Autor: Subirats Piñana, Josep. 
   La crítica presupuestaria que pasó al silencio     
 
 El País.    22/01/1982.  Página: 40. Páginas: 1. Párrafos: 20. 

EL PAÍS, viernes 22 de enero de 1982

TRIBUNA LIBRE

La crítica presupuestaria que pasó al silencio

JOSEP SUBIRATS

Los de rentas más altas están protegidos por un paraguas fiscal y, a su vez, son los mayores beneficiarios

del gasto público. Se exprime a los que trabajan a sueldo con peligro de derivar en tasas negativas de

consumo por habitante. No se utiliza la capacidad de crecimiento del sector público. No se hace apenas

nada para transformar la vieja estructura del sistema productivo. Estas y otras afirmaciones fueron

expuestas —según el autor— en el Senado con motivo de la discusión de la ley de Presupuestos, y

constituyen una crítica general a la política económica del Gobierno.

En el año 1980, el Senado adquirió notoriedad al devolver al Congreso los Presupuestos del Estado para

1981, a raíz de la insólita aprobación de una enmienda de Jos senadores socialistas, oponiéndonos al

aumento de los tipos en el impuesto sobre el tráfico de empresas. Digo insólita, dada la abrumadora

mayoría de UCD en la Cámara alta. A pesar de ello, en el salón de sesiones, aquel 20 de diciembre, había

presentes más senadores socialistas que centristas.

En 1981, de nuevo ha sido noticia el paso de los Presupuestos por el Senado, por la guillotina que se ha

aplicado a las enmiendas de la oposición, UCD, en un brusco cambio de actitud en relación con la praxis

de los años anteriores, impidió la admisión a trámite de 39 (de las 147) enmiendas, amparándose en una

súbita, dudosa y restrictiva aplicación del Reglamento. Cuestiones que se habían debalido este aña en el

Pleno del Congreso y, lo que es más grave, que se habían admitido en el propio Senado el año pasado —y

anteriores— se han visto calladas ahora. No se nos ha permitido ni tan siquiera defender enmiendas como

las que pretendían rebajar la edad para percibir la ayuda a los ancianos desprotegidos, pasando de los 69 a

los 65 años, o conceder la jubilación a los trabajadores que llevan cuarenta años de filiación y cotización,

cualquiera que sea su edad. Tampoco hemos podido postular la previsión de un fondo coyuntural de

inversión pública, por 125 millones de pesetas, para utilizarlo en el caso de no cumplirse la creación de

empleo comprometida en el ANE. En estas condiciones, como es obvio, el debate fue tenso.

Entresaco sucintamente algunos de los argumentos expuestos en el Pleno del Senado durante el debate del

proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 1982.

Por lo que se refiere al paro, en la página 174 del informe económico-financiero que acompaña a los

Presupuestos se reconoce que aumentó en 150.000 personas durante el primer semestre de 1981.

Paralelamente se produce el incremento de un punto en la participacíón del excedente de explotación en

la renta nacional, mientras disminuye la participación de las rentas salaríales.

A lo largo del año pasado se conocieron datos estadísticos de singular relevancia, facilitados por el

Ministerio de Hacienda, En ellos se ponía de manifiesto que, en 1979, el 81,63 % de los rendimientos

netos declarados en el impuesto sobre la renta de las personas físicas procedían de los salarios, cuando en

1971, ocho años antes, sólo representaban el 67 %. Para 1980, Hacienda estima que el porcentaje se ha

reducido al 76,53 %. El caso es que, vía imposición directa más vía consumo (soportando los impuestos

indirectos), los que cobran a sueldo aportan el 80 % o más de los ingresos tributarios.

Durante 1981 se ha suprimido la publicación de las listas de los contribuyentes por renta y patrimonio,

que tanto podía facilitar la lucha contra el fraude. En la misma línea está el hecho de que ante la negativa

de las instituciones financieras a entregar a Hacienda los listados de sus clientes con expresión de los

intereses percibidos, el Gobierno ha tenido que entablar recursos. O sea, que Hacienda conoce la

identidad y el número del DNI de todos los perceptores de rentas salariales y su cuantía, pero no conoce

ni lo uno ni lo otro de los clientes de los bancos y cajas de ahorro.

Gravámenes sobre pequeños empresarios

Otro tema que también ha surgido durante 1981 ha sido el de la inseguridad jurídica originada por la

Orden Ministerial de 25 de marzo último, por la que se modificaban, al alza, los porcentajes de los

rendimientos estimados en el régimen objetivo singular simplificado que se aplica a los pequeños

empresarios y a los agricultores que trabajan su propia tierra, A los pocos meses de dictarse tal orden, se

dejó en suspenso por otra, hasta el próximo primero de enero. Es decir, un parche para que no se aplicara

aquélla a los resultados del año en curso. ¿Y ahora qué? Pienso que veremos aparecer una tercera orden

ministerial si se confirma lo que se divulga a nivel gremial.

El hecho que plantea este tema no supone que abone tan privilegiado procedimiento evaluatorio lo que

pretendo señalar es que, agotadas las rentas salariales como fuentes de fiscalídad, Hacienda va a dirigir su

acción a recaudar de los pequeños empresarios. ¿Por qué? Porque a los poderosos, ciertamente, les

protege un paraguas fiscal. Hay un agujero recaudatorio en el colectivo de la singular simplificada; es

obvio y hay que corregirlo.

