El fiscal militar propone el careo Milans del Bosch-Armada. 
 El fiscal califica los hechos del 23 de febrero de rebelión militar y pide tres penas de 30 años     
 
 El País.    12/08/1981.  Página: 9. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

Conclusiones del fiscal militar sobre el intento golpista del 23-F

El fiscal militar propone el careo Milans del Bosch-Armada

El fiscal califica los hechos del 23 de febrero de rebelión militar y pide tres

penas de treinta años

Treinta años de privación de libertad es la pena más grave solicitada por el

general fiscal José Manuel Claver en la causa abierta por el intento golpista

del 23 de febrero. Sus destinatarios son el teniente genera! Jaime Milans del

Bosch, el general Alfonso Armada y el teniente coronel Antonio Tejero. Las

conclusiones provisionales, firmadas por el general José Manuel Claver, como ya

anticipó EL PAÍS el pasado día 7 de agosto, califican los hechos de rebelión

militar y solicitan penas de privación de libertad de cinco a treinta años.

Entre las pruebas propuestas destacan varios careos, uno de ellos entre Milans

del Bosch y Armada.

La solicitud de la máxima pena para los principales implicados en la intentona

golpista resulta en todo caso atenuada respecto a la legislación castrense

vigente durante e! franquismo, que castigaba con la pena de muerte al cabeza de

la rebelión y al que tomara «el mando superior de las fuerzas o elementos

rebeldes», así como a «los rebeldes con mando de compañía y unidades superiores

o análogas de cualquiera de las tres ejércitos». La abolición de la pena de

muerte por la Constitución de 1978, salvo para tiempos de guerra, llevó consigo

la modificación de tales preceptos.

La petición de treinta años para los dos generales citados y para el teniente

coronel que mandó las fuerzas que asaltaron el Congreso de los Diputados se basa

en la consideración de los hechos como un único delito de rebelión militar, en

el que se aprecia la agravante de reincidencia en el caso de Tejero (fue

condenado como participante en la denominada operación Galaxia} y la atenuante

del articulo 294 del Código de Justicia Militar para quienes no fueron cabeza de

rebelión o no estuvieron al mando de compañía o unidad del Ejército.

Las acusaciones realizadas y las penas solicitadas han provocado una primera

cadena de reacciones entre los defensores, varios de los cuales manifestaron que

las

condenas pedidas «son penas muy duras»; La mayoría de los abogados se

apresuraron a trasladarse junto a sus defendidos para comunicarles la noticia.

El letrado Adolfo de Miguel,

defensor del capitán de navio Camilo Menéndez, del comandante Pardo Zancada y de

Juan García Carrés, señaló a Europa Press que «hay razones legales que permiten

demostrar que el 23 de febrero no

se produjo una rebelión militar». Añadió que «es posible que incluso no

constituyan delito alguno, ya que, en función de como fuese preparada la

operación, entran en juego toda una serie de eximentes». El abogado estima entré

tales eximentes como la más importante la de «obediencia legítima».

Según el Código de Justicia Militar vigente, tras la reforma del pasado 6 de

noviembre, «se considera que no existe obediencia debida cuando las órdenes

entrañen la ejecución de actos que manifiestamente sean contrarios a las leyes y

usos de la guerra o constituyan delito, en particular contra la Constitución».

El defensor del teniente de la Guardia Civil Pedro Izquierdo, el oficial del

citado instituto al que se pide la menor de las penas solicitadas por el fiscal,

se trasladó inmediatamente al Regimiento de Automovilismo de Vicálvaro, donde se

encuentra su defendido, para comunicarle la «grata nueva».

Según manifestó a EL PAÍS Justo Maestre, la reacción del teniente Izquierdo fue

de satisfacción «dentro de lo que cabe». Explicó el abogado que la razón

principal de la cierta alegría con que su defendido recibió la noticia reside en

el hecho de que la pena de cinco años no lleva aparejada la pérdida del uniforme

ni la degradación, penas accesorias que, según Maestre, corresponden a las

condenas de privación de libertad de seis años en adelante.

