El 28 de septiembre termina el plazo para que los letrados presenten sus conclusiones provisionales. 
 Satisfacción de los abogados por las facilidades para el ejercicio de su función de defensa     
 
 El País.    12/08/1981.  Página: 9. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

Satisfacción de los abogados por las.facilidades para el ejercicio de su función

de defensa

El general consejero togado del Consejo Supremo de Justicia Militar e instructor

de la causa por los sucesos del 23 de febrero, José de Diego López, explicó ayer

a los abogados de los 33 procesados las condiciones en que les será puesto de

manifiesto el sumario y los plazos establecidos para presentar sus escritos de

conclusiones provisionales y la propuesta de pruebas que estimen pertinentes.

El plazo conjunto para todos los defensores será de cuarenta días hábiles, que

concluyen el 28 de septiembre. Los abogados expresaron su satisfacción por las

facilidades dadas para el ejercicio de su función de defensa.

Según la nota oficial facilitada por la oficina de información, difusión y

relaciones del Ministerio de Defensa, una vez elevada la causa a plenario y

formuladas las conclusiones provisionales de acusación por el fiscal togado, la

causa ha sido puesta de manifiesto a los defensores. A petición de éstos, el

plazo normal de diez días se ha ampliado a cuarenta, que comienzan a contarse a

partir de hoy.

La nota explica que dicho plazo, común a todos los defensores, «resulta

proporcionado al que se otorgó al fiscal, al que se concedió veinte dias, en

tugar de los cinco que normalmente otorga el Código .de Justicia Militar, cuando

se trata de una causa tan extensa y complicada como esta». Añade que, dado el

número de letrados, veintiocho, que patrocinan a 33 procesados, y el volumen de

la causa (las actuaciones abarcan 33 rollos y más de 6.000 folios), «el

consejero togado instructor, a petición de los defensores, apoyados por

gestiones del decano del Colegio de Abogados de Madrid, ha procurado dar a

aquéllos las seguridades materiales posibles dentro de la ley, para que puedan

llevar a cabo su prolija labor de consulta del procedimiento, por lo que, además

de tener de manifiesto en las correspondientes las actuaciones, se les ha puesto

también a su disposición un cierto número de fotocopias para que puedan actuar

varios simultáneamente sin entorpecerse en su labor»

En definitiva, lo que los abogados valoraron muy positivamente fue la

posibilidad de disponer de fotocopias y de poder sacarlas de la sede del Consejo

Supremo de Justicia Militar para estudiarlas en sus respectivos despachos. El

letrado Justo Maestre manifestó a EL PAÍS «el profundo agradecimiento», de los

defensores al decano Antonio Pedro, «que tenía previsto un dictamen para el caso

de que se hubiera producido la anomalías de no permitir a los abogados trasladar

las fotocopias a sus despachos profesionales».

Al término de la reunión de los

defensores con el general consejero togado *-que duró poco más de una hora—, el

clima general entre los abogados era de satisfacción. El «defensor del teniente

coronel Tejero, Ángel López Montero, declaró a Efe: «Nos han dado bastantes

facilidades; de manera que podemos trabajar bastante bien y estudiar con toda

comodidad el sumario. No hay pegare ninguna clase». Al margen de las facilidades

citadas, siete de los defensores presentaron ayer ante el Consejo Supremo de

Justicia Militar un escrito solicitando la nulidad de las actuaciones

practicadas hasta ahora, por considerar que el nombramiento de jueces especiales

en esta causa es contrario a lo establecido por el artículo 24 de la

Constitución (que establece el derecho a «obtener la tutela efectiva de los

jueces» y el derecho «al juez ordinario predeterminado por la ley»).

También estiman que no se ajusta a derecho el pase a la reserva activa del

anterior fiscal, general Joaquín Lobón, y su sustitución por el general José

Manuel Claver. Firman este escrito los abogados Adolfo de Miguel, Ángel López

Montero, Antonio Pedreira, Antonio Hernández Griño, José Zugasti, Antonio Muñoz

Perca y Gerardo Quintana.

El escrito, según versión de Europa Press, subraya la indefensión en que se ha

dejado a dos de los procesados, los capitanes José Cid Portea y José Pascual

Gálvez, a quienes no ha oído el juez durante la fase de instrucción sumarial.

Nuevas fases del proceso

La causa iniciada por el intento golpista del 23 de febrero pasará £ partir del

28 de septiembre próximo a la fase de diligencias de prueba que ha propuesto el

fisca y que podrán proponer los defensores durante los cuarenta días que hoy se

inician. El general consejero togado instructor acordará las pruebas que hayan

de practicarse y las que deniegue por estimarlas improcedentes. Asimismo podrá

«por propia iniciativa» practicar cuantas pruebas estime conducentes al mejor

esclarecimiento de los hechos.

Terminada la fase de prueba, cuya duración no es fácilmente determinable, el

instructor solicitará al Consejo Supremo de Justicia Militarla orden para la

celebración del consejo de guerra, que, segur cálculos judiciales solventes, no

será antes de enero de 1982.

 

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