Nota oficial sobre las destituciones militares     
 
 El País.    27/02/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

Nota oficia! sobre las destituciones militares

El Ministerio de Defensa, a través de su Oficina de Información, Difusión y

Relaciones Públicas, hizo pública ayer la siguiente nota:

«1. El teniente general Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra ha

dispuesto el cese y posterior arresto del general de división don Alfonso Armada

Comyn, segundo jefe del Estado Mayor del mismo Ejército de Tierra, en relación

con su actuación durante los días 23 y 24 de febrero y en función de los

resultados derivados hasta el momento de la investigación abierta sobre los

hechos relacionados con el asalto al Congreso de los Diputados».

«2. Y ello como consecuencia de la existencia de indicios que apuntan al intento

no constitucional de asumir por su parte la Presidencia del Gobierno».

«3. La investigación abierta

delimitará en sus justos términos las responsabilidades de los implicados, a

cuyo efecto ya se han iniciado en la I y III regiones militares los

correspondientes procedimientos judiciales, para cuya continuación el Gobierno,

oído el Consejo Supremo de Justicia Militar, y en términos del artículo 143 del

Código de Justicia Militar, ha acordado designar juez especial con jurisdicción

en todo el territorio nacional, al consejero togado don José María García

Escudero».

«4. De las declaraciones formuladas por los presuntamente inculpados,

actualmente detenidos, se están derivando posibles responsabilidades en otros

cuadros de mando que están siendo corregidas, en principio, por sus respectivos

superiores jerárquicos, sin perjuicio de las actuaciones judiciales posteriores

a que pudiera haber lugar. En este orden de ideas, ha de señalarse el cese, como

jefe de la División Maestrazgo número 3, del general don José León Pizarro y el

arresto del general don Luis Torres Rojas, gobernador militar de la plaza y

provincia de La Coruña, y del coronel don José Ignacio San Martín López, jefe de

Estado Mayor de la División Acorazada Brúñete, número 1».

«5. La opinión pública tendrá, en su momento, cumplida información sobre los

hechos y las responsabilidades de las personas implicadas en los mismos, a

medida que avance la investigación abierta y siempre bajo la cautela del secreto

del sumario para no perjudicar el curso de las investigaciones».

«Mientras tanto, este Ministerio hace una llamada a la responsabilidad

informativa de los distintos medios de comunicación social para evitar

especulaciones y difusión de noticias insuficientemente contrastadas. Todo ello

para no causar perjuicios morales contra el honor de las personas y el buen

nombre de las instituciones».

 

< Volver