Tribunal retirarle la palabra e imponerle silencio,

impidiéndole traspasar los límites de lo que se está juzgando.

La autoridad del presidente de un Tribunal ordinario o militar, es máxima en la

dirección del juicio oral por sus cauces propios, y no puede ejercerla o no,

según su arbitrio, sino que está obligado a no hacer dejación de sus funciones y

a imponer Ja autoridad que la ley le confiere, en toda la extensión que sea

precisa para que los debates se desarrollen en la forma y con el orden que la

ley impone, sin tolerar que pueda desplazarse el cetro de atención del juicio

que preside.

La comparecencia

Es claro que mi opinión no pasa de ser la de un modesto profesional de la

abogacía. Pero, sinceramente, a mí no se me alcanza que, en un juicio oral,

pueda un abogado hacer referencia a lo que uno u otro periódico del día´publique

o diga, sin rebasar claramente los límites de la continencia de la causa.

Constituido un tribunal para un juicio oral, llamará a los procesados que estén

en libertad, y ordenará que traigan a su presencia a los procesados que estén

presos. Los primeros, los que estén en libertad, tienen la posibilidad física de

no comparecer, ante lo cual, el tribunal puede adoptar la decisión que proceda,

incluso la prisión o que los traiga a su presencia la fuerza pública. Pero, los

procesados que estén presos, no tienen -o no deben tener— la posibilidad física

de no comparecer a la presencia del tribunal que los juzga, ni siquiera la

posibilidad de demorarla, por cuanto no depende de su voluntad, no están en

libertad y, consecuentemente, han de ser conducidos´ a presencia del tribunal.´

Es claro que los supuestos de resistencia pasiva o activa, tienen su tratamiento

penal.

Imaginar que un procesado condicione su comparecencia ante el tribunal al

cumplimiento de cualquier condición, a la presencia de cualquier persona en el

público que asista al juicio, pugna con el más elemenal respeto a la

administración de justicia en cualquier jurisdicción, hasta el extremo de que,

ese condicionamiento, podría integrar un delito de desacato y de coacción. Es

claro que el impedirlo es función del tribunal y, específicamente, de su

presidente.

La publicidad

La administración de justicia, en el orden penal, lleva aparejada, como

condición esencial, la publicidad. La´ razón de ello es muy sencilla: la

sociedad, el pueblo, tienen derecho a presenciar cómo administran la justicia

los jueces a quienes la propia sociedad, el pueblo, les ha deparado esa augusta

función para que la ejerciten en su nombre. Por eso, la voz sacramental de

«audiencia pública» con la que el presidente ha de abrir cada sesión de un

juicio oral. La asistencia a un juicio oral no puede dosificarse en función de

ningún criterio selectivo.

Menos aún, excluirse a nadie nominalmente. Sólo la alterador del orden en el

local en que se celebre el juicio oral puede legitimar la expulsión de alguien.

Todos cuantos intervienen en los actos propios de la administración de justicia

vienen por igual sometidos a la ley. Quien preside un tribunal, ha de cumplir la

función que tiene legalmente atribuida y no puede hacer dejación de ella. No

puede tolerar que se alteren las formas que la ley prescribe para la celebración

de un juicio oral. Las decisiones contrarias a la ley adoptadas conscientemente

pueden constituir delito de prevaricación.

Lo que haya ocurrido en el Servicio Geográfico del Ejército, local donde se

celebra el juicio oral por el golpe de Estado del 23-F, lo ignoro. En cualquier

caso, confío en que todos cuantos intervienen en tan importante acto forense

están sometidos a la ley. Todos.

 

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