Autor: INDONIO. 
   La Corona y la Generalitat     
 
 Arriba.    11/09/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

LA CORONA Y LA GENERALITAT

AUN atando sus orígenes son medievales y fundamentalmente ligados a la percepción de

tributos acordados en Cortes, la Generalitat encuentra sus antecedentes modernos como

organización gestora regional en la mancomunidad de Diputaciones, que tuvo una vida efímera

y un presidente egregio, Prat de la Riba. Infortunadamente, Primo de Rivera suprimió la

experiencia que estaba dotada de una capacidad germinal de alto interés y que venía ya

revelándose operativa y eficiente en varios aspectos de la vida catalana.

LA Generalitat aparece años después, ya en época republicana, y se consagra en el Estatuto

de Cataluña promulgado por ley de 15 de septiembre de 1932. El Estatuto es, pues, una ley

que desarrolla la Constitución republicana de 1931. ¿Pero qué es la Generalitat? Desde el

punto de vista legal, la única definición existente es la contenida en el artículo primero del

referido Estatuto. «Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español con

arreglo a la Constitución de la República y al presente Estatuto. Su organismo representativo

es la Generalitat y su territorio. ... Y en el artículo 14 del mismo Estatuto que comentamos, se

determina que ia Generalitat estará integrada por el Parlamento, eí presidente de la Generalitat

y el Consejo Ejecutivo. Y en este mismo artículo se establecía claramente que «el presidente

de la Generalitat asume la representación de Cataluña. Asimismo, representa a la región en

sus relaciones con la República, y al Estado en las funciones cuya ejecución directa le esté

reservada af Poder Central». En cuanto al modo de designación, el presidente será elegido por

el Parlamento de Cataluña y deberá dimitir de su cargo en el caso de que el Par lamento le

negara de modo explícito la confianza.

NOS encontramos por consiguiente con una figura dual y constitucional. Dual, porque es la

máxima autoridad representativa y ejecutiva de Cataluña, por una parte, y dé otra es el

representante del Estado en las funciones cuya ejecución directa le esté reservada al Poder

Central. Era una figura de integración, una figura puente, tanto estatal como regional. Y, por

supuesto, sometida a responsabilidad —y a remoción— ante el Parlamento catalán. Ignoramos

cuáles sean las bases de acuerdo que han presidido la redacción del decreto-tey que

restablecerá la Generalitat con carácter provisional, pero, en todo caso, se remite al futuro el

cumplimiento de varias condiciones: La primera y cardinal es que la Constitución recoja la

facultad autonómica para las regiones. Segundo, que los propios catalanes aprueben el

Estatuto de Autonomía subsiguiente a? decreto-ley de restablecimiento provisional y,

finalmente, que las Cortes Españolas lo ratifiquen por la mayoría que sea procedimentalmente

exigible.

EN el proceso actual, la autonomía de Cataluña —de la que únicamente conocemos que el

presidente de la Generalitat asumirá la Presidencia de la actual Diputación Provincial de

Barcelona— se sancionará antes que fa Constitución del Estado español siendo, como es

inevitable que así sea, esta norma fundamental de la nación española el superior amparo y

garantía del régimen autonómico catalán. Ya el artículo 11 de la Constitución republicana de

1931 fijaba con carácter general en uno de sus párrafos que «una vez aprobado el Estatuto

será la ley básica de ta organización político-administrativa de la región autónoma, y el Estado

español la reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico».

EN el vértice de la legislación política española se encuentra transitoriamente la ley para la

Reforma Políticfa, que es una norma ordenadora para un proceso que culminará con la

Constitución del Estado español. En ausencia de Constitución —las Leyes Fundamentales no

contemplan la posibilidad de la au tomía—, nuestro ordenamiento jurídico actual no permite

sino fórmulas tibias de descentralización y desconcentración administrativa. En consecuencia,

¿cuái será la apoyatura jurídico-política suficiente para el reconocimiento de la Generalitat, que

implica no sólo una división de competencias entre el Estado español y Cataluña, sino una

genuina representación catalana unitaria y orgánica ante el Estado español y un Parlamento

propio? En el conjunto de las posibilidades jurídicas existentes, sólo la jefatura del Estado

posee la capacidad para promulgar una norma semejante. Ni siquiera el Gobierno, ni las Cortes

—por cuanto el tema catalán no ha causa do estado parlamentario.

LA decidida voluntad de ta Corona por conseguir un hogar nacional confortable y autentificado

para todos los españoles, capaz de articular la personalidad regional específica con la

personalidad global española, hí puesto en marcha una solución que refleja la aspiración

popular catalana y es susceptible de normalizar las relaciones intrarregionales españolas por

tanto tiempo alteradas o sofocadas, ia última palabra la tiene la Corona, porque no existe

atribuida a ninguna otra instancia la fa cuitad de legalizar la Generalitat de Cataluña. La capaci-

dad jurídica del Rey se pone al servicio del consenso de ta clase política española y del largo,

intenso y tantas veces frustrado anhelo autonomista catalán que, lejos de ser un particularismo

se constituye en adelantado de un proceso general por el que han de discurrir, para ser más

españolas, las nacionalidades de España. INDONIO

 

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