Pretenden exculpar a los golpistas, arguyendo que actuaron bajo obediencia legítima. 
 Maniobra de la defensa: Intenta implicar al Rey     
 
 Diario 16.    12/08/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 27. 

SE CUMPLE UN PASO MAS EN EL PROCESO DEL 23-F

Pretenden exculpar a los golpistas, arguyendo que actuaron bajo «obediencia

legítima»

Maniobra de la defensa: Intenta implicar al Rey

Los abogados de los procesados por el golpe del 23 de febrero pretenden basar la

defensa de sus patrocinados haciendo acusaciones a La Zarzuela, de donde —

decían— venían las órdenes. Esa táctica coincide plenamente con las estratégicas

campañas montadas por la ultraderecha reaccionaria

para justificar el golpe abortado por el Rey, cuyo prestigio vienen intentando

minar desde febrero los sectores golpistas. Otra de las maniobras utilizadas por

algunos de los defensores es la obstaculización del proceso, mediante peticiones

y recursos, al objeto de dilatar lo más posible la celebración.

Madrid — El objetivo de la defensa de los 33 procesados por el golpe de Estado

del 23 de febrero es demostrar que no hubo rebelión militar ni delito alguno por

parte de los inculpados.

Según uno de los abogados defensores, «aunque todavía es prematuro asegurar

cuáles van a ser las tesis que defenderán los distintos letrados, se podría

aplicar a los procesados la circunstancia eximente de actuación bajo obediencia

legítima».

Con ello quedaría al descubierto la estrategia a utilizar por la defensa, aunque

no lo dijeran expresamente: disculpar a sus defendidos, trasladando el peso de

la responsabilidad hacia instancias más altas.

En ese sentido, miembros de la defensa manifestaron ayer que la petición del

careo entre el teniente general Milans del Bosch y el general de División

Alfonso Armada, se debe a que, según las declaraciones sumariales del primero,

«Armada dijo a Milans que el asalto al Congreso se efectuó bajo mandato del Jefe

del Estado».

A este propósito, el abogado del general Armada, Ramón Hermosilla, declaró a

DIARIO 16: «Mi cliente desmiente eso y afirma exclusivamente sobre lo que le

brinda su verdad material, la que él ha vivido, que no impartió orden alguna y

mucho menos en nombre del Rey.»

En medios de los abogados de los golpistas procesados se viene insistiendo en

estos días en la tesis de la indemostrabilidad del golpe, en base a que los

protagonistas del mismo actuaron obedeciendo órdenes superiores, lo que viene a

coincidir con las campañas ultraderechistas de intoxicación de la opinión

pública, urdidas desde el mismo día 24 de febrero con la intención de implicar a

las altas instancias del Estado.

Ayer, el ex magistrado del Tribunal Supremo, Adolfo de Miguel y Garciló pez,

defensor del capitán de navio Camilo Menéndez, del comandante Ricardo Pardo

Zancada y del ex dirigente sindicalista Juan García Carres, manifestó que «hay

razones legales que permiten demostrar que el 23 de febrero no se produjo una

rebelión militar».

De Miguel y Garcilópez, junto con los otros 27 abogados defensores de los 33

procesados, acudió ayer al Consejo Supremo de Justicia Militar, a donde habían

sido convocados por el juez instructor de la causa, general José de Diego, para

notificarles la providencia sobre las conclusiones provisionales del fiscal

togado, entrega del sumario y apertura del plazo para la formulación de

conclusiones provisionales de la defensa.

Concedido un plazo de cuarenta días hábiles, a partir de hoy, los abogados

defensores disponen hasta el día 28 del próximo mes de septiembre para elaborar

sus propias conclusiones provisionales y proponer las pruebas que estimen

convenientes.

Obediencia

A la salida de la sede del Consejo Supremo de Justicia Militar, De Miguel

calificó de «muy duras» las penas solicitadas por el fiscal togado y que oscilan

entre los seis y los 30 años de prisión con la correspondiente accesoria de

separación del Ejército para los procesados militares.

