Autor: Sotelo, Ignacio. 
   La fragilidad de la democracia / y 3     
 
 El País.    22/04/1981.  Página: 14. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

14/NACIONAL

POLÍTICA

EL PAÍS, miércoles 22 de abril de 1981

TRIBUNA LIBRE

La fragilidad de la democracia /y 3

IGNACIO SOTELO

La consolidación de la democracia en España pasa por el Estado de las Autonomías, y éste exige uní

reforma profunda de la Administración, que no cuenta, desde luego, con el beneplácito de los

funcionarios. Una administración racional, eficaz y que idemás encaje con la reorganización autonómica

del Estado exige cambios profundos, que naturalmente inquietan al funcionario. Comprensible que sea en

el inierior del aparato del Estado de donde surjan las críticas más aceradas contra las autonomías y, en el

fondo, contra la democracia. De la capacidad de reformar convenientemente la Administración depende el

futuro de la democracia; o formulado en sentido inverso, el aparato del Estado, en su actual

configuración, constituye el factor más claramente desestabilizador que, como espada de Damocles,

pende sobre nuestras cabezas.

Dos peligros nos amenazan: que se prosiga como hasta ahora el desarrollo autonómico, sin reformar la

Administración, o que al intenta de democratizar el aparato del Estado, haciendo gala de su absoluta

independencia, responda suprimiendo la democracia. Si se sigue como hasta ahora, dada la

incompatibilidad de la Administración central con las Autonomías, continuarán saltando chispazos y

contradicciones, que se atribuyen a la «sin-razón de las autonomías», cuando no de la democracia. No hay

juego mis siniestro que el de las comisiones de transferencias, en las que aparecen enfrentadas

Administración central y administración autonómica, como si se tratase de dos estados diferentes. El que

las comunidades recluten nuevos funcionarios, a la vez que van quedando sin trabajo los de la

Administración central, no es la menor de las contradicciones. Al planteamiento centralista de la

Administración responde un planteamiento no menos centralista de las Comunidades, llevando en su

lógica, no la reestructuración de un Estado autonómico, sino una pluralidad de Estados confederados.

Pero dado que esta confederación no es posible ni, desde luego, deseable, nos conformamos con la

segunda oferta de la Administración, un desarrollo ficticio de las Autonomías, que las convierte en

superestructuras inútiles, sobre las que acumular el descrédito y la impopularidad, que luego revierte

sobre las demás instituciones democráticas. La actual Administración resulta incompatible con un

verdadero Estado de las Autonomías, canalizando su gestión hacia una imposible confederación de

Estados o una ficticia superestructura autonómica, o lo que es más grave, a una tensión entre ambas

soluciones, que terminará por hacer saltar el edificio autonómico y con él probablemente las instituciones

democráticas.

Un nuevo Estado Consciente de los riesgos que conlleva, en la actual situación de fragilidad, una reforma

a fondo de la Administración, no cabe otra salida, si queremos a largo plazo consolidar la democracia y

encontrar soluciones adecuadas para los problemas más acuciantes planteados hoy: crisis económica,

desarrollo del Estado de las Autonomías, pacificación del País Vasco. Lo mismo que lo hemos hecho para

las Autonomías, podría mostrarse lo inadecuado de la actual Administración para poner en marcha un

plan ambicioso, generador de empleo, así como la urgente remodelación de las Fuerzas de Orden Público.

España no sólo necesitaba una nueva constitución, sino algo mucho más difícil, un nuevo Estado. Si

fracasamos en lo segundo, de poco nos va a servir la primera.

La primera etapa de la transición culminó en el consenso constitucional. Se trazaron las lineas maestras

que han de regir la convivencia en libertad, asi como un nuevo modelo de Estado, el Estado de las

Autonomías, Cierto que en este segundo punto, el consenso obligó a una ambigüedad que estamos

pagando a un alto precio. Con todo, una cosa está clara: con la aprobación de la Constitución acabó el

Estado centralista, por lo menos en el plano juridico-constitucional. Hacerlo también en la realidad, es el

desafio planteado en esta segunda etapa.

