Autor: Fraga Iribarne, Manuel. 
   La reforma política     
 
 ABC.     Páginas: 2. Párrafos: 24. 

FUNDADO EN 1905 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA

LA REFORMA POLÍTICA

EVIDENTEMENTE, todo lo que vengo diciendo tiene que ver con la política; y aún me atrevo a

afirmar que, en épocas como la nuestra, «todo conocimiento es político, y el rechazo de la

política es también un acto político». Pero, en sentido estricto, es indudable asimismo que

los temas constitucionales, aunque no los veamos como los ingenios racionalistas del siglo

XVIII (que pensaban que con simples reformas en las instituciones políticas se arreglaba todo),

tienen una trascendencia estratégica para la realización de las demás reformas, a la vez que

dependen de ellas. El adecuado ordenamiento de los poderes del Estado, de sus relaciones, de

los mecanismos de arbitraje, de las Administraciones públicas, de sus órganos de control, de

los procesos de representación y de los mecanismos de excepción sigue siendo una cuestión

fundamental. Como dijo bellamente Rossi, todas las ramas del Derecho tienen en el Derecho

constitucional la gran inicial miniada de sus respectivos capítulos.

Y así debe ser. La organización política es una cuestión fundamental. No es algo que afecte

sólo, ni principalmente, a esos profesionales de la política con minúscula (que también los

hay, y no pocos), para los cuales se trata de un juego en el que hay cargos, prebendas y

condecoraciones que repartir, y que se sienten César en el gobierno y Bruto en la oposición.

Justamente por las flaquezas de la naturaleza humana, y por las tentaciones de toda índole a

las que está sometido el poderoso, es por lo que los organismos políticos deben estar bien

estudiados y contrapesados. Hay ocasiones en que un mal ministro mejora, pero los malos

Gobiernos inevitablemente van a peor.

La organización constitucional de un Estado es un tema complejísimo; pero como aquí no se

trata de resumir en pildoras un tratado de Ciencia Política, sino de recordarnos a nosotros

mismos lo que tenemos que hacer, diré simplemente que toda reforma política afecta a tres

cuestiones fundamentales: la legitimidad, las fuerzas políticas y los sistemas de control o

de garantía.

Primero, la legitimidad. Un poder legítimo es un poder que corresponde a la identidad social,

porque arranca de las necesidades, de las ideas y de las fuerzas de la propia sociedad. No

nos engañemos: la mayor parte de las sociedades de hoy, y la nuestra también, están atravesando

una crisis de identidad. Queremos redefinir lo que somos, después de tantos cambios; no

aceptamos sin más lo que nos dijeron al respecto nuestros padres, ni nuestros primeros libros

escolares; ni, por supuesto, lo que los vecinos nos dicen (en visita) que deberíamos ser. Este

tema es capital, y no es posible acercarse a él sin respeto. El que se imagine, por ejemplo,

que la opinión de los hombres y mujeres de menos de veinte años no debe contar, por supuesta

inmadurez (ahora que la adolescencia empieza a los diez años), listo va.

Ninguna organización política puede ser estable si no se corresponde con las verdaderas

fuerzas sociales; es decir, con los intereses, ideas y creencias de la mayoría de los

ciudadanos y los grupos que forman.

La sociedad actual sigue siendo estratificada por razones económicas y culturales; pero

mientras hace unos años constituía una pirámide muy alta, ahora se ha achatado, ensanchándose

por el medio, con tendencia al predominio de las clases medias. La familia media no es la del

jornalero agrícola o la del proletario industrial, sino que propende a tener un piso, un coche,

un receptor de televisión y un seguro social. Quiere paz, ir mejorando (sobre todo, para sus

hijos), y por lo mismo debe tender a ser gobernada al centro. En países como Estados Unidos

esos grupos rebasan el 80 por 100 de la población; mientras que era un 80 por 100 de nuestra

España de los años 30 la que sabía que no tenía mucho que perder en ningún caso.

Las generaciones actuales no han conocido el hambre; han tenido despensa, escuela y televisión

por añadidura. Aspiran, pues, a un sistema más abierto, con más libertad y participación; pero

en vía razonable, evolutiva y seria.

