Autor: Badía, Enrique. 
 Presentada la Estrategia económica socialista / y 2. 
 El PSOE aborda con suma cautela la posibilidad real de reducir el desempleo     
 
 El País.    22/02/1980.  Página: 46. Páginas: 1. Párrafos: 17. 

ECONOMIA

EL PAIS, viernes 22 de febrero de 1980

Presentada la "Estrategia económica socialista" / y 2

El PSOE aborda con suma cautela la posibilidad real de reducir el desempleo

Las posibilidades reales de reducir el desempleo en España son contempladas con suma cautela por los

autores de la Estrategia Económica Socialista, a pesar de calificar una actuación en tal sentido como

objetivo prioritario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El paro, la energía, la política

monetaria y el sistema financiero, son algunos de los principales aspectos contemplados en la segunda

parte del documento socialista presentado el pasado martes.

ENRIQUE BADIA

El empleo es definido en el documento socialista como prioridad irrenunciable, aunque los economistas

del partido admiten una serie de importantes limitaciones a la hora de intentar formular una política de

reducción del desempleo que padece actualmente la economía española. Teniendo en cuenta que «la crisis

económica no ha perfilado todavía su salida», se apuntan algunos factores que explican el retroceso de la

actividad y el incremento del desempleo en los países industrializadas. Entre ellos, se citan las tendencias

a transferir mano de obra y recursos de las industrias de baja productividad y las de traspasar a los países

subdesarrollados aquellas actividades intensivas en mano de obra, la crítica coyuntura de los sectores-

punta y la aplicación generalizada de políticas estabilizadoras para frenar las tasas de inflación.

Para reducir el desempleo, los socialistas consideran insuficiente el simple crecimiento del producto

interior bruto (PIB), a menos que vaya acompañado de actuaciones relacionadas con la estrategia de un

desarrollo con especialización sectorial y la «selección y combinación de técnicas apropiadas, tratando de

eliminar los efectos más nocivos de la propia evolución del sistema, contribuyendo a la utilización

creciente de los excedentes de mano de obra». También se propone «limitar la oferta de fuerza de trabajo,

adelantando y flexibilizando la edad de jubilación voluntaria, fomentando la reducción de la jornada

laboral, prolongando la edad de escolarización, reduciendo el pluriempleo, eliminando las prácticas

fraudulentas del seguro de desempleo y limitando la realización de horas extraordinarias».

El problema estructural es también planteado en el documento. «No puede salirse de la crisis económica

con estructuras productivas similares a las existentes antes de la crisis: se reducirán los puestos de trabajo

en muchos sectores económicos, al tiempo que deberá fomentarse la inversión y el empleo en otras

actividades mejor adaptadas a los condicionamientos de la crisis». De ahí que los socialistas reiteren

frecuentemente en su estrategia la necesidad de eludir los ajustes conyunturales en un planteamiento de

política económica, tal y como, afirman, está haciendo el Gobierno de UCD.

Modelo de política económica

La formulación de una política alternativa, a corto y medio plazo, se realiza por mecanismos de simple

enunciación de principios, sin argumentar, en la mayor parte de los casos, una operativa concreta. Los

objetivos definidos son:

«Contrarrestar los efectos de índole estructural ligados a la evolución de las economías de mercado, a

través de la inversión privada .» El documento reitera en varios apartados una defensa de la iniciativa

privada, compatible con una mayor actuación del sector público, y reconoce que «el éxito de la estrategia

socialista contra el paro depende en buena medida de la evolución de la inversión de las empresas del

sector privado». Para lograr este objetivo, los socialistas proponen el establecimiento de la planificación

concertada, eliminando «obstáculos como la estructura de financiación de la Seguridad Social».

«Repartir el trabajo disponible.» Este punto parte de la premisa de que la lucha contra el paro no puede

centrarse exclusivamente en la creación de nuevos puestos de trabajo. Se propone adelantar la edad de

jubilación, especialmente en las ramas que exijan mayor esfuerzo físico del trabajador. Aumentar la edad

escolar obligatoria hasta los dieciséis años. Eliminar el pluriempleo y reducir las horas extraordinarias y

finalmente colaborar activamente en el proyecto internacional de reducir la jornada de trabajo.

«Protección al desempleo». Se hace necesario ampliar urgentemente la cobertura del seguro de

desempleo, incorporando además a los trabajadores sin empleo anterior y a los agrícolas al colectivo que

percibe el subsidio.

«Empleo agrario.» Se propone un programa de jubilación anticipada para los agricultores de más de

sesenta años, entregando las tierras que resultaran liberadas a los agricultores de menos de cuarenta, con

el objeto de propiciar explotaciones rentables. Se llama la atención sobre el desajuste estructural que

supone que mientras la aportación del sector agrario al PIB es del 10%, la población activa ocupada en él

rebase el 20% del total. Debe establecerse un censo fiable de paro agrícola y reestructurar el actual

sistema de empleo comunitario.

