Autor: Azaola, José Miguel de. 
   Suárez-Tarradellas: una negociación abusiva     
 
 El País.    26/08/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 12. 

EL PAÍS, viernes 26 de agosto de 1977

OPINIÓN

TRIBUNA LIBRE

Suárez-Tarradellas: una negociación abusiva

JOSÉ MIGUEL DEAZAOLA

La indiscutible capacidad de maniobra del presidente Suárez tiene el grave inconveniente de que, eufórico

por los éxitos obtenidos en algunas importantes materias, el jefe del Gobierno parece esperar que su

habilidad negociadora le permitirá apuntarse nuevos triunfos en campos que, por escapara la esfera de sus

atribuciones (mucho más reducida hoy que antes del 15 de junio), debiera abstenerse de invadir por

razones, a la vez, de discreción y de prudencia. Una vez elegidas las Cortes, el ABC de la democracia

requiere que sean los representantes del pueblo, y no el Gobierno (y menos todavía un Gobierno

monocolor emanación de un partido importante, sí, pero que no tiene mayoría absoluta ni de senadores ni

de diputados), quienes tracen las líneas maestras a las que ha de ajustarse la nueva Constitución. Y si hay

materia que debe estar regulada en la Constitución y que, por consiguiente, es atribución irrenunciable de

las Cortes, y no del Gobierno (y menos aún de un Gobierno que no representa la mayoría absoluta de las

Cortes), esa materia es, sin duda alguna, la amplitud de la esfera de competencia que podrán tener en el

interior del Estado los países o regiones autónomos, así como la forma en que cada uno de éstos deberá

actuar para constituirse como tal.

La generalidad provisional

Pues bien: a tenor del texto del comunicado que el 17 de agosto se ha dado a conocer en la localidad

francesa de Saint-Martin-le-Beau después de la reunión celebrada por Tarradellas con la comisión

negociadora de la asamblea de parlamentarios catalanes, ha sido examinado en esta reunión un

documento que era fruto de las negociaciones que acababan de tener lugar en París entre el propio

Tarradellas y el diputado Sánchez Terán, enviado personal del presidente Suárez, del grupo de cuyos

asesores forma parte. Y en ese documento, además de preverse la tramitación a seguir para el

restablecimiento de la Generalidad de Cataluña, se anuncia que será atribución de esta última «la ela-

boración del proyecto de estatuto de autonomía». Dado que el restablecimiento de la Generalidad tiene

carácter meramente provisional, sería excesivo decir que con él se prejuzga o se condiciona las decisiones

que, en su día, puedan tomar las Cortes. Pero son varias las preguntas que, a este propósito, brotan en la

mente de cualquier observador atento; así: ¿para qué sirve el Ministerio de Relaciones con las Regiones,

de reciente creación, si se lo deja al margen de la única relación importante que, no con una región, pero

sí acerca de una región ha entablado hasta ahora el Gobierno? ¿En qué base legal se apoyará la «comisión

mixta» (Gobierno central-Generalidad catalana) que se quiere crear «para proponer al Gobierno la

transferencia a la Generalidad», ya desde ahora, de ciertas funciones y competencias», cuando aquéllas

cuya transferencia proponga desborden la esfera de las que hoy corresponden a las Diputaciones

Provinciales? ¿Con qué medios financieros contaría, en este último caso, la Generalidad de Cataluña para

prestar los servicios correspondientes? Si la respuesta a la primera de estas preguntas afecta únicamente a

la distribución de las funciones en el seno del Gobierno, las respuestas a las otras dos afectan a la

competencia legislativa, y podrían incluso afectar a la competencia constitucional, de las Cortes.

Con ser esto importante, aún lo es más el punto relativo a la elaboración del proyecto de estatuto. Si el

estatuto se limitase a configurar las instituciones de la Cataluña autónoma, nadie tendría derecho a objetar

nada, pues se trata de un asunto interno, en el cual los catalanes deben gozar la más completa libertad.

Pero la expresión «estatuto de autonomía» permite suponer que el texto que se elabore trazará igualmente

los límites de la esfera de competencia de esa Cataluña autónoma. Si el Gobierno encarga ahora a la

Generalidad la elaboración de un proyecto de esta índole, o el encargo no es serio (y, entonces, se está

engañando a los catalanes), o el proyecto elaborado por la Generalidad deberá ser sometido a las Cortes.

