Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
   La libertad religiosa  :   
 De Amadeo de Fuenmayor. Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1974. 
 ABC.    16/01/1975.  Páginas: 2. Párrafos: 15. 

«LA LIBERTAD RELIGIOSA»

De Amadeo de Fuenmayor 160175

Por José María RUIZ GALLARDON

Ediciones Universidad de Navarra. Pamplona, 1974.

Un tema y un autor especialista en él. Tema que ha dejado —afortunadamente— de ser polémico a nivel

popular, pero que sigue siendo profundamente interesante. Y un autor, Amadeo de Fuenmayor, jurista

fino si los hay y que enraiza sus conocimientos y saberes en profundos cimientos teológicos.

El día 7 de diciembre de 1965 era aprobada por el Concilio su «Declaración sobre la libertad religiosa»

que se tituló «Dignitatis humante». El texto fue recibido con expectación. Hubo quien creyó —y algún

periódico llegó a dar noticia de ello que la Iglesia se retractaba de su anterior doctrina. Y, sin embargo, no

hay tal. Hoy podemos afirmar con Amadeo de Fuenmayor que ninguno de los principios católicos sobre

la libertad religiosa ha sido alterado por el Concilio. Han sido, eso si, explicitados en su contenido

jurídico. Porque —y ello es importante— la Declaración usa el término libertad religiosa desde una

perspectiva jurídica, libertad que no se define en relación con Dios, sino en relación a una institución

civil: el Estado. Para el Concilio la libertad religiosa de que se trata es igual a derecho de la persona y de

las comunidades a la libertad social y civil en materia religiosa.

Cierto que la Declaración «Dignitatis Humanae» cumple con su propósito de desarrollar la doctrina de los

últimos Pontifices», pero cierto que va —en terreno jurídico— más allá de donde aquéllos llegaron, pues

define la libertad religiosa como «un derecho que permanece también en aquellos que no cumplen la

obligación de buscar fa verdad y de adherirse a ella». Amadeo de Fuenmayor, para explicarnos estas y

otras afirmaciones, acude al fundamento mismo de ese derecho que no es otro que la dignidad de la

persona humana. Y de la mano del profesor Millán Puelles nos explica que ese término «dignidad»

significa la superioridad o la importancia que corresponde a un ser independientemente de la forma en

que éste se comporte. Y es a la persona humana como tal a quien corresponde ese derecho a la libertad

religiosa civil. Aclara el concepto: «Se trata de una exigencia de libertad en la sociedad huma na», del

«libre ejercicio de la religión en la sociedad», de una «inmunidad de coacción en la sociedad civil». En

rigor, es la demanda de una esfera de independencia civil frente al poder coactivo del Estado para que «en

materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a

ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos».

Examina a continuación la naturaleza de ese derecho fundamental. Y escribe: «El derecho de libertad

religiosa se caracteriza, ante todo, por su carácter negativo, nota también distintiva de todos los derechos

de libertad. A través de estos derechos el hombre se libra de algo: queda en paz, está libro de las

restricciones que antes disminuían su libertad. Lo que tiene relevancia jurídica a los efectos de definir y

caracterizar los derechos de libertad, no son las manifestaciones concretas positivas de la libertad, sino

solamente los limites establecidos, para que esas manifestaciones sean civilmente licitas, y el deber

negativo del Estado y de todos los miembros de la sociedad civil en relación a ellos.»

La amplitud de la autonomía de la persona humana debe estudiarse en torno a los siguientes puntos;

Amplitud de la autonomía: los titulares de este derecho (personas individuales y comunidades religiosas);

los sujetos pasivos (sobre quién recae el deber de no coaccionar); el ámbito de la esfera de autonomía

(actuación libre en materia religiosa, en privado y en público), y (a existencia de límites en el ejercicio del

derecho. Entre los sujetos pasivos se hace referencia más amplia a las autoridades civiles.

Al decir que nadie debe ser impedido, en materia religiosa, a actuar «sólo o asociado con otros» se

incluye, entre los titulares del derecho, a las comunidades religiosas.

Es de interés señalar la diversa valoración que el Concilio da al principio de igualdad jurídica respecto de

las personas individuales y de las comunidades religiosas. Esta exigencia de Igualdad Jurídica está en la

entraña misma de la libertad religiosa cuando se trata de los ciudadanos, es decir, de las personas

individuales.