«El problema energético.» Se proponen tres puntos esenciales de ruptura con las políticas practicadas

hasta el momento: modelo de crecimiento (desterrando la idea de vinculación rígida entre demanda

energética y crecimiento económico); prioridad de intereses (terminar con el predominio de intereses

privados y mayor penetración del capital público), y ruptura institucional (poner fin a la dejación de

obligaciones por parte de la Administración). Se entiende que la magnitud del problema energético lo

hace inasumible por la iniciativa privada. Entre las propuestas concretas de política energética, el

documento incluye la implantación de un sistema objetivo de determinación de costes, previo a la

aplicación de una política de precios coherente, en lo que se diferencien muy claramente los componentes

de costes de producción, margen retributivo del sector y fiscalidad. También se alude a la necesidad de

estimular energías alternativas.

El sector eléctrico es citado como uno de los ejemplos de cómo «la iniciativa privada es incapaz, de

impulsar la producción sin generar costes sociales crecientes y cumplir con objetivos colectivos». Y se

afirma también que posee una estructura «feudal y anacrónica que ya se ha convertido en un freno a su

propio desarrollo». Además de la nacionalización de la red de alta tensión, los socialistas piden que el

Estado ejerza «iodos los derechos derivados de su condición de accionistas de las compañías eléctricas»

En el segmento de los hidrocarburos, los socialistas proponen la inmediata reforma de la estructura de las

refinerías y la «fusión de todas las empresas públicas del sector en un ente nacional de hidrocarburos,

adscrito al INI», cuya creación consideran fundamental. En lo que se refiere a la energía nuclear, el

documento no es excesivamente explícito. Plantea exclusivamente (en menos de veinte líneas) la

exigencia de que, «tanto las centrales en operación (tres), como las que se encuentran en construcción

(siete), no entren en operación definitiva hasta que un consejo de seguridad nuclear, independiente de la

Administración, determine la idoneidad de sus emplazamientos y condiciones de seguridad». Para las

nuevas centrales reiteran su posición ante el Plan Energético Nacional, rechazando su construcción y la

del Centro de Investigación Nuclear de Soria.

Críticas a la banca privada

Los apartados dedicados a la política monetaria y sistema financiero se hallan impregnados de una

extraordinaria agresividad frente a la banca privada, «cuya estructura, fuertemente oligopolística, lleva a

que la realización de políticas monetarias duras produzca fuertes discriminaciones en la distribución del

crédito bancario, siempre escaso.»

En política monetaria se crítica el carácter de exclusividad otorgado en la lucha contra la inflación y se

solicita una estrecha vigilancia de los mecanismos de actuación y determinación de las distintas variables.

El documento sostiene que no debe fijarse un límite a uno solo de los agregados monetarios

(disponibilidades líquidas), sino que deben cuantificarse diversas variables (crédito al sector privado,

crédito-vivienda y tipos de interés). Se solicita también el reforzamiento de los mecanismos de inspección

y control del Banco de España, separando adecuadamente las competencias monetarias e inspectoras del

banco emisor.

El análisis del sistema financiero parte de la consideración de que persisten las características esenciales

del régimen anterior. Las medidas liberalizadoras del verano de 1977 (etapa Fuentes) son abiertamente

criticadas, por entender que sólo afectaron a una reducción del intervencionismo del Estado en el sistema,

pero no han alterado la situación de oligopolio en que se debaten las instituciones de la banca privada.

Frente a esto, el documento propone la aceleración de reformas estructurales, y mientras no se lleven a

efecto «es preciso aplicar ciertos mecanismos de intervención que garanticen una financiación adecuada a

sectores tan importantes como la vivienda o bienes de equipo y, en general, un abaratamiento de los

actuales precios». El tema del coste del dinero es también analizado, incluyendo la propuesta de que sean

limitados los tipos de interés del crédito y controlado estrictamente el cobro de las comisiones bancarias y

a los de emisiones de títulos de renta fija públicos y privados. «Las desgravaciones fiscales a la inversión

en valores deben replantearse, ya que es preferible sustituirlas por subvenciones presupuestarias.» Se

alude también a la necesidad de establecer un plan concertado de reducción de los costes de

intermediación de la banca privada, que debiera incluir una autolimitación de la apertura de sucursales, Se

propone finalmente la supresión de la letra de cambio como instrumento de financiación al sector privado.

Se aportan también una serie de propuestas para los tres integrantes del sistema financiero — banca

oficial, cajas de ahorro y banca privada , en línea con las modificaciones señaladas. Asimismo, se reclama

la reforma del mercado de valores, a partir, sobre todo, de la sustitución de la obsoleta concepción del

especialista-fedatario (agente de cambio y bolsa), con especial mención de la necesidad de reforzar el

mercado de renta fija.

El documento socialista se cierra con dos apresurados repasos al futuro ingreso español en la Comunidad

Económica Europea (CEE) y a la necesidad de concertar un esquema de reestructuración sectorial para las

actividades en crisis, En el tema europeo, los socialistas rechazan categóricamente cualquier período de

preadhesión, exigen la libre circulación de trabajadores desde el momento mismo del ingreso y reclaman

del Gobierno que negocie con los distintos sectores industriales los aspectos derivados del proceso

negociador. Curiosamente, esta exigencia no se hace extensiva al sector agrícola. En el tema de la

reestructuración se reclama la inclusión entre los actuales sectores en tratamiento por la crisis de otros

dos: textil y calzado, dadas las importantes dificultades por las que atraviesan la mayoría de las empresas

en ellos integradas.

 

< Volver