Autor: Estefanía, Joaquín. 
 Integración de la distribución de Campsa y mayor control del Instituto. 
 Los socialistas presentan un texto alternativo a la composición del Instituto Nacional de Hidrocarburos     
 
 El País.    09/07/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 11. 

Integración de la distribución de Campsa y mayor control del Instituto

Los socialistas presentan un texto alternativo a la composición y funciones del

Instituto Nacional de

Hidrocarburos

JOAQUÍN ESTEFANÍA MOREIRA

La inclusión del sistema de distribución de Campsa en el Instituto y los

aspectos relacionados con el

control externo y parlamentario y con el régimen de incompatibilidades de sus

directivos son los puntos

más destacados de la enmienda a la totalidad y de las diferentes enmiendas

parciales que los socialistas

han presentado al Congreso de los Diputados relacionadas con la creación del

Instituto Nacional de

Hidrocarburos.

El pasado día 30 de junio, el PSOE presentó a la mesa de la Comisión de

Industria y Energía del

Congreso una enmienda a la totalidad con aportación de texto alternativo al real

decreto de creación del

Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) y una serie de enmiendas parciales a

diversos puntos del

mismo. Como se recordará, el decreto ley será tramitado en el Congreso como

proyecto de ley con

discusión en ponencia, comisión y pleno.

Los socialistas incorporan en su texto la vieja idea defendida anteriormente por

sus portavoces, de la

necesidad de incorporar la red de distribución de Campsa al INH, para evitar

zonas grises posteriores que

podrían producirse en el futuro, con la desarticulación del monopolio fiscal con

motivo de la entrada en el

Mercado Común. «No se trata de nacionalizar la distribución, ha dicho uno de los

expertos del PSOE en

el tema a este periódico, sino de evitar una privatización solapada o la

posibilidad de que las

multinacionales se queden con ella».

Patrimonio fundacional

Para ello, el texto alternativo propone que el patrimonio fundacional del INH

esté integrado por: una

dotación inicial de trescientos millones de pesetas; las acciones y derechos

pertenecientes al Estado en

Petroliber e Hispanoil; las acciones y derechos pertenecientes al Estado y al

Banco de España de Campsa;

las acciones y derechos que actualmente pertenecen al INI en Enpetrol,

Hispanoil, Eniepsa, Enagás y

Butano, y «las propiedades y derechos del Estado afectados al Monopolio de

Petróleos». En el decreto-ley

publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado 24 de abril, en este

último punto se afirmaba

textualmente: «Las propiedades y derechos del Estado afectados al monopolio de

petróleos, que no

formen parte, procedan ni vayan a ser destinados al sistema de distribución».

Además, en el texto alternativo socialista se incorpora una disposición

adicional tercera en la que se dice:

«El Gobierno, en el plazo de tres meses, acordará la creación de la Empresa

Estatal de Distribución de

Productos Petroliferos, que estará integrada por los bienes y derechos del

Estado afectados al Monopolio

de Petróleos que se dedican a la distribución y la capacidad organizativa y

recursos humanos de Campsa...

La actividad de Sociedad de Cartera, que actualmente realiza Campsa, será

segregada en otra sociedad

con estos fines específicos».

En su momento (a finales de abril), la segregación de la distribución de Campsa

del INH fue comentada

por fuentes parlamentarias del Grupo Socialista como la pretensión de los

refineros privados, de cara a la

integración de nuestro país en la CEE, de que la red de distribución de la

compañía estatal pasara a ser

patrimonio de la nación y pudiera ser utilizada por las distintas refinerías del

sector privado para distribuir

sus productos por toda España. En este sentido, las citadas fuentes pusieron de

manifiesto, con los

balances de los últimos ejercicios de Campsa en las manos, que los activos de la

compañía permanecían

con su valoración histórica, en torno a los 40.000 millones de pesetas, cuando

los valores reales de

mercado de su flota de buques, instalaciones y transportes podría superar los

250.000 millones de pesetas.

«De lo que se trata, confirmaron ahora, es de que un capital público acumulado

no pase a manos privadas

ni de las multinacionales».

Control parlamentario

Otro de los puntos más significativos del texto socialista sobre el INH es el

relativo al control del mismo.

Se puede decir que al haberse aplazado in eternum el debate sobre el Estatuto de

la Empresa Pública, el

PSOE aprovecha cualquier resquicio para introducir en él sus ideas al respecto.

En el decreto ley

publicado en el BOE, la única mención que se hace al control del Instituto dice

lo siguiente: «El régimen

presupuestario y de control será el que resulte de la consideración de sociedad

estatal que al INH atribuye

el artículo primero del presente decreto-ley».

