Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
   Comentario al fuero de los españoles  :   
 De Angel Sánchez de la Torre. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1975. 
   02/11/1975.  Páginas: 2. Párrafos: 10. 

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE DE 1975

«COMENTARIO AL FUERO DE LOS ESPAÑOLES»

De Angel Sánchez de la Torre

Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1975.

Por José María RUIZ GALLARDON

No creo que haya un momento más oportuno que el que atravesamos como para ofrecer al estudioso, si

político y al simplemente interesado en la cota pública un libro como el presente. Y diré por qué. Cuando

un país atraviesa circunstancias especialmente difíciles, porque tiene que enfrentarse con una subversión

organizada y sin ninguna clase de remilgos en la ejecución de sus actos criminales, es cuando cobran

mayor valor y actualidad los estudios sobre el marco de libertades fundamentales que el Estado, para

cumplir con su misión, garantiza al ciudadano. Si, como afirma Ángel Sánchez de la Torre, los derechos

humanos se definen como libertades concretas, o sea, como facultades que los individuos o los

pertenecientes a determinada institución tienen adquiridas, de tal modo que no pueden ser discutidas ni

estorbadas; si, de alguna manera, resulta que los derechos humanos vienen a ser como un Derecho

Fundamental, un inicio de regulación jurídica de las estructuras elementales imprescindibles del orden

social, un principio normativo de las regulaciones jurídicamente positivas, habrá de convenirse conmigo

en que nunca como en los momentos de crisis de esos principios, con ataques frontales al orden social en

el que se inscriben, es más aconsejable la profundización en su estudio.

Y me parece oportuno decir a renglón seguido que el trabajo del profesor Sánchez de la Torre es serio,

científico y con el atractivo suficiente, por lo que tiene de sugeridor no sólo para el jurista, sino también,

y sobre todo, para el político.

Veamos un ejemplo. Concretemos el tema —que es para mi el fundamental— en el aspecto de la validez

efectiva de los derechos reconocidos en al Fuero de los Españoles. Digamos, para centrar el estado de la

cuestión, que es una opinión extendidísima que la Carta de Derechos, que constituye el Fuero de los

Españoles, es apenas operativa en la práctica. No faltan quienes la miran con el recelo propio del que sabe

que lo allí solemnemente establecido es una hermosa declaración de principios, pero con escasa

trascendencia operativa. Y hemos de reconocer que, en efecto, no todos los derechos reconocidos en el

Fuero tienen el mismo e intenso desarrollo normativo, recomendable para hacer de loe mismos escudo

protector del ciudadano y eficaz instrumento de solidaridad intersocial.

Sobre este particular me parecen altamente esclarecedores las palabras del autor, quien, en la página 48 de

su obra, escribe: «El método universal de autodefensa de las libertades se halla en la legalidad, y el

Estado suele ser quien define y establece los límites positivos de las libertades a través de esa legalidad.

Pues de hecho la ley viene enunciada por la voluntad del Estado y de quienes lo gobiernan decisivamente.

Y tácitamente el poder del Estado trata de realizarse no sólo frente a las libertades, sino también a

expensas de las libertades sociales. De este modo puede llegar a suceder que en el transcurso de las

relaciones legales positivas la libertad humana concreta, la dignidad racional del sujeto humano, las

libertades de personalización del ser humano a través de su actividad individual y de sus

responsabilidades sociales, se quede reducida a un inútil esqueleto sin coyunturas, sin carne, nervios ni

riego sanguíneo.»

Es muy cierto que pueda ocurrir y que de hecho —ahí están los países del Este— ocurre.

El Estado, respecto de los derechos fundamentales, no tiene ningún empacho en «proclamarlos». Pero

suele ser reticente en desarrollarlos y más todavía en dotar de un procedimiento garantizador de su

efectividad para cada caso concreto.