El ex magistrado del Supremo, refiriéndose a las conclusiones del fiscal togado,

que atribuye a los procesados un delito de rebelión militar con las respectivas

circunstancias agravantes o atenuantes para unos u otros, indicó que «es posible

que incluso no constituya delito alguno, ya que, en función de cómo fuese

preparada la operación, entran en juego toda una serie de eximentes».

De Miguel insistió en que la más importante de esas eximentes podría ser el

hecho de que el asalto al Congreso se llevara a cabo en base a una «obediencia

legítima».

«Esta obediencia legitima —añadió— habría guiado a todas las personas procesadas

desde el momento en que hubieran respondido a ella los jefes de la operación.»

Aunque el ex presidente de la Sala Segunda del Supremo eludió manifestar a quién

habrían «obedecido legítimamente» los golpistas procesados, según su hipótesis,

todo parece indicar que en su argumentación apunta a las instancias más altas

del país.

ARMADA SALE AL PASO DE MILANS DEL BOSCH YO NO IMPARTI ORDENES Y MENOS EN NOMBRE

DEL REY.

Intoxicación

Ello coincide con las campañas que grupos ultra-derechistas desencadenaron a

partir de la frustración del golpe militar y las primeras detenciones llevadas a

cabo.

Informes anónimos depositados en los buzones de domicilios militares, documentos

sin firma de autor

circulando por cuartos de banderas en los cuarteles, chismes, bulos, calumnias y

mentiras sembrados por los cenáculos ultraderechistas constituyeron en los

últimos meses el medio de una estratégica campaña urdida con el fin de disculpar

a los militares procesados por rebeldes y ensalzar su actuación delictiva,

tratando de minar el prestigio acumulado por la institución que hizo abortar el

golpe: la Monarquía.

Eri términos muy similares a los del ex magistrado

del Supremo se expresó hace una semana el abogado Ángel López Montero, defensor

del teniente coronel Tejero, asegurando que «va a resultar difícil demostrar que

hubo un golpe de Estado».

El mismo López Montero no quiso aventurar un plazo para la celebración del

consejo de guerra cuya fecha, dijo, es imprevisible, «a pesar de que el ministro

ya ha dicho que tendrá lugar en enero próximo», señaló el abogado.

Una de las intenciones que, al parecer, albergan algunos de los defensores

es dilatar al máximo la celebración de la vista oral.

En este sentido podría enmarcarse la iniciativa de siete de los 28 defensores,

encabezados por De Miguel y López Montero, que presentaron ayer un escrito ante

el Consejo Supremo de Justicia Militar solicitando la nulidad de las

acusaciones, lo que en medios jurídicos se interpreta como una de las típicas

tácticas dilatorias.

Fundamentan su petición de nulidad de actuaciones en el nombramiento de jueces

especiales en esta causa que consideran inconstitucional.

Los firmantes del escrito estiman que no se ajusta a Derecho el decreto del

pasado 31 de julio, por el que se acordó el pase a la reserva activa, a petición

propia, del anterior fiscal togado, general Lobón.

Piden, asimismo, que el Ministerio de Defensa se manifieste sobre un supuesto

acuerdo entre dicho Departamento y el ministerio fiscal.

El escrito en cuestión está firmado, además de los antes citados De Miguel y

López Montero, por Antonio Pedreira Andrade, Antonio Hernández Griño, José

Zugasti, Antonio Muñoz Perea y Gerardo Quintana Aparicio.

Sobre esta solicitud, el Consejo Supremo de Justicia Militar no se ha

pronunciado.

Por otra parte, algunos de los defensores manifestaron su satisfacción por la

ampliación del plazo para la presentación de conclusiones provisionales, habida

cuenta del volumen del sumario.

El Consejo Supremo de Justicia Militar decidió ayer poner a disposición de los

letrados tres juegos de fotocopias del sumario que podrán reproducir a efectos

de su conocimiento y para que puedan estudiarlo mejor.

La defensa se dio por enterada de la providencia dictada por el consejero togado

instructor, general De Diego López.

 

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