Autor: Fraga Iribarne, Manuel. 
   La reforma jurídica     
 
 ABC.     Página: 3,5. Páginas: 2. Párrafos: 19. 

LA REFORMA JURÍDICA

NO soy un fanático de la ley, porque largas meditaciones y prolongadas experiencias me han hecho ver

que el Derecho no es sólo, ni principalmente, una serie de textos en el «Boletín Oficial», ni una montaña

de papel sellado, sino un conjunto de convicciones, un orden institucional, una voluntad colectiva de

respetar las reglas, una fuerza eficaz para hacerlas cumplir. Pero la ley es importante, por un conjunto de

razones. En primer lugar, porque es un compromiso público de los gobernantes, de las políticas que se

proponen practicar, y que por lo mismo se convierte en exigible; y porque es una garantía para los

gobernados, de los deberes y derechos que les corresponde, y de los procedimientos para exigir unos y

otros, y remediar los abusos.

He explicado en varias ocasiones, y sobre todo en mi reciente libro «Las Leyes», que los grandes sistemas

jurídicos han sido y son el resultado feliz de una serie de factores. Hace falta, en primer lugar, la

convicción de sectores muy amplios, de que los conflictos sociales se pueden y se deben resolver por

medios ordenados y pacíficos; y que éstos, a la larga, son los mejores para todos; tema que, por cierto,

debería ser una parte importante de la educación. También es necesario crear las instituciones adecuadas

para mantener y renovar la vida jurídica; es decir, una magistratura independiente, con todos los servicios

auxiliares y técnicos necesarios ; y unas profesiones legales (sobre todo, la abogacía) despolitizadas en

número razonable (en todo el Reino Unido, hay menos de 5.000 abogados en ejercicio) y con un alto

nivel de efectivo control corporativo de la profesión y sus actuaciones. Hace falta igualmente que la

creciente burocratización de la vida social se haga con respeto verdadero a un Derecho administrativo,

controlado jurisdiccionalmente, sin casuisrnos ni intervención excesiva en las decisiones, pero cuidando

la fijación de principios claros y eficaces, como ha sabido hacerlo el Consejo de Estado francés.

Por supuesto, y dicho todo ello, en el mundo actual el papel más importante corresponde al legislador. No

hay tarea más noble ni más impresionante, en su responsabilidad, que la de dar leyes a una comunidad.

Esta función trascendental debe mantenerse en un altísimo nivel, separando claramente la ley como gran

decisión de rango histórico, que corta un gran nudo de relaciones sociales, de las múltiples medidas

posteriores necesarias para su aplicación y administración. La ley debe ser breve, clara, tajante,

terminante; debe ser explicada seriamente al país, por todos los medios posibles. A partir de esta ley, o

aquella, debe quedar claro que ha pasado algo importante para el inquilino, o para el enfermo, o para el

criminal.

Por otra parte, el legislador debe tener en cuenta que su obra se inscribe en la gran reserva del Derecho ya

vigente, creado por las generaciones precedentes; y que, a su vez, se proyecta sobre el futuro, de modo

que sus disposiciones serán adaptadas por las circunstancias cambiantes, y las interpretaciones, a veces

difíciles de prever. Razón de más para la sobriedad legislativa, dejando ancho campo a la administración,

mediante prudentes delegaciones para el detalle, y por supuesto a la jurisprudencia.

Dicho esto, resulta evidente que una visión global de reformas, como la que vengo proponiendo, necesita

una empresa de elaboreción jurídica de gran trascendencia y muy depurados quilates. Hace falta, en

primer lugar, una tarea seria de ordenación, compilación y codificación del Derecho actual; donde se

juntan la vieja tradición del Derecho común y foral, la gran obra legislativa y codificadora del siglo XIX y

el Derecho nuevo de los últimos 50 años. Desde las Partidas a la Novísima Recopilación; desde las Cortes

de Cádiz a la obra de Alonso Martínez; y la obra renovadora de urgencia de la Dictadura, la República y

el régimen actual, forman tres bloques bien definidos a los que sería aplicable, en primer lugar, el lema

académico de fijar, limpiar y dar esplendor.