Cosa muy distinta ocurre con referencia a las comunidades religiosas, para las que el criterio conciliar se

expresa en un pasaje redactado con particular esmero: «si en atención a las peculiares circunstancial de

los pueblos se atribuye a una comunidad religiosa un especial reconocimiento civil en la ordenación

jurídica de la sociedad, es necesario que al mismo tiempo se respete el derecho a la libertad en materia

religiosa de todos los ciudadanos y comunidades religiosas». Se contempla aquí la hipótesis del Estado

confesional.

A este tema del Estado confesional dedica Fuenmayor un largo y documentado estudio. Establece que la

confesionalidad del Estado no conoce una única forma de realización histórica; que es consustancial al

cristianismo —y en esto se distingue de otras religiones— una permanente tensión entre la Iglesia y la

comunidad política y que es preciso distinguir entre confesionalidad formal (solemne declaración de

catolicismo oficial por parte del Estado) y confesionalidad sustancial (inspiración auténtica de las

instituciones en los criterios señalados por el Magisterio de la Iglesia). Pues bien, teniendo presentes los

criterios expresados es fácil señalar el alcance de la declaración conciliar. Si en atención a las peculiares

circunstancias de los pueblos una comunidad religiosa es especialmente reconocida en la ordenación

jurídica de la sociedad, es necesario que al mismo tiempo se reconozca y respete el derecho a la libertad

en materia religiosa de todos los ciudadanos y comunidades religiosas.

De ello se deduce que el Concilio no considera superada la idea de la confestonalidad referida al Estado,

pero que, aún admitiéndola como hecho, la refiere no sólo al caso de un reconocimiento especial de la

religión católica, sino también al caso de otras religiones (islamismo, luteranismo, etc.) presentando como

un binomio inseparable la hipótesis de confesionalidad, católica o no, y la exigencia de un régimen civil

de libertad religiosa.

A la luz de todo ello se examina el caso español y en el que a juicio de Fuenmayor y como consecuencia

deberá revisarse el privilegio de, presentación para los nombramientos episcopales de que actualmente

goza España. Deberá revisarse también el Acuerdo entre la Santa Sede y España de 18 de Julio de 1946

sobre la provisión de beneficios no consistoriales, por haberse mantenido en él un derecho de

presentación en favor de la potestad civil. Deberá precederse a la revisión de los privilegios que aún

conservan algunos Estados, y entre ellos, el llamado tradicionalmente «privilegio del fuero» de clérigos y

religiosos, y régimen de Universidades de la Iglesia dedicadas a estudios civiles.

Aportación interesantísima de este libro es la relativa al tema de las relaciones entre libertad religiosa y

bien común temporal. El eje central de la declaración se encuentra en el doble aserto de que la persona

humana tiene derecho a la libertad religiosa y que este derecho ha de ser reconocido en el ordenamiento

jurídico de la sociedad de forma que llegue a convertirse en un derecho civil. Pues bien, para determinar a

quién corresponde la protección de tal derecho, acude el Concilio a una noción tradicional: la del bien

común, el exponente más acabado de la concepción de la sociedad según el Magisterio de la Iglesia.

«Despues de Dios, el bien común es la primera y última ley de la sociedad humana.»

La declaración define el bien común como la suma de aquellas condiciones de vida social mediante las

cuales los hombres pueden conseguir con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. El bien común

ofrece dos elementos permanentes y otro variable. Son permanentes la finalidad a que se sirve el bien

común —finalidad coincidente con la propia de la vida social— y la necesidad de establecer aquellas

condiciones, estructuras y medios adecuados para lograrla. Es variable el contenido concreto del bien

común, porque depende de las circunstancias particulares de cada sociedad, y el Concilio, después de

recordar que el bien común de la sociedad «consiste primordialmente en el respeto de los derechos y

deberes de la persona humana» declara que por ello la protección del derecho a la libertad religiosa

concierne tanto a los ciudadanos como a los grupos sociales, a los poderes civiles como a la Iglesia y a las

demás comunidades religiosas, según la índole peculiar de cada uno de ellos, a tenor de su respectiva

obligación para con el bien común. Con ello se logra «un punto de coincidencia en el actual estado de la

sociedad caracterizada por el pluralismo religioso».

Pienso que la lectura de este libro resulta Indispensable para Juristas, políticos y clérigos. Y muy

aleccionador para el pueblo fiel al que Amadeo de Fuenmayor dedica otro jugosísimo capitulo. Quédese

para otra ocasión, con más espacio, la exposición de algún punto de vista discrepante para con alguna

tesis del autor de ésta, por todos conceptos, admirable aportación,—

J. M. R. G.

 

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