Por ello, la autoridad que requieren las sociedades actuales tiende a diferir de las que

respetaban nuestros abuelos, vinculada a un orden familiar muy cerrado y a la propiedad de la

tierra, amén de otras implicaciones tribales o feudales y también de base religiosa. Es más bien

un tipo de autoridad vinculada a la sensibilidad, a la cultura y a los problemas del orden social

urbano-industrial; de base intelectual más racional, más individualista, más profesional, más

organizada. Todo desarrollo de las capacidades económicas y educativas de los ciudadanos exige

un proceso correlativo de darles mayor información y participación en las decisiones políticas,

o bien crea tensiones fortísimas que comprometen el orden y el respeto a la Ley.

Por supuesto, ello, a su vez, crea no pocas dificultades; pero es que en política nada es fácil.

La identidad de una sociedad exige una representación; una definición de objetivos, métodos,

sistemas de participación, un estilo de vida pública.

La representación y el estilo que piden las sociedades actuales complica el proceso decisorio;

aumenta las tendencias al gasto público sobre todo en servicios sociales; y obliga a múltiples

negociaciones complicadas con tantos sectores de unas sociedades más complejas.

Pero si esto es así, no es menos cierto que lo contrario es la imposición dictatorial, con todos

sus riesgos, y que en la práctica sólo es posible en circunstancias extraordinarias. La

legitimidad normal, en el mundo de hoy, es de base democrática y negociadora; no hay otra.

A unas creencias y un estilo democrático corresponden unas fuerzas políticas determinadas. Han de

ser unas fuerzas de ancha base, pues de lo contrario no tendrían fuerza para gobernar ni para

negociar desde la oposición. Han de tener una actitud esencialmente pragmática; pues, si bien

nunca he creído en la muerte de las ideologías, creo que las gentes a las que hoy nos dirigimos

están de vuelta de sus exageraciones y piden programas bien meditados y razonables. Han de tener

una gran firmeza en el planteamiento de lo fundamental y una gran apertura y flexibilidad en lo

accesorio para superar los términos minoritarios de toda secta o camarilla. Finalmente, han de

sostener un mínimo de elegancia para poder salir a una calle cada vez más exigente.

Esas fuerzas políticas no pueden crearse más que de un modo: por la vía de la asociación política

libre, aunque encauzada por la Ley. Y en esto tampoco hay que engañarse: no se pueden fabricar

desde el Gobierno. El destino de las uniones patrióticas es bien conocido: nacen y mueren con la

situación que las crea. El flanqueo es una cosa, la creación de fuerzas políticas duraderas es

otra. Las organizaciones basadas en titulares de puestos públicos o paraestatales siguen

inexorablemente las aguas de quienes dan y quitan tales prebendas.

Una fuerza política sólo puede nacer en torno a un concepto de la legitimidad y de la representación

de los grupos sociales que aspiren a encarnarla y promoverla. Por lo mismo necesita ideas, hombres,

estilo, estrategia, programa; no puede ser mero séquito ni organización puramente defensiva o de

bombos mutuos; no puede estar tampoco a sueldo de nadie, en la sociedad o en el Estado, lo cual no

quiere decir que no debe buscar todas las colaboraciones posibles.

El acierto en una reforma política como la que nosotros tenemos inexorablemente planteada es hacer

que surjan todas las fuerzas políticas que la realidad social pueda alumbrar, y al mismo tiempo

evitar una fragmentación excesiva. Es claro que las circunstancias pueden aconsejar, en este

necesario ensanchamiento de la base, una actitud gradualista, con tal de que los avances y los

límites provisionales sean auténticos y de buena fe. Me parece que en la etapa actual el objetivo

es claro: la arena política debe abrirse a las mismas fuerzas que la sociedad española respeta y

que, a su vez, respetan a esa sociedad española real. Da la feliz casualidad de que esas fuerzas

(que llegan hasta la democracia cristiana de cualquier tipo, y a los socialismos evolucionistas y

democráticos) coinciden precisamente con los límites efectivos de las fuerzas politicas vigentes

en la Europa actual.

Sentada claramente la opción en materia de legitimidad y las fuerzas políticas que deben encarnarla,

queda hablar de las instituciones constitucionales propiamente dichas. A este respecto debe

recordarse que un régimen político no puede medirse sólo por una de las grandes coordenadas que la

determinan. Una de ellas es el criterio de robustez y de eficiencia; la otra es el criterio de

control, libertad y garantías.

