Lanzan un preámbulo-manifiesto, de carácter político, en sus conclusiones provisionales. 
 Abogados de golpistas pretenden implicar al Rey a través de Armada     
 
 Diario 16.    29/09/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 14. 

Lanzan un «preámbulo-manifiesto», de carácter político, en sus conclusiones

provisionales

Abogados de golpistas pretenden implicar al Rey a través de Armada

La pretensión de hacer ver que los militares golpistas actuaron en nombre del

Rey recibiendo órdenes a través del general Armada Comyn, así como un intento de

justificar políticamente el golpe fallido del 23 de febrero, son los principales

componentes de un «preámbulo-manifiesto» incluido por una decena de defensores

en sus conclusiones provisionales sobre los procesados del 23-F. Entre los

autores se encuentran los abogados Adolfo de Miguel, Gerardo Quintana Aparicio,

Ángel López-Montero y Antonio

Muñoz Perea.

Madrid —

Una decena de abogados defensores de implicados en el sumario por el intento de

golpe de Estado del pasado 23 de febrero incluyen en sus conclusiones

provisionales un «preámbulo común», que de hecho es un manifiesto político en el

que se incluye un intento de justificación del golpe, haciendo ver que toda la

responsabilidad recaía en el general Armada Comyn, a quien consideran «conducto

absolutamente fiable» de la voluntad del Rey.

En este texto se parte del principio de que los golpistas actuaban «en la firme

convicción y plena seguridad de dar fiel cumplimiento a consignas emanadas de Su

Majestad el Rey», ya que estaban «todos bajo la direc-rión del general don

Alfonso Armada Comyn, ante la invocación por éste del encargo regio recibido».

El desenlace final y la desautorización regia lo atribuyen a «la sobrevenida e

inesperada intervención obstativa del Jefe del Estado».

El texto íntegro de este «preámbulo-manifiesto», distribuido ayer por la agencia

Europa Press, es el siguiente.

Implicar al Rey

«En la firme convicción y plena seguridad de dar fiel cumplimiento a consignas

emanadas de Su Majestad el Rey, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, según

mandato constitucional, determinada fracción de las mismas, con intervención de

prestigiosos generales, especial y reconocidamente adictos a la Institución

Monárquica, y a la persona del Monarca, fracción centrada en la Capitanía

General de Valencia, efectivos de la Guardia Civil de Madrid y División

Acorazada Brúnete número 1 radicada en El Pardo —todos bajo la dirección del

general don Alfonso Armada Comyn, ante la invocación por éste del encargo regio

por él recibido— emprende, en 23 de febrero de 1981, una operación militar

prevista como totalmente incruenta, como así resultó.

En el caso de haber sido secundada, como se esperaba, por el resto de las

Fuerzas Armadas nacionales, debería haber conducido al logro de sus finalidades.

Acción tendente, en el ánimo de los iniciadores, a tenor del comunicado

pensamiento regio, a un "golpe de timón" bajo la autoridad de Su Majestad, no

destructor de las paredes maestras del sistema que, a modo de inmediato

revulsivo, sirviese para atajar el separatismo desbordado, erradicar el

terrorismo —que venía eligiendo, preferentemente, sus víctimas de entre los

cuadros castrenses, con especial intensidad de la Guardia Civil, Orden Público,

y Policía— restaurar el

principio de autoridad, en total quiebra.

Y remediar, en la posible medida, la honda crisis económica, con su secuela de

creciente paro, intensificado por la provocada discordia entre los factores

productivos, artificialmente exacerbada por organizaciones sindicales de

partido, más interesadas por lo político que por lo socioeconómico; males

pronosticablemente irreversibles a falta de una enérgica actuación de quienes

tuvieran medios

•• Varios defensores lanzan un manifiesto para justificar el golpe del 23-F

•• Utilizan como argumento la cercanía del general Armada al Monarca

•• Consideran que era necesaria la formación de un gobierno de salvación

nacional

para llevarla a cabo, antes de que fuese demasiado tarde.»

Conducto fiable

«Por conducto absolutamente fiable —cual era el del general Armada, tan allegado

al Rey y depositario de sus confidencias— se consideraba al Monarca, Capitán

General de los Ejércitos, percatado por suficiente experiencia propia de la

ineficacia de cualquier intento corrector por los cauces regulares, con lo que

parecía cerrada toda salida normal a la crítica situación creada.

Sólida creencia en la viva preocupación Soberana, reforzada en vista de hechos y

situaciones intolerables

—algunos en la propia Real presencia, como la "afrenta de Guernica" que se

estimaba habían venido a herir dolorosamente la sensibilidad de Su Majestad el

Rey, verdadero "motor" en su día, en fin de cuentas, del cambio político

determinante, en sus excesos, de tales indeseadas consecuencias.

Añadido a todo ello, como claro exponente de la resuelta disposición regia, el

antecedente, concluyentemente significativo, de la atípica e inexplicada

fulminación política extraparlamentaria del presidente Suárez, acabada de

producirse a la sazón.

Todo denotaba la certeza de la decisión regia dada, por lo demás, a conocer

explícitamente al teniente general Milans y al teniente coronel Tejero — y por

éstos a sus propios colaboradores— por el ya mentado general Armada, tan ligado

siempre al Rey y recién nombrado, por encima de todas las dificultades, segundo

jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.

Certidumbre de impulso regio decisiva para los elegidos para participar en la

operación cuyo carácter, cuidadosamente reservado en su planteamiento, tan sólo

obedecía a razones tácticas de sorpresa, elementales en la materia, y no a otras

diferentes y menos que a ninguna a cualquier duda o recelo inicial de la licitud

de la empresa, legitimada en su raíz por la revelada resolución del Comandante

Supremo de las Fuerzas Armadas, al servicio del bien común que, en su entender,

reclamaba la inmediata y transitoria formación de un Gobierno de salvación

nacional.

Así las cosas, tiene lugar el 23 de febrero la irrupción en el palacio de las

Cortes de las Fuerzas de la Guardia Civil, al mando del teniente coronel Tejero

Molina, al grito de "¡Viva el Rey!", en tanto que era declarado el estado de

excepción en Valencia por vitud del bando del capitán general de aquella región

militar y ocurren los acontecimientos que más adelante se narrarán a sus propios

fines procesales, sucedidos en la División Acorazada de Madrid.

Operación toda ella fallida a poco de iniciada por el aislamiento en que

quedaron las Fuerzas empeñadas en ella, precisamente por la sobrevenida e

inesperada intervención obstativa del Jefe del Estado, lo que determinó, con el

cese del intento, la prosecución del statu quo y de la legalidad formal en

vigor.»

Los abogados defensores de varios golpistas del 23-F, de izquierda a derecha,

Gerardo Quintana, Ángel López Montero y, en último término, Justo Maestre, que

abandonó la defensa.

 

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