Obligada extradición     
 
 ABC.    13/01/1974.  Página: 14. Páginas: 1. Párrafos: 14. 

ABC. DOMINGO 13 DE ENERO DE 1974.

OBLIGADA EXTRADICIÓN

En reciente y muy bien fundamentado editorial, defiende «Nuevo Diario» la correcta tesis de que procede,

sin duda alguna, la concesión de la extradición, por parte de Francia, aplicada a los presuntos autores del

crimen terrorista que costó la vida al almirante Carrero Blanco, presidente del Gobierno español, al

inspector de Policía señor Bueno Fernández y al conductor del vehículo señor Pérez Mojena.

Por muy sutiles argumentos jurídicos que se trate de alegar en contra, el consumado propósito criminal no

puede calificarse como delito político: fue un crimen común, un alevoso y cobarde asesinato, sin

atenuante ideológico o fanático que disminuya su condenable condición.

Aunque el Derecho francés - ley de 10 de marzo de 1927 - rehúsa la extradición cuando «la infracción

tiene un carácter político o cuando se pide la extradición con una finalidad política», siempre ha sabido

distinguir - escribe el citado colega - «los delitos llamados antisociales y entre ellos, y por tradición

constante de su jurisprudencia, el terrorismo anarquista y los crímenes odiosos, sea cual fuere el motivo

que los inspire».

A esta consideración debe añadirse el precedente, de gran importancia en este caso, de la célebre

«cláusula de atentado» que Francia ha incluido en numerosos tratados firmados con diversos países

(Bélgica, Luxemburgo, Alemania Federal, Checoslovaquia, Mauritania, etc...). Según esta cláusula no se

negará la extradición por los atentados o tentativas de atentado a los jefes de Estado o de Gobierno,

miembros de su familia y ministros. Por otra parte, en los tratados de Francia con los países africanos que

fueron colonias francesas se niega carácter de delito político al asesinato.

En otros países y tiempos y distintas legislaciones nacionales pueden encontrarse también aplicaciones de

la extradición para los actos de terrorismo y anarquismo.

Baste citar - al hilo del comentario que nos sugiere éste - la concesión, por Alemania, de la extradición de

dos de los asesinos del presidente del Consejo don Eduardo Dato en 1922. Y el Convenio de Ginebra de

1937, en el cual los actos de terrorismo político son considerados como delitos comunes; sujetos, por lo

tanto, a extradición.

Aunque todo aparezca muy claro, si se contempla con ecuanimidad y sin prejuicios, circulan rumores de

que Francia puede denegar la extradición. Incluso, un abogado de París ha escrito en «Le Monde» que la

extradición podría negarse en este caso porque la preparación del atentado se hizo en Francia - y te

competencia judicial correspondería a los tribunales franceses - y porque se pediría la extradición de unos

miembros de la E. T. A. con un fin político.

«El primer argumento - afirma «Nuevo Diario» - es una cortina de humo. El segundo es inexacto y

presupone una intención que es ofensiva para nuestros Tribunales de Justicia.»

Naturalmente, las autoridades francesas pueden - pueden y deben - investigar las actividades subversivas

de miembros de la E. T. A. o de cualquier otro grupo análogo en territorio francés. Y pueden y deben

encausar y juzgar y condenar a los culpables si se prueba la materia delictiva.

Pero las normas más comunes del Derecho Internacional prefieren, siempre, que los delitos se juzguen allí

donde han sido cometidos.

El segundo argumento del abogado francés resulta aún más recusable. La extradición no se pediría por

fines políticos y los Tribunales españoles no harían, en su caso, otra cosa que aplicar con correcta

juridicidad la ley y decidir con independencia la sanción o pena correspondientes al delito o los delitos

probados

Exento de dudas el planteamiento jurídico que abre el camino y lo despeja para la extradición, las

relaciones de buena vecindad - a las que nos hemos referido muchas veces en estas columnas,

precisamente por el mismo motivo que hoy tratamos - aconsejan y abonan también la demanda.

«Ni la tolerancia - escribíamos el pasado 29 de diciembre - ni la negligencia frente a personas cuya

conducta y actividad en territorio propio se orienta al daño del vecino son garantía de que un día tal

conducta no se volverá contra los tolerantes y los negligentes, ni tampoco son de recibo en una relación

de amistad.»

El asesinato del almirante Carrero Blanco es un crimen de derecho común. Y en cuanto tal la extradición

de sus presuntos autores es obligada. Francia debe entregarlos a la jurisdicción y competencia de los

Tribunales españoles. La demanda formal de extradición ha sido ya formulada y dictado el auto de

procesamiento correspondiente.

 

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