Andalucía ante su autonomía     
 
 El País.    23/10/1980.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

Andalucía ante su autonomía

EL ACUERDO entre el Gobierno y el PSOE para resolver el enconado conflicto de Andalucía tiene que

ser recibido por la opinión pública con el alivio y la satisfacción que siempre produce comprobar que el

sentido común y el sentido del Estado terminan por abrirse paso en medio de esa maraña de ambiciones

personales y ventajismos de partidos que a veces invaden la vida pública.

Siempre se ha dicho que lo importante de las historias es que acaben bien. Por esa razón, el final feliz de

este largo, complicado y en ocasiones incomprensible contencioso podrá servir para aplicar el principio

del borrón y cuenta nueva a los diversos episodios de oportunismo, debilidad y demagogia que en buena

parte componen el relato, entre pintoresco y abusivo, de la exasperación autonómica en Andalucía.

Hace sólo tres años, el nacionalismo andaluz era la bandera de un grupo político minoritario deseoso de

intercambiar las invocaciones a Blas Infante por un lugar al sol honorable dentro del PSÓE. El indudable

talento de Alejandro Rojas Marco para dramatizar su mensaje y para encauzar por la vía de los agravios

políticos comparativos con vascos y catalanes los angustiosos problemas económicos y sociales del

pueblo andaluz, azotado por la emigración masiva, el desempleo, la escasa industrialización y la

deficiencia de equipamientos colectivos, encontró la ayuda inestimable del Gobierno de UCD, que alentó

y ayudó financieramente esa opción electoral para debilitar a los socialistas en los territorios del Sur.

Luego, la transformación, a lo general De la Rovere, de Manuel Clavero en el ayatollah del nacionalismo

centrista andaluz, enseñó a UCD los riesgos de jugar a aprendiz de brujo y los peligros que para el normal

funcionamiento de las instituciones estatales podía acarrear la estrategia de fomentar los agravios

comparativos y de anegar el nacionalismo vasco y catalán con la proliferación de unas reivindicaciones

autonómicas que en las vísperas del fallecimiento de Franco no existían fuera de la clase política.

Pero justo en el momento en que el Gobierno y su partido —a comienzos de 1980— trataron de rectificar

sus errores, el PSOE y el PCE se percataron de las posibilidades que les deparaban las equivocaciones de

UCD en el terreno autonómico y se lanzaron a explotar las frustraciones y los agravios que en el pueblo

andaluz había creado el violento viraje del poder ejecutivo. Si a esta disposición de ánimo se añade la

prepotencia con la que el Gobierno enfocó el referéndum del 28 de febrero, desde la surrealista pregunta

impresa en las papeletas hasta las restricciones a la propaganda en favor del voto afirmativo, pasando por

la recomendación de UCD a sus seguidores de abstenerse en la consulta, resulta casi disculpable que

socialistas y comunistas cayeran en la tentación oportunista de convertir la vía del artículo 151 en el cami-

no para acabar con el paro y la miseria en Andalucía y para conducir al presidente Suárez a su Waterloo.

E] referéndum del 28 de febrero arrojó una mayoría de votos sobre el censo en favor de la mítica y

fetichizada vía dej artículo 151 en siete de las ocho provincias andaluzas y una holgadísima mayoría

absoluta —aunque no sobre el censo— en Almería. En el caso de que el artículo 151 de la Constitución

no hubiera sido desarrollado por la malhadada ley de Modalidades de Referéndum —aprobada el 18 de

enero con los votos a favor de los socialistas—, sino por otra norma más congruente con su espíritu, lo

lógico hubiera sido que esas siete provincias se hubieran constituido en comunidad autónoma, con

independencia de que en el futuro Almería pudiera incorporarse a su ámbito.

Sin embargo, esa infortunada ley orgánica estableció que el referéndum de iniciativa autonómico tendría

que ser ratificado por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia, de

forma tal que la derrota en una sola de esas circunscripciones impedía que prosperara en las restantes.

Disposición tanto más absurda cuanto que la ley de Modalidades establece en el artículo siguiente —

regulador del referéndum de aprobación del estatuto previamente encarrilado por esa iniciativa— que

podrían constituirse en comunidad autónoma aquellas provincias en las que la mayoría de los votos

emitidos sean afirmativos, aunque haya otras que en la misma consulta se hayan manifestado de forma

adversa y queden descolgadas del proyecto.

El férreo condicionamiento del referéndum de iniciativa —mayoría sobre el censo en todas las

provincias— no sólo contrasta con la benevolencia del referéndum de aprobación de ese mismo estatuto

que haya pasado ya por los ritos iniciáticos —mayoría de votos emitidos y posibilidad de que unas

cuantas provincias se constituyan en comunidad autónoma, aunque otras no aprueben el estatuto—, sino

que además se halla reforzado por la sanción de no poder ser reiterado hasta cinco años después de su

eventual fracaso.

La solución adoptada ayer para Andalucía por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria

ofrece una fórmula política de desbloqueo que saca el tema andaluz del callejón sin salida al que también

entre todos le habían conducido, pero adquiere visos de incons-titucionalidad. Parece un tanto perturbador

corregir de este modo los resultados del referéndum del 28 de febrero. La solución adoptada,

políticamente útil, puede rozar razonablemente los escrúpulos de quienes piensan que en el sistema

democrático el respeto a las leyes es esencial.

 

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