Autor: Soriano, Manuel. 
 Gobierno y oposición lucharán contra los antidemócratas. 
 No hubo pacto con los asaltantes del 23-F     
 
 Diario 16.    27/05/1981.  Página: 5. Páginas: 1. Párrafos: 13. 

Diario16/27-mayo-81

NACIONAL

«No hubo pacto con los asaltantes del 23-F»

Calvo-Sotelo, además de rechazar cualquier pacto con los asaltantes de

Barcelona, dijo que en el caso de que hubiese habido «pacto con los asaltantes

del Parlamento, este Gobierno no esté vinculado a dicho acuerdo, ni las

autoridades judiciales».

El presidente intercaló esta declaración al facilitar informaciones sobre el

caso de Barcelona. Tanto el Gobierno como la oposición adquirieron un compromiso

formal para luchar conjuntamente para desmantelar la conspiración contra la

democracia.

En el caso de que en el 23-F hubiese

habido un pacto con los asaltantes del

Parlamento, este Gobierno no está

vinculado a dicho acuerdo, ni las

autoridades judiciales, ya que es un

acuerdo, caso de haberlo habido, que se

hizo a través de la coacción 9

Manuel SORIANO

Madrid — El debate parlamentario de ayer sobre el asalto al Banco Central de

Barcelona sirvió para que el presidente del Gobierno y la oposición se

comprometieran pública y formalmente a luchar juntos para desmantelar la

conspiración permanente que existe contra la democracia.

Los portavoces de los distintos partidos y del propio presidente Calvo-Sotelo no

dieron por cerrado el grave suceso con el éxito policial del rescate de los

rehenes y con la firmeza del Gobierno a no ceder al chantaje, extremos que

fueron reconocidos de manera generalizada.

Se expresó unánimemente la firme voluntad de llegar hasta el fondo de la

cuestión, de descubrir a los responsables que estén detrás del asalto al Banco

Central, suceso que fue valorado como un eslabón más de la estrategia de acoso a

las instituciones democráticas.

Nadie aceptó que los graves sucesos de Barcelona se reduzcan a una iniciativa de

una banda de delincuentes comunes. Se coincidió en que este acto terrorista

perseguía intencionalidades políticas.

El presidente del Gobierno no estuvo en condiciones, sin embargo, de facilitar

la identidad de los auténticos responsables, es decir, quienes planearon y

financiaron la operación. Sólo insistió en que las investigaciones apuntan hacia

la extrema derecha.

Los representantes de la oposición no acusaron al

Gobierno, quizá hubo veíalas críticas hacía su debilidad. La izquierda y los

nacionalistas brindaron su apoyo al Ejecutivo para que mantenga la firme

autoridad contra los conspiradores.

También instaron al Gobierno a que su actuación sea lo suficientemente

transparente para evitar que los demócratas y el pue-blo en general llegue a

desconfiar de él.

El presidente del Gobierno, que respondió, uno a uno, a todos los oradores,

prometió absoluta claridad en la gestión gubernamental e incluso ofreció al

Congre

so las cintas y documentos policiales sobre el asalto al Banco Central.

Calvo-Sotelo quiso dejar claro que no han existido acuerdos con los terroristas,

porque el Gobierno los rechazó tajantemente desde el primer momento. Y

puntualizó que tampoco se siente vinculado a los acuerdos en torno al secuestro

del Parlamento del 23 de febrero, si aquéllos se llegaron a producir.

A remolque También hubo coincidencia en que el suceso en sí del Banco Central ha

sido bien resuelto por el Gobierno,

por lo que la oposición no regateó felicitaciones. Pero sí hizo hincapié en la

desconfianza suscitada hacia la versión oficial, por el hecho de que el Gobierno

se muestre a la defensiva de las iniciativas desestabilizadoras y vaya siempre a

remolque.

Sólo el ultraderechista Blas Pinar quiso sacar beneficio político propio del

debate al presentar a la Guardia Civil y a la ultrade-recha, en general, como

víctimas de una campaña de desprestigio. El presidente rechazó tal imputación

argumentando que el Gobierno no es responsable de Jo que había publicado la

prensa. Y advirtió a Pinar que «allá él» si se sentía aludido al relacionarse a

los responsables con la extrema derecha.

Durante el debate se puso de manifiesto que pudo faltar prudencia al reflejarse

públicamente la implicación de guardias civiles. Así se apuntaba desde las

informaciones de los rehenes y desde el propio responsable del comando, pero,

además, la sospecha sobre la irregular actuación de individuos concretos de la

Guardia Civil —no hacia el conjunto del Cuerpo, como la

extrema derecha quiere explotar interesadamente— tenía algunos precedentes.

El líder de la oposición, Felipe González, hizo un llamamiendto para que todas

las fuerzas democráticas adquieran un compromiso en la defensa del ordenamiento

constitucional. El presidente del Gobierno recogió la propuesta y afirmó

rotundamente que está dispuesto a defender la libertad y la democracia en

España.

 

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