Entre las pruebas solicitadas por el fiscal figuran una serie de careos entre el

general Armada, por un lado, y el teniente general Milans del Bosch, el teniente

coronel Antonio Tejero, el comandante Pardo Zancada, el coronel Diego Ibáñez y

el teniente coronel Pedro Mas, por otro. Asimismo pide carear a García Carrés

con Tejero y con Mas. El fiscal razona estos careos en las discrepancias

existentes entre las respectivas declaraciones.

El fiscal solicita como prueba que se una a los autos la sentencia recaída por

la operación Galaxia, y pide también el interrogatorio de tres cabos y ocho

números de la Guardia Civil que formaban parte de la fuerza ocupante del

Congreso. Asimismo manifiesta que hace suyas las pruebas que propongan las

defensas.

Uno de los mayores impactos del escrito de conclusiones provisionales del fiscal

ha sido producido por la petición de que el teniente general Jaime Milans del

Bosch y el general de división Alfonso Armada mantengan un careo. El fiscal

expresa la conveniencia de este encuentro para aclarar los hechos.

El abogado del general Armada, Ramón Hermosilla, manifestó anoche que tanto él

como su defendido se habían sorprendido ante la calificación del ministerio

fiscal, «ya que el general Armada», señaló, «siempre ha actuado bajo las órdenes

de la cadena militar de mando». A este respecto, cabe señalar que los militares

con mando sobre Armada son los integrantes de la Junta de Jefes de Estado Mayor

(JUJEM) y, por supuesto, el Rey, si bien el abogado Herrnosilla puntualizó que

Armada «nunca ha impuesto orden alguna en relación con los sucesos del 23-F, y

menos en nombre del Rey o. Sobre la continuación de la fidelidad de Armada a don

luán Carlos, su abogado defensor declaró: «El general Armada es esencialmente un

caballero de honor y un hombre leal». Finalmente, Ramón Hermosilla añadió que

piensa pedir la absolución de su defendido el próximo 28 de septiembre.

Penas de cinco a treinta años

El fiscal togado del Consejo Supremo de Justicia Militar pide en sus

conclusiones provisionales las siguientes penas de privación de libertad para

los 33«procesados en el sumario por los hechos del 23 de febrero:

Teniente general Jaime Milans del Bosch, treinta años; general de división

Alfonso Armada Comyn, treinta años; teniente coronel Antonio Tejero Molina,

treinta años; genera! de división Luis Torres Rojas, veinte años; capitán de

navio Camilo Menéndez Vives, ocho años; coronel José San Martín Fuentes, quince

años; coronel Diego Ibáñez Inglés, quince años; coronel Miguel Manchado García,

quince años; teniente coronel Pedro Mas Olíver, doce años; comandante Ricardo

Pardo Zancada, quince años;

comandante José Luis Cortina, doce años; capitán Francisco Dusmets García-

Figuerás, ocho años; capitán José Alvarez Arenas Pardiñas, diez años; capitán

José Cid Fortea, seis años; capitán José Pascual Calvez, diez años; capitán Juan

Batista González, ocho años; capitán José Luis Abad Gutiérrez, doce años;

capitán Carlos Lázaro Corthay, ocho años; capitán Jesús Muñecas Águilas, doce

años y un día; capitán Francisco Ignacio Román, seis años; capitán Juan Pérez de

la Lastra Tormo, diez años; capitán Francisco Acera Martín, ocho años; capitán

Enrique Bobis González, ocho años; capitán Vicente Gómez Iglesias, ocho años;

teniente Vicente Carricondo Sánchez, seis años; teniente César Alvarez

Hernández, seis años; teniente José Nuñez Ruano, ocho años; teniente Pedro

Izquierdo Sánchez, cinco años; teniente Vicente Ramos Rueda, ocho años; teniente

Santiago Vecinos Núñez, cinco años; teniente Manuel Boza Carranco, ocho años;

teniente Jesús Alonso Hernaiz, seis años; Juan García Carrés, doce años.

 

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