Autor: Cebrián Echarri, Juan Luis. 
   Después de Fraga     
 
 Informaciones.    20/02/1975.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

Corresponsal en Madrid

DESPUÉS DE FRAGA

Por Juan Luis CEBRIAN

SUFRAGIO universal, pluralismo sindical, Movimiento como marco de la Constitución y no como

organización de la vida política española. He aquí los tres puntos que no se han admitido del «programa

Fraga». Muy especialmente, los dos primeros han sido rechazados de forma privada, aunque evidente, en

los contactos con el Poder que el embajador ha sostenido en los últimos días. Hace casi dos semanas que

el desenlace de su visita ya se preveía, negativo. Del reciente viaje sólo un fruto, nada despreciable, se

lleva don Manuel Fraga consigo: Un amplio acuerdo con gentes de talante liberal, casi todas ellas

procedentes del Régimen, dispuestas a trabajar en común para contribuir a organizar la vida democrática

en España.

No puede decirse que Fraga, una vez más, no haya tomado ninguna decisión. Su voluntad de no asociarse

en las presentes circunstancias es clara. Sus referencias a un aplazamiento no son sino una negativa

elegante a las reglas del juego que quieren imponerse. La importancia del asunto resulta algo más que

anecdótica. Desde mediados del mes de diciembre el embajador en Londres ha escuchado los cantos de

sirena entonados por el Poder, o por una zona muy amplia del Poder, para que contribuyera a la

formación de una asociación política. Su inclusión en el campo de juego, en el que hasta ahora sólo dos

pequeñas formaciones de escasa o ninguna representación toman parte, les parecía a muchos definitiva

para dar el espaldarazo necesario a un Estatuto de asociaciones que ya nació larvado y disminuido, como

sus mismos autores han tenido que reconocer. El fracaso de ahora no es, pues, un fracaso de Fraga, sino

un fracaso del propio Estatuto, que se muestra incapaz de acoger en su seno hasta las posiciones más

elementalmente posibilistas. La «operación frenazo», cristalizada en una remodelación de cargos en el

Movimiento-organización con claro significado, ofrece irremediablemente visos de ser una maniobra con

objetivos de más largo alcance: se trata de desprestigiar no ya al embajador en Londres y a su entorno,

sino —insisto— al mismo Estatuto de asociaciones y la intención que originariamente lo animaba: el

espíritu del 12 de febrero.

La batalla política que se libra en el seno del Poder es limpia y llanamente la batalla del posfranquismo en

una dialéctica no disimulada entre los que juegan a la reforma y los que apuestan al continuismo —estéril

para la nación, pero quizá fructífero para ellos—. El problema es que cualquier cambio democrático va a

afectar de una forma u otra a la clase burocrático-política del Régimen, no acostumbrada a contrastar sus

capacidades ante la opinión pública. Por eso los burócratas tienen motivo para resistirse al cambio, y

parece que las cosas no les funcionan del todo mal. Como de otra parte saben que, cara a la sucesión, es

imposible no cambiar nada si se pretende darle al sistema una solidez de la que sin Franco carecería,

vamos a asistir, de continuar así, a un creciente proceso de demagogia social —queriendo nacerle

tontamente sombra a la izquierda— y de endurecimiento en la profilaxis de los problemas de orden

público —queriendo halagar a las clases acomodadas y a las gentes de paz—. El recuerdo de la República

de Saló campa por entre los círculos políticos madrileños.

Es importante, sin embargo, subrayar esto: que cuando los del «bunker» se niegan a aceptar el sufragio

universal, a lo que se niegan de hecho es a que el sufragio universal pueda acabar con el historial político

de algunos de ellos mismos. Claro que semejante actitud no es razonable en momentos como los que vive

el país. Si los periódicos son siempre —a pesar de todas las censuras— un fiel reflejo de la realidad

circundante, la Prensa española es hoy el espejo de una sociedad en cambio y ambiciosa de libertades

democráticas. Más que el 72 por 100 de síes a la democracia de que hablaba una encuesta de «La

Vanguardia» sobre el futuro político español, valen todavía las páginas de nuestros diarios y revistas,

donde la presión social por una reforma en este sentido se hace patente. Como patentes se hacen, por

supuesto, los obstáculos y objeciones que desde los reductos .del pasado se levantan ante semejante

eventualidad. La convicción de que lo que se defiende no son tanto posiciones Ideológicas o

programáticas como situaciones domésticas de privilegio, se encuentra por lo demás muy difundida.

Sin embargo, et tema del sufragio universal no es una mera cuestión de estrategia, sino de filosofía

política. Desde hace siglos la base fundamental de toda concepción democrática se define de manera muy

simple e inteligible para todos; basta con que se respeten los derechos fundamentales de la persona

(expresión, reunión y asociación) y que los ciudadanos elijan periódicamente a sus gobernantes a través

precisamente del sufragio universal. Los caminos jurídicos que hagan posible dicha fórmula y las

configuraciones de los Estados que la amparen pueden ser diferentes. El respeto al Principio que les

inspira es lo único que no varía, y por eso debe ser «renunciable en todo intento sinceramente

democrático.

Por lo demás, querámoslo o no, la vida política nacional se extiende todavía bastante más allá de esta

reyerta interna entre inmovilistas y evolucionistas del Régimen. La ruptura democrática preconizada por

las alianzas antisistema (como la famosa Junta, de creación y gobierno indudablemente comunista) es una

postura que solicita y encuentra adeptos hasta en las zonas de cierta derecha tradicional. Y asi, mientras

parte de la clase política juega a construir, con evolución o sin ella, desde el presente del Régimen, voces

hay, cuya importancia social no se puede menospreciar, que exigen un revisionismo amplio a partir de la

sucesión.

Esta batalla de intereses que está apartando del sistema y de las posibilidades de colaboración a hombres

de tan probados servicios al Régimen como los del acuerdo en torno a Fraga, sucede en circunstancias

nada fáciles para el país. Nos aprestamos al fenómeno sucesorio en un gravísimo momento económico,

con una protesta social muy extendida, basada en la disminución del poder adquisitivo de las clases

medias y del proletariado, y en una situación internacional de abandono, cuando no hostil, que nos hace

sentirnos piezas de una partida de ajedrez que se juega en el Mediterráneo entre las grandes potencias. El

debilitamiento del espíritu del 12 de febrero que marcan los acontecimientos amenaza con desembocar en

una amplia crisis política, haciendo pendular al Gobierno hacia zonas de mayor dureza e incomprensión.

Este parece el intento de los inmoviiistas de nuestra hora. Un intento al que es preciso negarse, porque no

tiene horizontes más allá de un puñado de meses ni ofrece un programa político y de convivencia nacional

que tenga un solo punto, uno soio, capaz de ilusionar a las nuevas generaciones de españoles.

 

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