Autor: Sopena Daganzo, Enrique. 
 Ultimado el proyecto para negociar con el Gobierno. 
 Los catalanes quieren su Estatuto por decreto-ley     
 
 Informaciones.    26/07/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

ULTIMADO EL PROYECTO PARA NEGOCIAR CON EL GOBIERNO

Los catalanes quieren su Estatuto por decreto-ley

Por Enrique SOPENA

BARCELONA, 28.

LA. Comisón Permanente de la Asamblea, de Parlamentarios, reunida ayer por la mañana en el palacio de

la Generalidad, aprobó a reserva de una inmediata sesión con don Josep Tarradellas y a, la espera, de tina

ratificación del plenària— el anteproyecto de decreto-ley que será elevado al Gobierno a fin de que éste

restablezca la autonomía de Cataluña. A la reunión no asistieron los representantes de la Unión de Centro

Democrático ni el diputado democrisiio.no don Antón Canyellas. Tales ausencias han suscitado no pocos

comentarios. Oficialmente, sin embargo, se desconocen las motivos de las mismas.,

El texto aprobado ayer supone la refundición de tres estudios-base redactados por las minorías socialista,

comunista y nacionalista socialdemócrata, respectivamente. La propuesta consta de ocho artículos y una

disposición final. Esta significa la derogación del decreto-ley de 5 de abril >le 1938, por el que el general

Franco derogó, a su vez, el Estatuto - de 1932. El articulado traza las líneas maestras de lo que habrá de

ser la Generalidad de Cataluña en su fase provisional y en tanto no se consagre un nuevo Estatuto, cuya

elaboración correspondería a los parlamentarios catalanes, y que tendría que ser plebiscitada por los

habitantes de Cataluña y, por último, sometida a la discusión de las Cortes.

Tras sentar la unidad territorial de Cataluña, para «cuya administración y gobierno se crea la

Generalidad», el proyecto regula las competencias del histórico organismo restaurado, cuyos órganos

e&tarían constituidos por la Presidencia, ei Consejo provisional (Gobierno provisional) y la Diputación

provisional (Parlamento provisional).

A esta Diputación —indica el articulado— competiria «la elaboración y aprobación de las normas de

régimen interior que determinen la forma, y los requisitos para la designación del presidente y del

Consejo provisional», además de otras- cuestiones de funcionamiento y de organización administrativa.

La Diputación estaría integrada, en la etapa´ actual, «por los diputados y senadores de las cuatro

provincias catalanas».

El estudio parlamentario puntualiza que la Generalidad podrá «resolver por decreto sobre todas cuantas

cuestiones- afecten a Cataluña, siempre que no infrinjan el ordenamiento jurídico vigente, y

especialmente en todas aquellas materias en las que sea urgente la defensa de los valores de la comunidad

histórica, social y cultural de Cataluña». También prevé que el Gobierno tendrá que consultar

previamente ?jla presentación a las Cortes de_ proyectos de ley o aprobación de decretos que afecten

especialmente a Cataluña». Asimismo entra en la órbita de la Generalidad «la actuación de la

Administración local de Cataluña» y la titularidad de aquellas competencias delegadas por los distintos

Departamentos ministeriales1.

LAS DIPUTACIONES Y EL ORDEN PUBLICO

Respecto al futuro de las Diputaciones provinciales, este- proyecto señala que las competencias d« las

mismas serán asumidas por la. Generalidad.´«mediante el nombramiento de comisiones gestoras en cada

una de las cuatro Diputaciones catalanas, que sustituirán a todos los efectos & sus actuales órganos de

gobierno».

También apunta la propuesta la -posibilidad de que se cree una comisión mixta en la presidencia del

Gobierno, a fin de fijar las transferencias de la Administración central, que pasarían a depender tíe la

Generalidad provisional.

Las relaciones con los Ministerios se regirán, entre otros puntos, mediante la remisión de los proyectos de

obras y servicios a la Generalidad, la cual dispondrá de un mes para p_restar Conformitíad -o´, manifestar

discrepancia, reservándose el Consejo de ministros, la decisión final. Apartado de relevante interés es el

concerniente al artículo quinto, que textualmente dice así: «La Generalidad, para el mantenimiento d«l

orden público durante conflictos relacionados con éste, podrá requerir la asistencia de las autoridades

encargadas de mantenerlo, según la legislación vigente.»

(Al respecto, cabe subrayar que en el tema del orden público se advierte, en principio, una notable rebaja

en relación con el Estatuto de 1932, el cual traspasaba a la Generalidad la responsabilidad de este

terreno.)

Después de dibujar otros detalles, no olvida el proyecto la vertiente presupuestaria que,

momentáneamente, recaería en las medidas que tendrá que dictar el Gobierno para satisfacer el

funcionamiento de la Generalidad. Finalmente, el artículo octavo afirma: «Si presente real decreto-ley,

del que se dará cuenta inmediata a las Cortes, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el

"Boletín Oficial del Estado".»

TARRADELLAS

Obviamente, la propuesta de referencia no entraña más que el cuerpo de negociación a reemprender entre

los- representantes de Cataluña y el Ministerio del Interior. Pero aun así, y como se esboza anteriormente,

es preciso que se llegue a un acuerdo entre los presuntos negociadores, es decir, entre-el titular de la

actual Generalidad en el exilio, señor Tarradellas-, y la Asamblea de parlamentarios. Bastante más

tiempo, probablemente, que el empleado para aprobar el proyecto, fue consumido ayer para afrontar las

complejas relaciones con don Josep Tarradellas, cuyo celo por no perder protagonismo fue criticado por

algunos socialistas y por los comunistas, mientras las otras delegaciones optaron por mantener un discreto

silencio. En cualquier caso, se acordó que la" Comisión Permanente se trasladara este viernes a-

.Perpignan, doiíde celebrará una reunión con el señor Tarradellas. Se prevé que la misma tendrá, matices

de grave, tensión. El .señor Tarradellas desea que.la delegación negociadora sea ampliada con la inclusión

de determinados técnicos de su confianza, lo cual choca con la legitimidad de las urnas que exhiben los

actuales parlamentarios. .Este será el primer escollo —a niveles internos— que habrá de salvar el proceso

autonómico antes de que haya de enfrentarse ante los representantes del Gobierno de Madrid.

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