Pretenden que los Monarcas se sometan a un verdadero interrogatorio escrito. 
 Nueve defensores del 23-F quieren que declaren Don Juan Carlos y Doña Sofía     
 
 Diario 16.    29/09/1981.  Página: 5. Páginas: 1. Párrafos: 20. 

Diariol 6/29-sept¡embre-81

NACIONAL

QUIEREN RETRASAR El PROCESO CON PETICIONES DE PRUEBAS

Nueve abogados defensores de los golpis-tas del 23-F quieren someter a un

verdadero interrogatorio escrito a los Reyes, Don Juan Carlos y Doña Sofía. Por

su parte, el letrado Muñoz Perea, yerno del ultraderechista Blas Pinar, ha

pedido como pruebas un sin fin de certificados, oficios y mandamientos a

numerosos organismos oficiales, con los que además de tratar de retrasar el

juicio a los golpistas, intentará demostrar «la mala situación que atravesaba

España desde la muerte de Franco».

Pretenden que los Monarcas se sometan a un verdadero interrogatorio escrito

Nueve defensores del 23-F quieren que declaren Don Juan Carlos y Doña Sofía

Madrid — Al menos nueve de los abogados defensores de los procesados por el

golpe de Estado del 23 de febrero proponen como prueba que declaren los Reyes

Don Juan Carlos y Doña Sofia.

Fuentes cercanas a estos letrados subrayaron ayer que es necesario distinguir

entre los abogados que solicitan declaración de los Reyes y aquéllos otros que

se limitan a pedir que el Rey exprese su opinión sobre si, a lo largo de los

contactos que mantuvo con altos mandos militares durante la noche del 23-F,

detectó una situación de rebelión.

«Los primeros —puntualizaron las fuentes consultadas por Europa Press- van más

allá y pretenden que los Monarcas se sometan a un verdadero interrogatorio

escrito:»

Estos primeros proponen como prueba «recabar reverentemente de Su Majestad el

Rey de Su Majestad la Reina que, sin perjuicio de la exención de textificar —

renunciable en interés de la justicia—, formulen si a bien lo tienen,

declaración por escrito en periodo de plenario, acerca de los esenciales

extremos contenidos en el cuestionario adjunto».

Asimismo, proponen que testifiquen unas doscientas cincuenta personas, cuya

relación no ha sido facilitada por los defensores a la prensa.

La mala situación

Por su parte, el abogado Antonio Muñoz Perea, yerno del líder de Fuerza Nueva,

Blas Pinar, defensor del capitán de complemento José Pascual Calvez, propone una

serie de pruebas de organismos oficiales, tales como Comisarías, Tribunal

Supremo, Dirección General de la Guardia Civil, Ministerio de Trabajo, de

Justicia, de Cultura, del Congreso de los Diputados, Presidencia del Gobierno,

Ministerio de Defensa, etcétera, un sinfín de certificados, oficios y

mandamientos con los que tratará de demostrar «la mala situación que atravesaba

el país desde la muerte de Franco», según fuentes jurídicas ajenas a la defensa

de los golpistas, consultadas por este periódico.

El mismo abogado llega a pedir que por la Secretaría de las Cortes se libre

oficio en el que se testimonien los discursos de los diputados José Calvo Sotelo

y José María Gil Robles en la sesión de Cortes de julio de 1936.

Más en concreto, el citado letrado pide datos estadísticos y certificaciones de

cuantas denuncias se han presentado en las Comisarías españolas entre los años

1976 y 1980, y cuántas actuaciones han tenido a lo largo de este tiempo el

Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Nacional.

También pide el señor Muñoz Perea como prueba, que la Guardia Civil le

certifique cuántas denuncias se han formulado durante el mismo periodo en los

diversos cuarteles de España, así como las actuaciones de este Cuerpo.

Parados y muertos

Muñoz Perea desea, igualmente, saber cuál ha sido el índice de crecimiento del

coste de la vida desde el 1 de enero de 1976 hasta el 1 de febrero de 1981, y

cuántos expedientes de regulación de empleo y a qué

cantidad de trabajadores afectaron durante los años 1975 a 1980, inclusive.

Del mismo modo, que la Dirección General de la Guardia Civil extraiga de sus

archivos de Estado Mayor todos los muertos en acto de servicio y heridos en

atentados terroristas que ha tenido el Benemérito Cuerpo desde el 1 de^diciembre

del 75 hasta el 22 de febrero del 81, y que certifique sobre este asunto.

Asimismo, que certifiquen de igual forma el Ministerio del Interior y el de

Defensa, éste sobre militares y aquél sobre policías del Cuerpo Superior o

Nacionales, los muertos en acto de servicio y heridos en atentados terroristas

en igual espacio de tiempo.

Cuántos ministros

Las pruebas que pide Muñoz Perea alcanzan también a la Presidencia del Gobierno,

para que se expida el suficiente certificado sobre cuántos ministros,

subsecretarios, directores generales, etcétera, ha habido desde el 20 de

noviembre de 1975 hasta el 23 de febrero del 81, con expresión de sus nombres y

cargos ocupados.

El defensor se centra después sobre aspectos militares y pide, igualmente,

testimonio literal del estado de opinión de la División Acorazada Brúñete número

1 en febrero y marzo de este año, así como la reconstrución de los hechos

acaecidos en esta división entre las diecisiete horas del 23-F y la una del 24F.

También que se celebre un careo por separado entre Milans del Bosch y Armada, y

entre el general Juste y el coronel San Martín.

Muñoz Perea solicita para el acto de la vista la lectura de todos y cada uno de

los folios del sumario, interrogatorio de los testigos y de los procesados.

Hasta marzo

Varios abogados defensores consultados por la agencia oficial Efe, manifestaron

que ahora tendrá que decidir el Consejo Supremo de Justicia Militar sobre las

pruebas propuestas por las partes, contra cuya denegación cabe recurso ante el

mismo Consejo.

Una vez realizadas las pruebas que se admitan, cuya duración no se puede

precisar aún —según los mismos abogados—, dado que algunos letrados han

propuesto muchas (entre ellas, la reconstrucción de los hechos), la causa será

entregada para calificación.

De forma sucesiva, se entregará primero al fiscal togado y a cada uno de los

defensores, por un plazo máximo de cinco días, lo que multiplicado por el número

de procesados —que son 33— daría como resultado ciento sesenta y cinco días, es

decir, cinco meses y medio, lo que prolongaría la actual fase de plenario hasta

mediados del mes de marzo del 82.

Y también todos tos ministros, subsecretarios v directores generales desde la

muerte de Franco hasta el

23-F

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