Sobre ese inventario y balance, debería hacerse, con sentido orgánico, con elaboración homogénea

(pasando todos los proyectos de los Ministerios por un gran servicio central de coordinación y redacción)

todo un tren de medidas modernizadoras, en las líneas que venimos exponiendo, o en las que resulten de

estudios más completos y de compromisos bien logrados.

Como quiera que ya me he referido a muchas medidas en sectores determinados, permítaseme que hoy

me refiera solamente a las partes centrales del ordenamiento jurídico. Me refiero al Derecho privado, al

Derecho penal y al Derecho procesal, en cuanto se diferencian del resto del Derecho público (político,

administrativo, eclesiástico, militar).

Comencemos por la organización de la justicia y sus procedimientos. Este me parece un tema capital en la

instauración o reforma de un Estado. «Del centro de la justicia se sacó la circunferencia de la corona»,

dice en uno de sus más bellos símiles barrocos nuestro Saavedra Fajardo (un gran embajador, dedicado a

escribir artículos políticos). Dicho de otro modo, lo primero que un Estado tiene que hacer es dar

seguridad, protección y justicia a sus ciudadanos. Y aquí está una prueba clave: si el ciudadano medio

espera, o no, que la justicia sea igual para todos, eficaz, rápida, terminante, económica, o bien lo

contrario; entiendo que hay pocas cuestiones más importantes. Hay que reforzar los Tribunales, y, sobre

todo, sus secretarías y servicios en las grandes ciudades; hay que darles los medios del siglo XX, cuando

siguen trabajando con los del siglo XVIII. Hay que aligerar nuestras vetustas leyes procesales, dando

rapidez, eficacia, publicidad y transparencia a las actuaciones. Soy decidido partidario de unos poderes

amplios del juez en la dirección del proceso, y del procedimiento moral en toda clase de asuntos; y lo soy

también de la explicación pública y verbal de lo fundamental de las sentencias. Y creo que no habría

mejor inversión, dentro de la política de edificios públicos, que las de dar a las salas de vistas, a los

despachos judiciales, y a sus servicios, una dignidad competente de la que hoy, en general,

desgraciadamente, están privados.

Pasemos a lo penal. No hay que engañarse: ninguna forma de educación, ninguna arquitectura

constitucional, ninguna de las nuevas ideas sobre sicología social, evitará que el orden y la ley hayan de

apoyarse en un sistema penal, de represión jurídica del crimen. Es cierto que todo lo dicho puede mejorar

ciertas cosas; y que el Derecho penal deberá basarse en cuanto sea posible en las ideas de reeducación y

rehabilitación; pero mientras los hombres sean hombres (es decir, seres libres y falibles) habrá delitos y

penas.

Creo que nuestro Derecho penal, a pesar de sus numerosas y mal coordinadas reformas, sigue reflejando

la época decimonónica en que fue concebido, y necesita una revisión a fondo. Y creo también que se debe

reconsiderar seriamente la política actual de penas largas en los Códigos y breves en su aplicación

efectiva. La gente debe saber a lo que se expone, si delinque, y luego enfrentarse con las consecuencias.

Y frente al terrorismo, que no vacila en usar explosivos contra personas inocentes, la respuesta social

debe ser terminante, y en los casos más graves, definitiva. Pero la sociedad debe estar defendida con

medidas graves, no sólo contra el que pone bombas o ametralla, sino contra la gente que estafa a

inversores modestos o vende pisos que se caen; en términos de verdadera ejemplaridad y que impliquen

definitiva descalificación social.

Pasemos al Derecho privado. Estoy persuadido de que el Derecho civil tradicional, que giraba en torno a

las ideas de propiedad, contrato y testamento; y el Derecho mercantil, que, como su nombre mismo

indica, nació como un Derecho específico de las empresas comerciales, necesitan ambos ,una seria

adaptación a las realidades de la sociedad presente.

En mi opinión, el derecho de familia v su continuación, el derecho sucesorio, deben adaptarse a la vida

real de hoy, y, por supuesto, inscribirse dentro de un contexto de mayor cooperación social, de modo que

el trabajo de una generación no facilite la inutilidad de la siguiente.

