Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
   Las autonomías y el fraude de ley     
 
 ABC.    30/08/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

APUNTE POLITICO

LAS AUTONOMÍAS Y EL FRAUDE DE LEY

Por J. M. RUIZ GALLARDO

Leí con mucha atención el articulo que en estas mismas páginas publicó el pasado dominio el señor del

Burgo, senador de U. C. D., en «defensa de la unidad de Navarra». Es un apasionado y racional alegato

contra la integración de Navarra en Euzkadi (nombre que me atrae poco o nada, antes prefiero el más

adecuado de Euscalerria).

Jaime Ignacio del Burgo se opone a la marcha de la libertad de Euzkadi —llamada, irónicamente, de la

libertad, porque en lo tocante a Navarra mejor seria denominarla de sometimiento. Afortunadamente la tal

marcha terminó sin incidentes. Y sin entrar en Pamplona. El señor del Burgo dice: «La U. C. D. de

Navarra no admite ninguna política de hechos consumados.» Excelente declaración y muy democrático

principio. Eso mismo defendía yo en este espacio, pero para todas las regiones españolas, Y me alegro

mucho de que los ucedistas navarros salgan en defensa de tales principios. Otro tanto deberían hacer los

ucedistas catalanes y poner en práctica los ucedistas andaluces. Aquéllos callan y éstos no parecen poder

convencer a sus cantaradas de Parlamento que se niegan a que Ceuta y Melilla se integren en el grupo

andaluz.

El lector avisado se percatará en seguida de por dónde van los hilos de mi argumentación. Todos,

absolutamente todos los Estatutos autonómicos tienen dos caras: la que dice referencia a la propia región

y la que afecta al resto de las regiones de España. Si quisiéramos ser democráticos —lo que presupone ser

racionales al menos en proporciones aceptables— habríamos de convenir que todos los españoles de

todas y cada una de las regiones tienen que opinar, mediante el voto, respecto de todas las autonomías.

Porque la más apartada región —geográficamente— también es parte de España y ha de convivir —soli

dariamente— con el resto.

Y como eso sólo cabe plantearlo, discutirlo y resolverlo en y por las Cortes de la nación, cualquier

autonomía establecida al margen de las Cortes es un fraude de ley. Lo digo muy en jurista; porque me

enseñaron desde mis años universitarios el siguiente concepto de acto fraudulento, hoy recogido en el

preámbulo del nuevo texto articulado del titulo preliminar del Código Civil.

«En la configuración del fraude prepondera la idea de considerar el ordenamiento jurídico como un todo;

por eso, es reputada fraudulenta la sumisión a una norma llevada a cabo con el propósito de obtener un

resultado prohibido o contrario al conjunto del ordenamiento. Por otra parte, si frente a la norma elegida

aparece otra tratada de eludir, habrá de aplicarse la última. Ello quiere decir que la consecuencia

correspondiente no queda circunscrita a la nulidad del acto a través del cual pretendiera lograrse un

resultado fraudulento, sino que ha de sorprender también la efectiva aplicación de la norma pertinente.»—

J. M. R. G.

 

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