Por eso es muy destacable la idea del autor de que debe rechazarse una concepción de los derechos

fundamentales como si «fueran puras creaciones del poder estatal que sirvieran para ostentar lujos

retóricos destinados a los "partidarios" del Gobierno, o para acreditar pases diplomáticos que permitiesen

a tales gobernantes ser recibidos en las reuniones internacionales». Tal actitud, aunque sea frecuente, es

errónea. En efecto: «Los derechos fundamentales no deben ser planteados como reivindicaciones

individuales frente al Estado, ni tampoco como sujeción de los individuos a las determinaciones del

Estado. Tal enfrentamiento sólo podría conducir a una ruptura del equilibrio social, con victoria del

individualismo (anarquía) o del estatismo (tiranía).» Y ello ha sucedido asi cuando ha sido desconocida la

índole auténtica de los derechos humanos. La posición correcta conduce a afirmar que los derechos

humanos no son otra cosa que «métodos para impedir y rechazar las enajenaciones sociales que pueden

incidir contra el proceso personalizador de las personas y contra el desarrollo equilibrado de las

sociedades contemporáneas. No es posible abstraer a los sujetos individuales, ni tampoco materializar los

poderes colectivos. Lo que hay es un campo de actuación social de loe derechos y deberes, tanto de

individuos como de grupos. Y los derechos fundamentales definen esa reciprocidad en que el propio

Estado está sometido a compromisos acordes con sus privilegios.»

Este planteamiento del autor, que es el correcto, comporta la negación de la concepción positivista de las

libertades fundamentales, «cuyo ejercicio y vigencia quedarla al albur de un privilegio político del

Gobierno». Hay que reconocer que el individuo humano y sus grupos, por su inserción en la colectividad,

han de cumplir tareas que les vienen impuestas parcialmente desde fuera de si mismos. «Pero tales

aportaciones a la idea organizativa no deben efectuarse a expensas de la pérdida en aquella dignidad

racional que les pertenece como elementos integrantes de la naturaleza humana.» En otras palabras, la

implicación social de los sujetos sociales no puede hacer caso omiso de la dimensión de que son

portadores de derechos fundamentales y de libertades básicas en que se inspira toda su función global

auténticamente responsable. «Toda exigencia que no se conforme a tales dimensiones no se configurará

como deber, sino como fuerza opresora. Todo lo que no es posibilitado por una reciprocidad cualitativa y

cuantitativa es pura y llana enajenación.»

La «regulación positiva» de las libertades humanas ha de seguir, pues, el hilo de las exigencias globales

de las condiciones histórico-culturales de la vida social.

Pero, con todo ello, ¿nunca, en ninguna circunstancia, cabe doctrinalmente y en la práctica la limitación

del ejercicio de tales derechos? Sería absurdo que así fuera. Por eso Sánchez de la Torre tiene que admitir

que el Estado puede y debe regular el ejercicio y límites de las libertadas fundamentales. Lo que no puede

es ni definirlas ni decidir si quiere o no quiera ofrecerles seguridades positivas. «Es verdad que los

derechos humanos, aunque sean suprapositivos e intangibles como valores personales del ser humano en

la soledad, no son ilimitados como si su fuerza expansiva fuera indefinida. Ello significaría la anarquia

social. Precisamente la necesidad de mantener su marco ordenador permite a los Estados suspender

temporalmente algunas de las libertades definidas con tal carácter. Pero a los avalares de su regulación

permiten ciertas concretas determinaciones, el carácter de su validez intrínseca es ilimitado por radicar en

el valor primordial y legítimamente de la persona humana. Y este valor primordial no tiene poseído por

cada libertad unidireccional, sino por el conjunto multidireccional de tales libertades en su conjunto. No

se trata de libertades abstractas, sino de libertades portadoras de contenidos materializables que actúan

con objetivos determinados y se apoyan reciprocamente en términos que limitan su despectiva eficacia,

precisamente para complejar el ámbito vital en que rechazan los poderes enajenantes, contra cuya

vigencia se dirigen articulada y ordenadamente.»

Considero suficiente con lo dicho para destacar la importancia de esta extensísima obra en la que, por lo

demás, se analizan con toda minuciosidad todos y cada uno de los aspectos que presenta el Fuero de los

Españoles y no sólo en simple exposición, sino con una muy valiosa indicación del desarrollo futuro.

J. M. R. G.

 

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