Autor: Castellano Cardalliaget, Pablo. 
   Divorcio y derecho a lal intimidad     
 
 El País.    08/08/1980.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

TRIBUNA LIBRE

Divorcio y derecho a la intimidad

PABLO CASTELLANO

Lo lógico, lo normal, sería que el Estado no se inmiscuyera en la vida privada de los seres, en su vida

afectiva libre y voluntaria, y no existiere, en consecuencia, legislación alguna destinada a encauzar o

regular algo tan personal como los afectos. Y es paradójico que una cínica Constitución proclame el

derecho a la intimidad y sea el Estado el principal enemigo de la intimidad y el derecho a ser uno mismo

en el recato de lo estrictamente privado. Aquí, en este punto, como en ese otro de la igualdad jurídica de

los ciudadanos, los principios se hacen sarcasmos y el rabo de la hipocresía resulta inocultable.

Cuando los afectos surgen y se muestran, ignoran toda clase de leyes, viven a su margen, no las necesitan,

y, cuando desaparecen, también. A la ley bástele vigilar y proteger el uso de la libertad, reprimiendo, y

con dureza, la coacción, la violencia, el engaño, el abuso, la explotación, en suma, todo aquello de lo que

no suele preocuparse cuando el Estado y sus instituciones son, precisamente, la explanación de la

violencia, la coacción, la dominación y la explotación más descarada, apoyadas en la buscada desigualdad

de los seres humanos.

Pero atendiendo a la generalizada llamada del realismo, es evidente que, hoy, y aquí, va a ser muy difícil

paliar el intervencionismo estatal en lo afectivo, pues el Estado liberal suele ser sólo liberal en el

tratamiento económico de la explotación, y dictador sin ambages en todo lo que a la explotación proteja,

por ejemplo, la libertad humana.

Y así, hay que hablar del divorcio que llega. Esa nefasta institución que lodo un enjambre de cretinos

afirma que destruye la familia y el matrimonio, confundiendo dos cosas bien distintas.

Es obvio que cuando llega el ligue, el concubinato, el amantismo, no se puede hablar propiamente de una

solida unión matrimonial, que, superada su ficción, está más que quebrantada. Y obvio es también que los

hijos nacidos de las llamadas uniones espúreas o ilegales, generalmente basadas en un amor valiente,

capaz de arrostrar la crítica y desconsideración social, son tan familia de sus respectivos progenitores

como las bendecidas y juridificadas. Por algo se dice en lenguaje popular «que constituyo otra familia».

Luego, eso de que el divorcio destruye lo ya destruido no parece ser un argumento serio, y bien serio es

constatar que construye otra familia en lo jurídico, ya que en lo social está más que constituida.

Si yo fuera defensor de la familia y del matrimonio encontraría, precisamente en el divorcio, para apoyar

la continuidad de ambas instituciones, la panacea más hábil, pues al fin y al cabo, con uno o con otra, con

nuevos hijos legalizados, sin detrimento de los primeros cónyuges y prole, el objeto estaría más que

garantizado, entendiendo por objeto el conservar una determinada forma de relación de la pareja y los

hijos, con arreglo a una determinada escala de valores, tras de la que asoma la propiedad privada.

Y esto lo descubrirán los matrimonialistas laicos o católicos bien pronto, pues más vale una familia y un

matrimonio, aunque sea el segundo, que uniones en libertad, y cuando lo descubran habrá también

renovación del sacramento. No se desmelenen, y al tiempo.

Si no hay divorcio, que nadie crea que no va a haber pasión, amor, atracción natural, digan lo que digan

las leyes, y si la vida se tiene que ver forzada a desarrollarse en la ignorancia de las leyes, y hasta en su

conculcación, los libertarios como el que suscribe les daremos las gracias, pues buena escuela es empezar

a enseñar la ignorancia y el desprecio de las leyes antinaturales, y obligar a vivir a los ciudadanos al

margen de la ley. Es demasiado hermoso.

Lo que precisamente destruye la familia y el matrimonio es la imposibilidad de su reconstrucción jurídica,

y como la realidad es la que manda, esta ceguera obliga a vivir a los seres humanos en el fraude

económico conyugal, en la apropiación patrimonial, en la simulación. Un mínimo de experiencia enseña

que cuando dos personas se quieren no se suelen parar en barras, y las leyes represoras no sirven ni para

tutelar las anteriores uniones, pues mientras el marido tenga la administración conyugal, dejar en la calle

a la mujer y los hijos es cosa de niños. Y cosa de niños es también, y no quiero hacer ningún chiste,

acabar con expedientes registrales dando nombres y apellidos legítimos a la prole, que el Estado y la

sociedad quieren desconocer.

Todo esto nos lleva a una sería reflexión, en la que vuelve a aparecer la paradoja. Los defensores de la

institución matrimonial y familiar, con su oposición al divorcio, se convierten en los mayores propulsores

de las uniones libres e ilegales, con la lógica transformación de mentalidades a que abocan estas

conductas, y los defensores del honor de la mujer casada y del hombre casado, con sus impedimentos al

reconocimiento legal de lo que la libertad ha construido, se convierten en los principales propulsores de la

falta de respeto del cónyuge inicialmente repudiado, que por la situación de su ex será, le guste o no, un

ser burlado en su fidelidad y convivencia.

Igualmente, es paradójico que los juridíco-formalistas leguleyos en esta materia pretendan mantener una

situación formal más que contradicha con una importante realidad.

Pero es bueno que se suscite la discusión, pues con ella aflorarán las que unos llaman contradicciones, y

otros hemos de llamar constantes dictatoriales de la sociedad nacionalcatolicista.

Y aquellos que seguimos manteniendo la tesis de que lo bueno sería que alguna ley obligara al Estado, y

al vecino celoso de nuestra felicidad y salvación, a dejarnos en paz, aconsejamos, para avanzar por este

camino, que también los ciudadanos hagan de su capa un sayo y manden a hacer puñetas al Estado en

todo aquello en que jamás tendrá legitimidad para legislar o disponer, y así es seguro que cambiarán las

cosas.

Pablo Castellano es diputado del PSOE por Cáceres.

 

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