El derecho de propiedad debe regularse también en función de la vida actual, y sus problemas. El

crecimiento de la población debería ser tenido en cuenta, a la hora de regular, lo mismo la propiedad

urbana que la rústica, evitando la subdivisión antieconómica de las unidades de producción.

El derecho de sociedades debe ser objeto de una cuidadosa reelaboración. Las personas jurídicas han

prestado grandes servicios al desarrollo económico, pero, como todas las cosas buenas, también

han sido objeto de graves abusos. Es necesario un control más eficaz, en beneicio del público, de la vida

de las sociedades; de lo cual hay buenos ejemplos en el derecho comparado contemporáneo; y de modo

muy especial de las que se dedican a prestar servicios de carácter financiero, de construcción, u otros

semejantes que afectan a mucha gente y eden provocar, con su fracaso, daños calculables.

La fabricación de alimen, y medicamentos debería igualmente r sometida a un control más severo; los

mecanismos de defensa de la cometencia y del consumo, ser reforzados, en importante ayuda oficial. Pero

no es éste, naturalmente, el lunar ni el momento para un estudio detallado de estas cuestiones. El Estado

dispone de un número importante de capacidades jurídicas, en la Comisión de Codificación, en el Consejo

de Estado y en la Dirección General de lo Contencioso, así como en la Fiscalía del Tribunal Supremo. Lo

que hacía falta es integrar toda esa gran reserva en órganos eficaces para que, aparte del trabajo de cada

uno, el Gobierno dispusiera de un motor adecuado para la indispensable reforma jurídica que nuestra

sociedad requiere.

La necesita más aún de lo que piensa. Uno de los grandes fracasos de los juristas en el mundo actual, es

que no hemos sabido prestigiar el Derecho ante las mentes de la mayoría. Se puede oír hoy a los

eclesiásticos decir sin reparo que el Derecho canónico no es necesario, y que basta la inspiración profética

y el aliento pastoral. Se oye a muchos tecnócratas pensar en términos de estadísticas, pero no de normas

que obliguen a todos, empezando por quienes las hacen. Y la esencia del Derecho es justamente la

contraria: obligar al profeta a definirse, al pastor a reglamentarse, al administrador a respetar un

procedimiento con garantías.

Y el pueblo, el gran pueblo, el pobre pueblo, debe saber que es el más interesado en que las leyes le

guarden y le protejan. Así ha sido siempre, desde las Doce Tablas de Roma. Los viejos campesinos lo

sabían muy bien, y guardaban mejor que las cosechas los documentos, porque sabían que el Derecho es

tan importante como la harina para hacer el pan.

Ese restablecimiento del prestigio de la ley es casi más importante que lo que la ley diga. No podrá

lograrse sin el ejemplo de los que más la deben respeto : el legislador que la hace y el juez que la aplica.

Y requiere también que legislación y administración se distingan bien, para que la inevitable inflación de

las normas secundarias no infecte a las columnas de la ley propiamente dicha.

El Derecho, en fin, como decían los juristas romanos, es el arte de lo bueno y de lo justo. Llevamos siglos

queriendo definir, a su vez, el Bien y la Justicia. Cada vez le exigimos más al concepto de lo justo;

definido como el dar a cada uno lo suyo, hemos intentado profundizar en «lo suyo», y la justicia social

nos ha llevado a entenderlo no como lo que ya se tiene, sino como lo mínimo que un ser humano debe

tener. Bello ideal, que cada generación deberá enriquecer. Pero el Derecho es también el arte de hacer

todo eso en orden y con seguridad.

Y ahí está la gran creación del jurista, en cada momento histórico. Demos una seria oportunidad a

nuestros jóvenes juristas. Tenemos una generación de hombres preparada como pocas, en el Derecho

viejo y en el nuevo, en Economía y en Administración, en Sociología y en bien aprovechados viajes.

Falta una gran voz que los convoque a la tarea.

Manuel FRAGA IRIBARNE

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