Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
   El papel del Rey     
 
 ABC.    30/05/1975.  Páginas: 1. Párrafos: 12. 

FIRMAS EN ABC

UNA de las cuestiones más polémicas no sólo en el terreno de la doctrina, propio de especialistas, sino

en el más práctico nivel de los políticos de ejercicio, es el papel del Rey en el futuro español.

Confluyen en el tema muy variadas interferencias. Son unas de tipo racional, pero las más presentan un

evidente carácter emotivo. En el fondo de toda esta cuestión se puede apreciar, de una parte, el profundo

cambio, el acelerado ritmo, que caracteriza nuestra época —y por eso es hoy más difícil que nunca definir

lo que quizá mañana ya no sea lo mismo— y, de otra, un cierto deseo, no confesado en todas las

ocasiones, de mimetismo; sobre todo en relación con las figuras que con ese mismo nombre —el Rey—,

aunque con muy distintas funciones, aparecen en la cima de los Estados Monárquicos que aún restan en

Europa. No faltan quienes vean en el caso británico, en el holandés, en el sueco, danés o belga, el cancino

ejemplar o la pauta a seguir para la futura Monarquía española. Son aquellos que, acuciados por buscar la

garantía de la continuidad pacífica del Estado, que siempre es deseable, olvidan otras importantísimas

funciones que tiene que desempeñar el Monarca y dejan reducido su papel a lo que con frase ambigua

llaman arbitraje de la moderación. Limitación y palabras éstas muy peligrosas, de contenido poco

concreto si se tiene en cuenta que esos conceptos tienen que ir unidos con otro que parece exigirla y de

significado en principio contrapuesto: la idea de poder. Poder moderador no es lo mismo que ejercicio

moderado del poder. El Poder en sí, en pura lógica, aún concebido como moderador de los otros poderes,

cabe que llegue, aunque estoy seguro de que es una hipótesis teórica ciertamente irreal, a ser despótico

incluso en el ejercicio de esa moderación. En cambio, la moderación propiamente dicha nunca podrá ser

dictatorial o dejaría de ser moderación. Por eso hay que cuidar la semántica para que no se caiga en lo

contrario de lo que se quiere decir, esto es, que el ámbito de actuación del Rey, a fuer de ser pura

moderación, quede tan achicado y alicorto que difícilmente le resulte adecuada la condigna consideración

de «poder».

Todo nace, a mi juicio, de un mal uso de un gran invento. El invento es el famoso dogma de la división de

poderes. Y como la idea originaria no es mía, remito al lector para que lo compruebe, al estudio que el

joven profesor de Derecho político, José Zafra Valverde, acaba de publicar con el sugestivo título de

«Poder y poderes». Resulta que la interpretación actual del paradigma, ya viejo, de la división de poderes

nos ha llegado a través de una mala lectura de Montesquieu. El establecimiento de la triada inampliable

(el Poder —con mayúsculas— sólo se encarna en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial) es

pulverizado por Zafra Valverde, con buen criterio, al demostrar que esa división es siempre en la práctica

inexacta. En su lugar propone, para sustituirla, un quinteto: poder de autoridad, poder de dirección, poder

deliberante, poder de ejecución y poder judicial. Y es curioso —a mí al menos me lo parece— que el

profesor citado no hable para nada del poder moderador y, al tiempo, encarne, en la Jefatura del Estado,

lo que él llama poder de Autoridad. Porque creo que es una muy jugosa idea voy a intentar poner en

relación ambos términos incardinándolos además en la concepción, que creo correcta, de la figura del Rey

en nuestras Leyes Fundamentales.

Salta a la vista que el futuro Rey de España no es, en la Ley, ni deberá ser en la práctica, una mera figura

decorativa. Si su papel quedara reducido a garantizar la transmisión «pacífica» de la «representación o

primera Magistratura del Estado», el juego real de la política discurriría por otros cauces y, al quedar

marginado el Rey, casi ninguna de las ventajas que la forma monárquica comporta serian alcanzadas por

la Institución. Nadie o casi nadie contaría con aquél que, aún representante de la Nación, no ejerce «ex

definitione» poder real alguno, ni suscita obediencia, por ello, en y sobre el pueblo. Siendo el «prestigio»

muy importante, y más en política, no basta, y menos aún en momentos de cambio, para asegurar la

«tranquilitas ordinis». Los defectos que tantos tratadistas y políticos encontraron en su día a las llamadas

Repúblicas Coronadas, podrían ser reproducidos en este punto.