Pero lo que sí es evidente es que ni tan siquiera se plantea una mínima acción contra los grandes

defraudadores, y es preocupante que no se tome ninguna medida ante la caída de la recaudación por el

impuesto sobre el tráfico de empresas, a pesar de las subidas de los tipos; caída recaudatoria que origina

rentas fiscales, o sea, impuestos cobrados del consumidor por los empresarios, por cuenta de Hacienda, y

que no llegan al Tesoro público. Una apropiación indebida que no se persigue, o que por lo menos no se

divulga su persecución.

El tema de los pequeños empresarios no es un tema baladí. Basta con resaltar que, a corto plazo, la

reducción del paro depende esencialmente del comportamiento de las empresas pequeñas y medianas, o

sea, de todas aquellas en las que el equipamiento juega un papel restringido. Estas empresas, y no otras,

son las que han de ejercer la función de locomotoras creadoras de puestos de trabajo.

Los gastos fiscales vienen de nuevo a favorecer a los poderosos. Para 1982, los estímulos fiscales

presupuestarios ascienden a 555.800 millones de pesetas, rebasando et listón del medio billón, y ello sin

incluir los gastos fiscales derivados de las medidas de política tributaria contenidas en la ley de

Presupuestos para 1982. Para el impuesto de sociedades tales beneficios suponen el 70,5 % de las

previsiones recaudatorias. Con dichos beneficios se pretende propiciar la inversión privada. En realidad,

empero, los estímulos fiscales sólo sirven para facilitar la autofmanciación, minimizando la carga fiscal.

La única inversión privada significativa es la de capital intensivo, ahorradora de puestos de trabajo;

inversión que de todas formas se produciría, con estímulos fiscales o sin ellos.

Sobre renta de personal físicas

En cuanto a la evolución de las desgravaciones por inversiones en el impuesto sobre la renta de las

personas físicas, lo primero que observamos es la caída de la desgravación por adquisición de vivienda

propia; por el contrario, los beneficios fiscales por adquisición de valores mobiliarios aumenta de forma

espectacular, doblan de un año al otro. Y lo que es más significativo, los beneficios de la desgravación

por compra de vivienda propia, que es la que retrocede, son en un 80,38 % familias con ingresos por

debajo del millón de pesetas anuales, mientras que los que ven desgravadas cada vez más sus cuotas

tributarias son los compradores de valores mobiliarios (deuda pública, acciones cotizadas en Bolsa,

etcétera), principalmente los que declaran ingresos superiores a los cuatro millones.

Si nos preguntamos si hay muchos declarantes de rentas altas, observamos que (según el avance de

información que facilita el Ministerio de Hacienda para 1980) solamente un 0,6% de sujetos pasivos

declaran percibir ingresos superiores a cinco millones de pesetas anuales, mientras que el 81,31% de

declarantes son familias que no sobrepasan el millón de pesetas. Además, los ingresos de los

económicamente débiles son habas contadas, mientras que la veracidad de los ingresos declarados por los

poderosos está por comprobar. Resumiendo:

1. Si se sigue exprimiendo a los que cobran a sueldo, nos colocaremos en tasas negativas de consumo

por habitante, como ya empieza a suceder. Y ello contrasta con el incremento de productividad por

persona ocupada, del 5,2 %. Cifra alta, que conviene divulgar, A veces se olvida que desde 1975 la

productividad por persona ha crecido a una tasa anual acumulada del 4 %. Si aumenta la

productividad más que el producto interior bruto (PIB), como es notorio —este año rondará éste en

torno al 1 % de incremento—, el aumento del paro está cantado. A menos que ya hayamos tocado

techo con las inversiones ahorradoras de puestos de trabajo. Sólo así el incremento del 3 % del

producto interior bruto que nos anuncia el Gobierno para 1982 puede proporcionar realmente los

350.000 nuevos puestos de trabajo, a que se refiere el ANE,

2. No se está utilizando el potencial de crecimiento de nuestro sector público, a pesar de que es el más

bajo de los países de la OCDE y de que la presión fiscal es también la más baja, junto con la del

Japón, de dichos países.

3. No se hace nada —o se hace bien poco— para transformar la estructura productiva heredada del

pasado, que se conserva intacta, con los mismos hábitos. La palanca de la empresa pública está falta

de ejecutivos con iniciativa, imaginativos y creadores, del tipo de la Renault francesa.

4 Se está sacrificando a los trabajadores que tienen empleo para ayudar a los que no lo tienen. Así,

mientras a los que disfrutan de posiciones económicas desahogadas —y a las sociedades— no se les

aumenta la presión fiscal, las rentas familiares se quedan siete puntos por debajo del aumento del

impuesto sobre la renta de las personas físicas.

5, A las víctimas del síndrome tóxico de la colza desnaturalizada se les conceden prestaciones

económicas sobradamente justificadas, pero paralelamente no se inicia una acción fiscal, de revisión de

los patrimonios y de las rentas, dirigida hacia los responsables de tan criminal actividad, porque está claro

que un patrimonio adquirido con beneficios de tal procedencia no era ni tan siquiera declarable; y

La inflación, cuando los salarios descienden en términos reales, hay que contenerla cerrando el paso a la

cartelización, al fraude y a la especulación.

Josep Subirats es vicepresidente de la Comisión de Presupuestos del Senado PSC (PSC-PSOE).

 

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