Autor: Suárez González, Fernando. 
   Elegimos designados     
 
 Diario 16.    20/02/1982.  Páginas: 1. Párrafos: 14. 

FERNANDO SUAREZ GONZALEZ

Vicepresidente de Alianza Popular

Elegimos designados

La solución ideal que propone Fernando Suárez como complemento de nuestra ley electoral, sería a su

juicio que «la ley exigiera que la proclamación de candidaturas por parte de cada partido, para cualquier

comparecencia electoral fuera precedida, formal y expresamente, de elecciones internas en las que los

aspirantes obtuvieron la correspondiente nominación».

Aunque la Constitución exige que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos

deberán ser democráticos, la triste verdad es que los «aparatos» de las distintas organizaciones

indispensables, por otra parte tienen una irresistible vocación de mando y propenden a condicionar las

decisiones de los órganos representativos.

Como ha escrito Giovanna Volpe, «según una opinión muy difundida y cuyo fundamento parece difícil

discutir, la organización interna de las asociaciones va evolucionando hacia formas autoritarias y

oligárquicas. El fenómeno, presente en mayor o menor medida en una serie cada vez más numerosa de

asociaciones, adquiere un relieve macroscópico en los grupos más representativos como, ante todo, los

partidos y los sindicatos». Me parece evidente que la investigadora italiana encontraría entre nosotros

muy amplias pruebas en respaldo de su tesis.

Que ello sea un hecho aceptado como normal por los sociólogos no debe impedir los esfuerzos por dar a

los partidos una mayor autenticidad y transparencia. Si los debates que verdaderamente importan al

ciudadano no se producen en el Parlamento, sino en los pasillos y en los restaurantes ya dijo Pérez Ayala

que una característica de la vida pública española era la de ser clandestina, y si, por otra parte, la

capacidad de decisión de los militantes es, en los partidos, escasísima, a nadie puede extrañar el desdén

popular por los asuntos públicos y la desconfianza generalizada en que pueda encontrarse solución a los

problemas, a través de unos cauces sólo aparentemente representativos.

Interés ciudadano

Es rigurosamente vital para la democracia española y al decir democracia hay que entender el único

camino de convivencia pacífica y civilizada que tenemos a nuestro alcance incrementar el interés de los

ciudadanos por estar presentes en los partidos y en los procesos electorales. El absentismo es uno de los

elementos más perturbadores de la vida democrática y el innegable dato de que va entre nosotros en

aumento, uno de los más serios avisos de que estamos jugando con la estabilidad del sistema.

La solución ideal sería, a mi juicio, la de que la ley exigiera que la proclamación de candidaturas por parte

de cada partido para cualquier comparecencia electoral fuera precedida, formal y expresamente, de

elecciones internas en las que los aspirantes obtuvieran la correspondiente nominación.

Todo lo que sea sustituir ese claro mecanismo, que comporta publicidad y responsabilización ante las

bases, por la intervención de seleccionadores de ignorado criterio, supone introducir en el sistema

ingredientes de oscuridad y negar validez, en el seno del partido, al procedimiento que se reputa

inmejorable en el ámbito de toda la comunidad nacional, esto es, a la libre elección de los representantes.

Los afiliados a un partido saben perfectamente lo que a sus intereses conviene y son muy dueños de elegir

previamente a aquellos que desean proponer al electorado para que les respalde después con el sufragio.

Si se priva de esa facultad a los militantes —y es ocioso recordar que en España ningún partido político la

reconoce los aspirantes a recibir la honrosa nominación no necesitan siquiera vivir la actividad del partido

y tratar de obtener en él prestigio y adhesión: les resulta más útil cultivar las relaciones con los notables

poseedores de la competencia designadora, no pronunciarse demasiado para evitar ser discutidos, huir de

cualquier actividad que les suponga el menor «desgaste» y buscar —eso sí— la complacencia de la altura,

en lugar del apoyo de la base.

Intrigas

Hay quien dice que las elecciones internas dividen a los partidos, pero me parece innegable que ese factor

disgregador es mucho más llevadero que la disgregación institucionalizada que comportan las intrigas,

las conspiraciones, las astucias y las puñaladas traperas de que son capaces los políticos con gana de

figurar en una lista electoral.

Alternativamente, si la indispensable clarificación de nuestra vida política no puede obtenerse a través de

los partidos mismos, cabe introducir en la legislación electoral una innovación que otorgue al ciudadano

un protagonismo mayor. En la actualidad, el elector se ve invitado a respaldar unas siglas o en el mejor de

los casos— una opción ideológica, pero sin participación posible en la selección de las personas a las que

va a encomendar su defensa.

Sería muy saludable trasladar una buena práctica a la vida política: introducir en la ley Electoral un

precepto que dijese aproximadamente lo siguiente: «En las elecciones a diputados, cada elector podrá dar

su voto a una sola de las listas presentadas, en la que figurarán las siglas del partido que la presente.

Dichas listas deberán contener tantos nombres como puestos a cubrir, más el 50 por 100 de dichos

puestos. Cada elector optará, dentro de una lista, por los candidatos que prefiera, en número igual al de

puestos, tachando los restantes.»

Gran respaldo

Es claro que el mecanismo es perfectamente compatible con el actual sistema de representación

proporcional y con la ya famosísima regla D´Hondt. Lo único que implica es que, una vez adjudicados los

puestos que a cada partido correspondan, esos puestos se atribuyen a los candidatos de ese partido que

han obtenido mayor número de sufragios, y no simplemente a los que ocupaban los primeros fugares de la

lista. Eso comporta riesgos para los «instalados», pera tiene la ventaja de que los elegidos se verán

asistidos de un respaldo democrático muy superior.

Se dirá que el sistema es muy complejo, que el pueblo español va a confundirse al elaborar su voto y que

el escrutinio se retrasará mucho respecto de la rápida averiguación actual de los resultados. Me parecen

objeciones inconsistentes en una comunidad nacional que practica el juego de las quinielas con la

extensión con que los españoles lo hacen.

En todo caso, algo hay que inventar para terminar con la actual sensación de que elegimos entre

designados.

 

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