Autor: García Jiménez, Jesús. 
 La radiodifusión española en la vida política nacional (II). 
 La radio republicana, la Generalidad y las autonomías     
 
 Informaciones.    11/10/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 12. 

LA RADIODIFUSIÓN ESPAÑOLA EN LA VIDA POLÍTICA NACIONAL (II)

La radio republicana, la Generalidad y las autonomías

POr Jesús GARCÍA JIMÉNEZ

MADRID, 11

AL día siguiente de la proclamación de la II República se creaba el Ministerio de Comunicaciones.

Coincidía este momento con el inicio de una nueva política, que sería desarrollada durante seis meses por

el Gobierno provisional, tal como estaba previsto en el «pacto de San Sebastián». En el decreto, que

inauguraba el nuevo régimen, se analizaban las responsabilidades contraídas por los colaboradores de la

dictadura y se ampliaba el cuadro de las libertades individuales. Entre éstas iba a ser estimada la libertad

para el ejercicio f un. damental del «derecho a comunicar» por medio de la radio. Un decreto del 8 de

abril de 1932 autorizaba al Ministerio de la Gobernación a convocar un concurso de suministro e

instalación de emisoras, que habrían de constituir la red nacional de radiodifusión del Estado y a arrendar

sus programas. En diciembre del mismo año se ampliaba legalmente esa facultad para la instalación de

emisoras de radio locales de pequeña potencia. Parecía una ocasión privilegiada para llevar a cabo, con la

ayuda de la radio, el programa de la alianza social-azañista, que apuntaba a la transformación social y

política de España. La radio, cuya red nacional coexistiría con las estaciones privadas, podría haber sido

un excelente medio coadyuvador en la reforma de las estructuras si ésta se hubiera abordado con mayor

cautela, menor premura y más tacto político, asociando a la acción política de la radio la educación

popular. Oportunidad Para la democratización de la radiodifusión (y con ella y por ella del país) como se

ha dado en 1932 no ha vuelto ya a repetirse en nuestra Historia contemporánea. La radio fue, sin

embargo, punto neurálgico en el problema del Estatuto catalán, que, junto con la reforma agraria,

constituía el más urgente y sugestivo proyecto político del bienio en que gobernó Azaña en alianza con el

socialismo. Proclamada la República catalana por Francisco Macià, y constituido, tras tensas ne-

gociaciones con el Gobierno provisional de la República, el Gobierno de la Generalidad, una comisión

parlamentaria, encargada del Estatuto catalán, introducía en el dictamen el debate de los problemas de la

enseñanza, el idioma y la administra c i ó n de justicia. Coma tema conexo con los dos primeros, apareció

pronto el problema de la radiodifusión. La Constitución, al ocuparse de las atribuciones de la

Generalidad, precisaba dos aspectos fundamentales, relativos a la radio: su legislación y ejecución serían

de exclusiva competencia del Estado español. Sin embargo, podría corresponder a las regiones autónomas

la «ejecución» radiofónica, en la medida de su capacidad política y siempre a juicio de las Cortes.

La decisión irritó a los partidarios de una «catalanización» a ultranza de la radio y en esa actitud se

involucraron sentimientos claramente separatistas, como el que corresponde a este comentario parcial de

La Voz de Cataluña: «Todos los radioyentes de Cataluña esperan y quieren que nuestra radiodifusión sea

dirigida e intervenida por elementes, hijos de nuestra tierra, porque sólo asi se puede dar a la

radiodifusión cátala. na una personalidad propia y devolverle aquel prestigio mundial, qué tuvo en sus

inicios y más tarde fue perdiendo.» Actitudes semejantes cundieron en la Prensa catalana, instigada,

según parece, por la Asociación Nacional de Radio. difusión. La campaña arreció todavía más cuando se

conoció la redacción definitiva del Estatuto de Cataluña, aprobado por los diputados. Para acallar los

ánimos de los autonomistas más radicales, el consejero de Cultura de la Generalidad creaba un Comité de

Radio, encargado de estructurar la radiodifusión catalana. Se ganó con ello un tiempo necesario, y a

primeros de febrero de 1934 era pre. sentado a las Cortes el proyecto de ley de Radiodifusión. Aunque

éste mereció, hablando en términos generales, el asentimiento de los diferentes grupos políticos, la

opinión catalana siguió mostrándose claramente hostil por considerarlo «netamente centralista». En la

Cámara se perfilaron dos posiciones irre. conciliables. Frente a la mayoría de diputados, que daban su

aprobación al proyecto de José María Cid, ministro de Comunicaciones, los grupos regionalistas vascos y

gallegos se mostraban decididos partidarios de la tesis catalana. La sociedad española, más allá de

cualquier planteamiento regionalista, había com. prendido, la trascendencia de la radio y su peso

específico en la vida política nacional. Las sesiones de la Cámara se pusieron al rojo vivo. Surgieron

rumores de dimisiones, pero el ministro se mantuvo irreductible. El artículo primero de la ley definiría

finalmente al servicio de radiodifusión como una «función esencial y privativa del Estado», cuyo

desarrollo correspondía al Gobierno. Un según. do párrafo trataba de salvar los derechos de las regiones

autónomas, pero a la medida escrupulosa y exacta de la le. tra, tanto de la Constitución como del Estatuto.

Como dijo expresamente el ministro: «Ni un milímetro más, ni un milímetro menos.» En lo concerniente

a la política informativa de la radio, se fijaba que las entidades radiodifusoras estarían obligadas a

organizar un servicio especial de información general. Las noticias deberían corresponder a una triple

norma: brevedad, imparcialidad y actualidad. El Gobierno, por medio de sus delegados, adoptaría las

medidas oportunas para asegurar la «neutralidad ideológica» del servicio, cuya orientación general se

encomendaba a la Junta Nacional de Radiodifusión, asistida ahora por las Juntas regionales.

De este modo, la mística de la reforma revolucionaria, que había alumbrado a la segunda República,

preconizando un Estado democrático, regionalista, laico y abierto a las reformas sociales, volvía a

hipotecar la libertad de la radiodifusión española. El camino de la República, obstaculizado por las presio-

nes sindicales y socialistas del mundo del trabajo, la reacción de los grandes latifundistas y la angustia de

las conciencias, precipitaba a España por los caminos de la violencia y de la sangre. Vicens Vives lo ha

dicho hermosamente: «De la misma manera que muchas gotas de agua forman un torrente, los hispanos se

dejaron arrastrar hasta el dramático torbellino de julio de 1936.»

 

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