En cambio, en la Ley española, al Rey se le ofrece y se le sujeta a un gran abanico de facultades que

hacen de él algo más que un simple titular de soberanía, vacía de contenido, y mucho más que una figura

nacida de la pura necesidad protocolaria. El Rey de España, no lo olvidemos, ejerce el mando supremo de

los Ejércitos, convoca a las Cortes, somete Leyes a referéndum, designa y releva de sus funciones al jefe

del gobierno en la forma legal establecida, convoca y preside los Consejos de Ministros y, en ocasiones

en que no se traten temas referentes a su persona o a la de sus herederos, también preside las

deliberaciones del Consejo del Reino, etc...

¿Quiere ello decir que el futuro Rey de España no será o no podrá ser «moderador»? Todo lo contrario.

Ese amplio has de facultades que la Constitución le confiere tienden al tiempo a configurar su

Magistratura como el más idóneo instrumento, por ser el más apto personaje para moderar el ejercicio de

la autoridad en todas sus expresiones y facetas, precisamente, y lo subrayo, porque el suyo, el Poder Real,

es poder de Autoridad: «Caput Hispaniae».

Cierto —y ello es altamente loable—que el papel del Rey dista mucho, tanto en la concepción legal como

en la que le confiere la doctrina, al que han concedido al dictador o al déspota. Por encima del Rey está,

por supuesto, la Ley. Y la Ley española configura la Monarquía en el tipo de las que los tratadistas llaman

«monarquías limitadas».

Pero me parece muy importante, resistiéndome a la tentación de elucubrar teorizando, traer a colación en

esta primavera de 1975 esta condición operativa, este contenido de autoridad que el futuro Rey de

España, en concreto, tiene. Porque el gran problema de nuestra hora sucesoria va a ser, a no dudarlo,

impregnar al pueblo del verdadero significado del papel del Rey. Que vean en él lo que realmente es: su

principal defensor y punto de apoyo. Y no sólo eso: es utilísimo también que el pueblo sepa que su Rey

cuenta con medios, previstos en la Ley, para el buen y difícil fin del cumplimiento de tan ardua como

altísima misión.

El Rey de España, por encima de partidismos, sin otras miras que el logro del bien común, no será

evidentemente un heredero del Generalísimo Franco. No; porque no le podrá suceder «in loco et in ius»; y

así según está ya previsto en nuestras Leyes Fundamentales, es de naturaleza intransmisible la facultad de

legislar que el Generalísimo tiene en virtud de las famosas leyes de 1938 y 1939. Pero tampoco será la

ruptura del sistema, sino la coronación del mismo abierta al futuro. Y lo que importa ahora es que todos

sepamos, nos empapemos, de que ese poder de la Autoridad real va a ir más allá de la simple mediación,

va a ser decisorio en los más trascendentales temas, sin merma y precisamente para potenciar una más

lograda, auténtica, eficaz y clara participación ciudadana activa.

Cuando tanto se habla de reforma Constitucional —y aun de ruptura— creo que lo primero que hay que

hacer es preguntarse a dónde vamos, cuál es el esquema previsto y su fundamentación. No empezar —

demagógica e ignorantemente— a construir un futuro poniendo como primera piedra el rechazo de lo

legalmente previsto, en la mayoría de los casos, sólo porque está previsto.

Al término de una conferencia que tuve ocasión de dar recientemente, me preguntaba en el coloquio uno

de los oyentes:

—Pero bueno, a fin de cuentas, ¿un Rey para qué?

Y, no sé si acertadamente, me atreví a contestarle:

—Para que España encaje en una perdurable forma de Estado que haga pasible que usted y que yo

sigamos discurriendo sobre lo que más conviene al pueblo español teniendo él la última palabra.

José María RUIZGALLARDON

30 de mayo de 1975

 

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