Y aquí si que nos encontramos ante una invasión de la competencia legislativa y constituyente de las

Cámaras elegidas el 15 de junio. No se trata de una invasión jurídica, pues la ley de Reforma Política,

gracias a cuya aprobación existen hoy esas Cámaras, dice que la Constitución puede revisarse por iniciati-

va del Gobierno o del Congreso, de modo que ninguna norma vigente impide al Gobierno presentar a las

Cortes e¡ proyecto de estatuto para Cataluña, elaborado por la Generalidad, como proyecto de ley

fundamental, cuya aprobación implicaría la revisión de la Constitución (para lo cual, recordémoslo, sería

imprescindible su ratificación en referéndum por el cuerpo electoral de toda España). Pero se trata de una

invasión política, ya que existe un consenso general, con arreglo al cual no será el Gobierno, sino que

serán los parlamentarios quienes conciban y elaboren el proyecto de la nueva Constitución, llamada a ser

discutida y aprobada por los plenos de ambas Cámaras. Y aún no sabemos si la nueva Constitución

dispondrá que las Cortes examinen y aprueben, uno por uno, el alcance de la esfera de competencia que

ha de corresponder a cada uno de los países o regiones autónomos, o si establecerá (como es de desear)

un procedimiento más general y más sencillo; ni sabemos lo que estipulará acerca de cómo y por quién

habrán de elaborarse los proyectos de estatuto, en el caso de que haya de haber proyectos de estatuto.

Esto, sin contar las normas relativas a la Hacienda pública que serán, en última instancia, la clave de

todos los problemas; pues, sin ingresos fiscales, no hay servicios públicos, ni centralizados, ni

descentralizados. Las negociaciones entre Suárez y Tarradellas nos hacen, por consiguiente, correr el

riesgo de que las Cortes, colocadas ante unos hechos consumados, tengan que optar por desautorizar al

Gobierno o por resignarse a ratificar una componenda que, al constituir un precedente, habria de

prejuzgar la política a seguir respecto de los demás países o regiones de España. Cualquiera de ambas

opciones podría ser el inicio de una sucesión de males susceptible de llegar muy lejos.

El marco obligado de la negociación

No es con el Gobierno con quien Cataluña deberá negociar el alcance de la autonomía y el acceso a ello,

sino con los demás países o regiones de España. Es mediante acuerdo entre todos éstos, como deben ser

definidos los límites y el contenido de las esferas de competencia respectivas del poder central y de los

entes autónomos. Habiendo designado los electores sus representantes en Cortes, tanto en Cataluña como

en el resto de España, son estos representantes los portadores de la legitimidad democrática, y a ellos les

corresponde, agrupados por países o regiones, designar de su seno las personas que, en nombre de cada

región o país, lleven las negociaciones con los demás y sometan luego el resultado de las mismas a la

decisión de los plenos de ambas Cámaras. El Gobierno debe quedar al margen de unas negociaciones que,

además de desgastarlo, le harán entrar, tarde o temprano, en conflicto con las Cortes. Y los parlamentarios

—catalanes y no catalanes— deben abandonar de una vez el deslucido papel de comparsas.

El PSOE, que por su capacidad de movilización electoral es hoy la segunda fuerza política española, se

proclama abiertamente federalista. Ahora tiene ocasión de mostrar la autenticidad de su federalismo,

demasiado reciente todavía para ser aceptado por la opinión sin asomo de reservas ni de suspicacias. Toda

federación (lleve o no este nombre) implica un pacto, expreso o tácito, entre los entes político-admi-

nistrativos que lo componen: en este caso, entre los países o regiones autónomos de la futura España

democrática. Y a semejante pacto sólo puede llegarse en la coyuntura presente, dentro del marco de las

Cortes. Actuar al margen de éstas, aún respetando la legalidad literal, es salirse de la legitimidad

democrática. Por más que quien así actúe sea, como lo es el presidente Suárez, maestro consumado en el

arte de la maniobra. Si los diputados y senadores obligan al Gobierno, antes de que sea demasiado tarde, a

devolver a las Cortes el protagonismo que les corresponde en la importantísima y sumamente delicada

materia de las autonomías, habrán prestado a España y a la democracia un servicio del más alto valor.

 

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