Autor: Ballestero Pareja, Enrique. 
   Obreros agrícolas, gobierno civil y empleo comunitario     
 
 El País.    06/08/1980.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

TRIBUNA LIBRE

Obreros agrícolas, gobierno civil y empleo comunitario

ENRIQUE BALLESTERO

Los últimos incidentes en Badajoz, que recogió EL PAÍS (1171980), vienen a recordarnos otra vez el

problema de los obreros agrícolas y la política que se sigue con ellos.

Los obreros del campo, jornaleros o braceros, todavía numerosos en el Sur, forman un grupo social que

tiende a desaparecer, pero que puede tardar quince años en reducirse a la mitad, contando siempre con la

vuelta a la prosperidad industrial y a las facilidades de empleo en los otros sectores. Esto significa que

debemos considerarles como un fenómeno actual para todo lo que queda de siglo en España, y no como

una pieza de museo que fue importante en otras épocas de nuestra historia, según se oye decir a algunos

agrarias. El deseo de simplificación no nos puede llevar hasta ese extremo, pero como siempre hay que

simplificar, y más aún cuando se escribe con el espacio tan limitado, seleccionaré puntos que, a mi juicio

(desde una observación directa), caracterizan el problema en la España de hoy.

Los obreros agrícolas son los últimos proletarios del país. Como sus contratos laborales tienen una

duración muy corta, de un día o de varios días, cada obrero pone a la oferta su trabajo con tanta

frecuencia e inelasticidad que el mercado, con escasa demanda (pues se prefieren cultivos que no

exigen mano de obra), se acerca a las condiciones teóricas de salario de mera subsistencia. Sin embargo,

el salario por jornada eventual dista mucho de ser bajo, ya que la posición de equilibrio es tal que los

jornales pagados en las épocas punta deben compensar de algún modo la falta de ingresos durante los

largos periodos de paro. El jornalero parado vive gracias al crédito de una tienda de comestibles, cuyo

tope varia mucho, según las expectativas de recobrar el dinero: suele fiarse hasta siete mil pesetas, y en

algunos casos, hasta diez o quince mil, cobrando más caros los alimentos, a manera de interés.

Pocas son las fuerzas sociales, además de los sindicatos y partidos de izquierda, que se preocupan por la

suerte de los jornaleros, aunque sólo sea para darles confianza en sí mismos y apoyo moral.

Electoralmente, su peso no es despreciable, pero tampoco decisivo; lo más grave es el distanciamiento

entre los obreros del campo y los pequeños agricultores, que se observa tan claramente en el Sur, no en

todos los pueblos, por supuesto, sino más bien allí donde las familias «labradoras» tenían antes una

posición económica y un status superior. Estas familias se sienten obligadas por ahora a votar lo contrario

que vota el obrero. En cambio, los «nuevos agricultores» que recibieron tierras del IRYDA son de

izquierdas por regla general, como ocurre visiblemente en las Vegas de Badajoz, aunque convivan con los

jornaleros y los contraten para trabajos de temporada.

A pesar del crédito de la tienda, los obreros del campo difícilmente podrían resistir el paro, si no fuera por

la semana que trabajan al mes, como término medio, en el empleo comunitario. El hecho de que casi

todos los fondos de su presupuesto se administren directamente por el gobierno civil, que los distribuye

con libertad de criterio entre los ayuntamientos, hace pensar hasta qué punto se concibe el empleo

comunitario como una medida de orden público. Un enfoque tan limitado tiene sus inconvenientes, y no

sólo porque pueda redundar injustamente en desprestigio de alcaldes y concejales; al fin y al cabo, el

dinero termina llegando con la misma escasez y retraso a todos los pueblos, y no parece que haya grandes

variaciones en la distribución local. Pero se introduce un espinoso factor de politización en una esfera que

debería ser puramente administrativa. Los alcaldes tienen que visitar continuamente los gobiernos civiles,

y si esto es bueno para progresaren relaciones públicas y comprensión general, es malo cuando se obliga

al alcalde rural, una y otra vez, a ir como pidiendo un favor. Si además, el gobernador civil no es persona

bien elegida, porque su imagen inspira poca confianza a los líderes sindicales o porque se rodea y se deja

influir por el caciquismo provinciano de su propio partido, o porque reacciona con cierto personalismo a

las críticas y ataques, o porque sencillamente se lleva mal con los partidos de la oposición, la situación

suele deteriorarse.

Los obreros agrícolas no conocen sus derechos laborales en el empleo comunitario, ni nadie, creo yo, los

conoce tampoco muy bien. La Magistratura puede inhibirse en estos litigios, declarando una falta esencial

de contrato de trabajo, aunque tampoco se entiende perfectamente una cosa así, ya que los jornaleros

prestan, sin duda, un trabajo a alguien, sea quien sea.

La solución a largo plazo pasa por la industrialización y el desarrollo económico, pero a corto plazo,

habría que encontrar unos cauces menos discrecionales y personales, más democráticos, para el reparto de

un subsidio que, si ya es discriminatorio, no vemos la razón para que se convierta también en provocativo

y querellante.

Enrique Ballestero es catedrático de universidad y diputado del PSOE por Badajoz.

06/VIII/1980

EL PAÍS

 

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