Los socialistas introducen tres artículos específicos referidos al control

interno-auditorías-externo

(mediante la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas) y

parlamentario. En este último es

en el que se nota la influencia de un Estatuto de la Empresa Pública de la

oposición. «El control

parlamentario se ejercerá, se dice en el texto, por la Comisión correspondiente,

en los términos previstos

en los reglamentos de las Cámaras, a cuyo efecto el INH remitirá a través del

Ministerio de Industria y

Energía, en el segundo semestre de cada año, un informe comprensivo de los

objetivos económicos y

sociales « alcanzar por el Instituto durante el año siguiente, así como un

informe resumen del plan y el

programa de las empresas integradas en el mismo; en el primer trimestre de cada

año, un informe

comprensivo de los resultados alcanzados durante el año anterior en relación con

los objetivos propuestos,

con expresión de los datos indicadores de eficiencia económica y financiera y el

grado de cumplimiento

de las políticas señaladas para cada empresa».

Por último, y en una primera lectura de la enmienda socialista, se aprecia el

interés en ampliar el régimen

de incompatibilidades acordado hasta ahora. También esto coincide con la

filosofía general del PSOE. En

el decreto-ley publicado, y por el cual se rige provisionalmente el INH, se

afirma que «el desempeño de

los cargos de presidente y vicepresidente será incompatible con el ejercicio de

cualquier actividad

profesional, mercantil o pública.

El PSOE amplía este régimen sustancialmente: «Los presidentes ejecutivos y los

integrantes del nivel de

alta dirección de las empresas dependientes del INH ejercerán dicho cargo en

régimen estricto de

dedicación exclusiva, sin que, en consecuencia, puedan compartirlo con cargo

directivo en otras empresas

públicas o privadas ni con otra actividad profesional».

Dichas personas cesarán en sus cargos al cumplir los 65 años. También serían

incompatibles los

consejeros de administración de las empresas dependientes del INH con la

condición de consejero de

administración o integrante del nivel de dirección de otra empresa privada que

desarrolle actividades

análogas o relacionadas con las de la empresa pública de que se trate, o sean

suministradoras o clientes de

éstas; y por último, los integrantes del órgano de dirección o administración

del INH con la condición de

consejero o integrante del nivel de dirección de una empresa o agrupación de

empresas privadas que se

encuentre en alguna de las situaciones previstas en el régimen de

incompatibilidades del sector público

estatal.

Este régimen de incompatibilidades, de ser aprobado, afectarla ya a alguna de

las personas que forman el

alto staff del presidente del INH, Claudio Boada, como por ejemplo a Juan Alegre

Marcel, presidente de

Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA) y presidente de Unión Eléctrica (UNESA),

patronal del sector.

Por ello, toman sentido las palabras del socialista Javier Solana a este

periódico a finales de mayo, cuando

decía: «Espero que Claudio Boada sea cauto en su presidencia del INH hasta que

se apruebe el proyecto

de ley, ya que se arriesga a que salga algo cambiado de las Cortes».

Casi ultimada la estructura del INH

G.M.

El Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), creado por un decreto-ley el

pasado 29 de abril, está a

punto de cerrar su estructura orgánica y ponerse definitivamente en marcha

después del debate

parlamentario, según han informado a EL PAÍS fuentes del Ministerio de Industria

y Energía. Su

organigrama inicial, después de que a primeros de junio se creara una comisión

ejecutiva dentro del

consejo de administración, quedará cubierto con el nombramiento de un secretario

general y un director

financiero. Para el primer puesto se esperaba que saliera del Consejo de

Ministros del pasado viernes el

nombramiento de Ramón Leonato, director general de la Energía durante varios

años y hombre de

experiencia en el sector, pero la decisión parece que ha sido aplazada.

Las primeras actuaciones públicas de Claudio Boada como presidente del INH han

consistido

fundamentalmente en explicar su concepción y proyectos para el ente, así como en

asistir como accionista

mayoritario a las últimas juntas de las empresas que, desde los ámbitos de

competencias de Industria y

Hacienda, han pasado a formar parte del Instituto. En ellas, y a pesar de sus

buenos resultados, Boada

propuso, y así se aprobó, que no haya reparto de dividendos, con el fin de

contar con mayor

autofinanciación para afrontar las fuertes inversiones previstas. Las siete

empresas del INH (Butano,

Campsa, Enagás, Eniepsa, Enpetroi, Hispanoil y Pétroliber) tienen 45,581

millones de pesetas de capital y

78.125 de reservas, y sus ingresos durante 1980 ascendieron a billón y medio de

pesetas.

 

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