Si sólo pensamos en la eficiencia, no hay duda de que el sistema mejor es el mando de uno solo

con poderes absolutos. Es la dictadura. A ella recurren todos los países en caso de guerra o de

otra grave emergencia. Pero no la suelen utilizar en los demás casos; porque hay que conteplar

también los otros aspectos de la cuestión.

Una larga experiencia ha enseñado a los pueblos que la pura eficiencia, en política, es a menudo

la ocasión de notables abusos. El poder corrompe, y tanto más cuanto es más absoluto y más duradero

su ejercicio. Por eso hay que completar las partes eficientes del Gobierno con otros órganos de

control, de freno y de contrapeso.

No hay para ello una fórmula única; cada país debe buscar la suya en su propia experiencia y también

en la de los demás. Y por cierto también en la interpretación extensiva y flexible de las que ya

existen; reequilibrándolas y jugándolas con acierto.

Lo que no puede aceptarse es que las cosas no se hagan en serio, o que se hagan a medias. El peor

de los Gobiernos es el que propugna cosas buenas y luego no es capaz de realizarlas, porque aumenta

las expectativas de las gentes y luego las enfrenta con un fracaso y una frustración.

Dicho esto, no parecen dudosas las consecuencias más importantes que vamos a extraer en el plano

institucional. La legitimidad democrática debe ser reconocida en la elección por sufragio universal

de una Cámara representativa y de los demás cuerpos representativos en los niveles autónomos que

existan. Ello es plenamente compatible con otros elementos de base monárquica (de los que hablaremos

otro día, pues el tema bien merece un artículo más) y elitista, en la idea bien clásica de una

Constitución mixta, como previeron los grandes pensadores griegos y romanos. Esa representación

popular directa es también compatible con otras de carácter funcional o corporativo, pero ante ella

deben los órganos ejecutivos tener algún tipo de verdadera responsabilidad.

Lo que distingue hoy los regímenes políticos es la posibilidad de apelar a la decisión popular, de

vez en cuando, en las grandes decisiones políticas. Un juego correcto entre el Gobierno y la

oposición; ese juego existe en Alemania o en Inglaterra ; no existe en Rusia ni en otros muchos

países. Tampoco se trata de que en esa apelación al arbitraje del cuerpo electoral haya de ponerse

en juego, cada vez, una serie de cosas importantes, sino sólo las indispensables para seguir

adelante. A mí no me parece que eso esté fuera de nuestro alcance; ni veo tampoco el modo de

evitarlo, pasadas las circunstancias excepcionales que permitieron encomendar por toda una

generación tales decisiones a una personalidad no menos extraordinaria.

Y termino aquí, para que la multitud de árboles no nos impida ver el bosque. Me he criado cerca de la

fraga gallega, de la que viene el nombre de mi familia, ese bosque animado del que habló, de modo

insuperable, mi gran paisano Fernández Flórez. A diferencia de las arboledas hechas por el hombre

con mentalidad industrial, en la fraga primitiva impera la naturaleza viva, con su orden flexible

y su variedad inmensa. Ese orden no se advierte, porque es un orden oculto para la mirada superficial.

Pero es un orden verdadero, porque se basa en lo que las cosas son, en lo que la vida es.

Nosotros tendríamos que intentar lo mismo en la ordenación de la sociedad española de nuestros días.

Son temas de los que me vengo ocupando extensamente en libros como «El desarrollo político» (1971) y

«Legitimidad y representación» (1973). El desarrollo político consiste en alumbrar y aprovechar, en

vez de reprimirlas, las nuevas fuerzas que crea el crecimiento .económico, técnico y cultural. La

legitimidad es el resultante de darles la adecuada representación por cauces seguros y eficientes.

Como en el bosque natural cada arroyo sigue su cauce y cada animal busca su abrigo.

Para terminar, utilicemos siempre que sea posible la acción positiva, más que la negativa o represiva.

Es obvio que hay circunstancias y actitudes que obligan a poner pies en pared y a golpear fuerte.

Pero el Gobierno que es fuerte de verdad actúa, sobre todo, de modo creador e instituyente. Es

bueno oponerse a las fuerzas negativas, pero es mejor aún crear otras más positivas y más fuertes.

Hay que desenmascarar al enemigo, rechazando no sólo su ideología, sino la estrategia que oculta;

pero lo importante es que uno tenga mejores soluciones, más razones y más gente detrás.

Manuel FRAGA IRIBARNE

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