Autor: Figueruelo, Antonio. 
 Tras la estancia de Suárez en Barcelona. 
 Aceptación, a nivel nacional, del hecho catalán     
 
 Pueblo.    21/12/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

Se estiman tres etapas de actuación, que van, desde la inmediata constitución de una mancomunidad de

servicios hasta la institucionalización de la región

Tras la estancia de Suárez en Barcelona

ACEPTACIÓN A NIVEL NACIONAL, DEL "HECHO CATALÁN"

BARCELONA. (PUEBLO, por Antonio FIGUERUELO.)—Eran cerca de las siete de la tarde, y por ia

calle de la ciudad, en pleno barrio Gótico, bajaba un grupo de personas, seguido a pocos metros por varios

policías desconcertados y, más atrás, por un compacto núcleo de mujeres, hombres y niños, cuya misión

consistía en explicar a los curiosos que se asomaban a las puertas de las casas, tiendas y bares: «Es el

presidente Suárez.»

Era, en efecto, don Adolfo Suárez. Había terminado el importante acto político celebrado en el palacio de

la Generalidad; acaba el presidente del primer Gobierno de la Monarquía, del «Estado español» como

aquí se dice ahora, de anunciar la próxima institucionalización de Cataluña y, de inmediato, la

cooficialidad del castellano y del catalán, y concluidos parlamentos y recepciones se dirigía, a pie y como

un ciudadano más, hasta la basílica de la Merced, Patrona de Barcelona. Con él iba el alcalde, el nuevo

«penene» que asume desde hace poco los destinos de esta difícil ciudad; el ministro de la Gobernacion, el

hombre que supo entenderle en todas sus dimensiones; el gobernador, en plena línea con la nueva

política; el presidente de la Diputación y pocas personas más. Había sido una decisión adoptada por

sorpresa, y cuando el numeroso público que esperaba en la plaza de San Jaime la salida de Adolfo Suárez

imaginaba que se desplazaría en su vehículo oficial.

Con la salve en la Merced culminaba el presidente una tarde importante de contenido político. Había

estado, a mediodía, en ef Ayuntamiento, donde tomó contacto con los graves problemas de la urbe

mastodontica. Había almorzado con los presidentes de Diputación y gobernadores, de las cuatro

provincias catalanas. Y ponía broche de alto bordo político al viaje con la declaración solemne, ante los

alcaldes de toda Cataluña, en el histórico marco de su «Generalitat», del reconocimiento del «hecho

catalán».

El acto de la Generalidad tuvo ese nuevo tono, directo y conciso, que viene imprimiéndose á los actos

oficiales en los últimos tiempos." Habló primero Juan Antonio Samaranch, para informar al presidente del

interés con que todo el pueblo catalán estaba siguiendo el acto de un reconocimiento que, dijo, «no

significa privilegio ni primacía de ninguna clase: aspiramos a un total reconocimiento de nuestras

instituciones, cultura y lengua, dentro del respeto debido a nuestros hermanos del resto de España». El

presidente de la Diputación terminó su discurso con unas palabras en catalán.

• UNIVERSALIDAD, IGUALDAD, SOLIDARIDAD Y AUTONOMÍA

Se leyeron a continuación las conclusiones elaboradas por la comisión que durante siete meses y medio

ha venido estudiando un régimen especial para Cataluña. Destacamos de las mismas su propósito de

«paso previo para la institucionalización de Cataluña», sin conllevar «situaciones de privilegio»: las

decisiones que se adopten con carácter definitivo «han de serlo en el seno de los órganos legislativos de la

nación. Son principios ese nciales la universalidad, que supone «la exclusión de todo sistema no

generalizarle»; la igualdad, «que implica que el regionalismo no es elemento de discriminación entre

territorios o pueblos»; la solidaridad, «con el resto de las regiones del país»; la autonomía, «que supone la

atribución de un ámbito de propia decisión»; la pluralidad de formas regionales, «cuando se cumplan los

anteriores principios», y la «legalidad, pues todo sistema regional ha de ser objeto de ley votada en

Cortes».

Pieza inicial de la institucionalización que se propone es el Consejo General de Cataluña (Consell General

de Catalunya), integrado por miembros de las Cortes —senadores y diputados—, de las cuatro provincias

catalanas, más los representantes de cada una de las diputaciones provinciales.

Se estiman tres etapas de actuación:

Primera, inmediata y dentro de la legalidad vigente: constitución de una mancomunidad de servicios entre

las cuatro diputaciones, transferencia de funciones, obras y servicios del Estado, planificaciones del

territorio, implantación de la cooficialidad de la lengua catalana.

Segunda, £1 régimen administrativo especial para Cataluña, simultáneo con las anteriores cesiones.

Tercera. En último término, 1a institucionalización de la región, que se iniciará con ía creación del

Cónsell General y que tendrá como objeto redactar el definitivo estatuto de Cataluña.

Respecto a la cooficialidad del catalán se realizarán, con carácter de urgencia, un estudio socio-

lingüístico para determinar las circunstancias reales en cuanto a la enseñanza y en función de la

población discente y docente en cada una de las lenguas. El análisis permitirá la coordinación de la

cooficialidád con la libertad de elección de los alumnos En el ámbito administrativo, la

cooficialidad comporta que los actos oficiales puedan celebrarse en cualquiera de las dos lenguas, y

los documentos, cuando sean a petición de parte, redactarse en el que decida el peticionario, En el

ámbito económico, finalmente, la comisión ha aceptado dos líneas generales de actuación: la

«descentralización máxima posible del número más elevado de funciones» y «un mayor nivel de

recursos», que llegarían a partir de la adopción de un reparto de los ingresos de las administraciones

públicas estatales en función de las competencias a cargo de la región y mediante la instrumentalización

de un sistema adicional de ingresos en la propia región que podrían comportar, al máximo, un cinco

por ciento sobre la media nacional. El presidente de la comisión que ha venido elaborando este proyecto

de régimen especial, Federico Mayor Zaragoza, remarcó en su posterior intervención el carácter de

«trámite» del mismo, en camino hacia el definitivo estatuto a determinar por las Cortes Españolas.

«Hemos sido conscientes —dijo— de que esta comisión era una comisión designada y que carecía de

representatividad popular... Es cierto que debemos remitir la decisión final a una comisión representativa.

Pero hasta ahora nadie podía irrogarse representaciones ni protagonismos». Serán las Cortes, en

definitiva, las que decidirán en último término.

Tras haberse desplazado a la basílica de la Merced a pie por las calles del barrio Gótico, gesto que el

público acogió con sorpresa- y simpatía, el presidente regresó a la sede del Gobierno Civil, donde

mantuvo una entrevista con todos ios alcaldes de la región. Poco después de las ocho de la tarde, el señor

Suárez, a quien acompañaba el ministro de la Gobernación, emprendía viaje de regreso a Madrid.

 

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