El gobierno es el órgano competente para declarar el Estado de excepción     
 
 El País.    25/02/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

El Gobierno es el órgano competente para declarar el Estado de excepción.

«Las Cortes Generales son inviolables», afirma textualmente el artículo 66,3 de

la Conslitución. Esta es la más clara transgresión de la ley fundamental

española cometida por las fuerzas que asaltaron el palacio del Congreso. A su

vez, el artículo 116,3 establece que «el estado de excepción será declarado por

e! Gobierno medíanle decreto acordado en Consejo de Manislros, previa

autorización de! Congreso de los Diputados»

.

Según la Constitución, «el Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y

permanencia», y entre las funciones que específicamente le asigna la

Constitución figura la de ejercer e! mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Don Juan Carlos ejerció plenamente esta función, al tiempo que garantizó la

permanencia del Estado y el funcionamiento regular de su poder ejecutivo, con la

sugerencia de constituir un Gobierno accidental que pudiera asegurar el

funcionamiento normal de la Administración, tras el secuestro del Gobierno en el

Congreso de los Diputados.

Aunque la sustitución, automática de los ministros por los subsecretarios y

secretarios de Estado no está expresamente contemplada en las disposiciones

legales vigentes, puede desprenderse de la ley de Régimen Jurídico de la

Administración del Estado, que configura a los subsecretarios como jefes

superiores de sus respectivos departamentos, después del ministro.

La constitución de este Gabinete accidental y la actuación del director di: la

Seguridad del Estado como responsable de las operaciones relacionadas con el

mantenimienlo del orden público permitió lener informado al país y hacer notar

que en todo momento había una autoridad civil que, en coordinación con la Junta

de Jefes de Estado Mayor, estaba adoptando las medidas necesarias para abortar

el intento de golpe de Estado y asegurarla gobernabilidad del país.

Por lo que se refiere a la declaración de los estados de alarma, excepción y

sitio, existe una laguna en cuanto a las competencias y limitaciones

correspondientesa cada uno de ellos, puesto que aun no se ha efectuado su

desarrollo iegal. Pero Ja Conslitución aclara perfectamente cuáles son las

autoridades competentes para declarar cada uno de ellos:

El estado de alarma lo declara el Consejo de Ministros, dando cuenta inmediata

al Congreso; el estado de excepción sólo puede ser declarado por el

Gobierno,previa autorización del Congreso de los Diputados; el estado de sitio

será declarado por la mayoría absoluta del Congreso (mitad más uno de los

diputados), a propuesta exclusiva del Gobierno.

La Constitución añade que no podrá precederse a la disolución del Congreso

mientras estén declarados algunos de los estados especiales ya citados.

Este conjunto de disposiciones aclara perfectamente cuál es la legalidad

constitucional. Lo que ocurre es que el pasado lunes, 23 de febrero, un grupo de

guardias civiles comenzó su acción atentando contra uno de los preceptos más

claros de la Constitución vigente: la inviolabilidad de las Cortes.

A partir de ahí, la autoridad moral del Rey y de las autoridades civiles tuvo

tanto peso como la legalidad en que se apoyaban, a efectos de cubrir el vacío de

poder creado por la fuerza de las armas.

 

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