A partir de marzo de 1979 hemos asistido a la incapacidad del Gobierno para gobernar, aproximando,

paso a pase, la realidad española a los preceptos constitucionales. Los socialistas nos esforzamos por

cumplir con nuestra tarea de oposición, criticando al Gobierno hasta el punto de emplear el instrumento

más contundente que ofrece la Constitución, la moción de censura, y ofreciendo un programa alternativo

para salir del atolladero. Abierta la crisis política por la dimisión del presidente, ofrecimos asumir las

responsabilidades que nos correspondieran en un Gobierno de amplia mayoría parlamentaria y encendidas

todas las luces rojas la noche del 23 de febrero, incluso un Gobierno de coalición. Rechazado éste ~y

valdría la pena que los que no lo han aceptado, lo explicasen de manera convincente— nos hemos visto

obligados a retornar a la política de consenso, horriblemente llamada ahora de «concertación».

¿Cómo se explica tamaño retroceso?

En una democracia estabilizada, y no como la nuestra, todavía por hacer, tos papeles del Gobierno —

gobernar— y el de la oposición —controlar la acción del Gobierno, ofreciendo alternativas— están

claramente delimitados. Confundirlos tiene consecuencias negativas para el libre juego democrático.

Empero, en momentos de gravísima crisis desaparecen las diferencias entre los partidos, interesados todos

en salvar la nación frente aun enemigo externo —caso de guerra— o, como el nuestro, salvar el

ordenamiento constitucional. Evidentemente, todas las fuerzas políticas democráticas no pueden tener hoy

más cjue un solo objetivo prioritario, fortalecer las instituciones democráticas. En la actual coyuntura,

todo lo demás parece accesorio. El proyecto de transformación social, que nos es propio como partido de

izquierda, resulta ilusorio si quebrasen las instituciones democráticas. Si la situación excepcional que

vivimos centra la prioridad de todos los partidos en un mismo objetivo, no queda otra política realista que

la de unir los esfuerzos, en el Gobierno, si se puede; con el consenso, sí no queda otro remedio, máxime si

hay acuerdo en el problema básico que hay que resolver para consolidar la democracia: la reconversión

democrática del actual Estado en el Estado de las Autonomías.

Los costes del consenso

Qué duda cabe que un Gobierno de coalición tendría costes altos para los socialistas, obligados a hacer lo

obvio desde una perspectiva democrática, pero bien poco desde una socialista. Su ventaja radica en que,

junto a la corresponsabilidad en la política global, contaríamos desde el ejecutivo con los medios para

hacerla efectiva. Conocemos la triste experiencia de consensuar en la Moncloa, para que después el

Gobierno haga lo que le parezca, asumiendo nada más que lo impopular y dejando sine die los elementos

complementarios más progresistas. El consenso tiene, como se ve, costes mucho más altos. En lo que le

conviene recurre el Gobierno al consenso, incluido el apoyo parlamentario de la oposición en las

cuestiones vidriosas, manteniendo las manos libres a la hora de la ejecución y con el monopolio intacto

de la Administración y la información a su servicio, Al final, si la operación sale bien, el éxito es del

Gobierno, que supo gobernar, y el fracaso, de la oposición, que no supo ejercerla. Ahora bien, en la

situación que vivimos, más vale que tengamos elecciones en 1983 que la posibilidad de ganarlas. Si

cumpliéramos con rigor la tarea de oposición, pudiera ocurrir que acorralásemos al Gobierno —es tan

frágil como la democracia—, pero también que éste fuera el último constitucional. Tan estrecho es el

margen y tan grande la responsabilidad.

Límites de consenso

¿Existen, sin embargo, limites a la política de consenso? Indudablemente. Si el objetivo es la

consolidación de la democracia, nada se podrá consensuar que en el fondo cuestione este objetivo. Los

socialistas, quiéranlo o no, constituyen hoy por hoy el puntal básico de la democracia en España y de

ningún modo pueden poner en tela de juicio su credibilidad en este sentido. Además, la democracia no se

fortalece recortándola o impidiendo la movilización social en su defensa. Fortalecer la democracia

significa avanzar en la solución de los problemas, empezando por el más grave y arriesgado, la

transformación democrática del Estado. Nada fragiliza más que la prolongación de lo caduco o el

mantenimiento indefinido de lo provisional. No se avanza si no se está dispuesto a asumir riesgos, y una

democracia pazguata muy pronto se puede convertir en una muerta. Si bien es cierto que los márgenes

actuales a una política de cambio son bastante estrechos, no es menos cierto que el inmovilismo conduce

directamente a la catástrofe. El hilo es fino, y aunque sea preciso pasar el camello por el ojo de una aguja,

no queda otro remedio que intentarlo,

Ignacio Sotelo es catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Berlín y secretario de

Cultura de la ejecutiva federal del PSOE.

 

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