Autor: Peces-Barba Martínez, Gregorio. 
   Sobre la libertad de expresión en España     
 
 El País.    19/02/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

TRIBUNA LIBRE

Sobre la libertad de expresión en España

GREGORIO PECES-BARBA

Cuando se habla de libertad de expresión se están planteando muchos temas a la vez, muchas perspectivas

diferentes, todas citas sumamente importantes. Libertad de expresión supone el derecho a expresar las

ideas sin censura a través de todos los medios de comunicación, incluidos la radio y la televisión. Supone

también el derecho a crear empresas periodísticas y el derecho a imprimir, difundir y distribuir los

impresos y las publicaciones. Por eso no tiene justificación la pretensión del señor Ansón respecto al

monopolio de las Hojas del Lunes, salvo que estuviera basado en un acuerdo general que, además, podía

ser cuestionado por cualquiera, porque los derechos fundamentales son irrenunciables. Comprende,

asimismo, los derechos de los profesionales del periodismo, entendiendo como tales a los que se dediquen

permanentemente a esa profesión —con las condiciones que se establezcan legalmente para ello, a su

independencia y a su libertad de opinión, incluida la cláusula de conciencia. Comprende también el

derecho de todos a una información objetiva no veraz, porque eso no se puede asegurar nunca, pero, en

todo caso, de buena fe, para buscar siempre la veracidad—, y este derecho comprende también los de

rectificación y de réplica. Muy vinculado con esta perspectiva está también el derecho de acceso a todos

tos medios de comunicación, especialmente a la radio y a la televisión, de los grupos sociales más

significativos.

También incluye el derecho de acceso a las fuentes de información en igualdad de condiciones para todos,

el derecho a la información frente a la Administración del público en general y también el derecho a la

información frente a la Administración de los encargados de controlarla: tribunales, defensor del pueblo,

parlamentarios.

Como se ve, estamos ante un derecho multiforme y que evoluciona históricamente, alcanzando cada vez

mayor complejidad. Así no se puede entender igual la libertad de expresión en el siglo XV que en el siglo

XIX o en la actualidad, porque la evolución de la cultura, el progreso técnico o las propias necesidades

sociales lo amplían y lo profundizan. La propia denominación de libertad de expresión es hoy insuficiente

para abarcar con corrección todas las facetas que comprende. Por eso es mejor, a finales del siglo XX,

hablar de libertad de expresión y de derecho a la información.

También hay que señalar su vinculación con otros derechos que son medio o vehículo para el ejercicio de

la libertad de expresión, como son la libertad de reunión, de asociación o de manifestación, y que son un

ejemplo claro de la indivisibilidad de la libertad. Muchas veces no se puede ejercer la libertad de

expresión si se impide la de reunión, asociación o manifestación. Por fin, en esta valoración de conjunto

inicial conviene recordar que la libertad de expresión se integra con otros derechos para formar realidades

complejas por la pluralidad de valores que comprenden. Asi, la libertad de enseñanza y la libertad de

expresión dan lugar a la llamada tradicionalmente libertad de cátedra o de expresión docente, que es una

de las grandes conquistas de nuestro tiempo frente al control de la ciencia, de la investigación y de la

enseñanza.

Las Cortes de Cádiz

Los antecedentes más lejanos de la libertad de expresión se pueden encontrar en España ya en el siglo

XV, en Felipe II, con la pragmática sanción de 1558, y así, sucesivamente, Felipe IV, 1627; Felipe V,

1705, hasta que las Cortes de Cádiz establecen la libertad de expresión en su artículo 371. «Todos los

españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia,

revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que

establezcan las leyes...». A partir de ese momento, la libertad de expresión es una de las banderas

progresistas del siglo XIX, que desaparecerá en cada una de las ocasiones en que la reacción autoritaria

triunfa en España. Entre las regulaciones merece destacarse el Real-Decreto de 10 de abril de 1844 y el

Decreto de 23 de octubre de 1868. Las dos regulaciones marcan los polos conservador y liberal en el

tema. La primera mantenía elementos de control previo al ejercicio del derecho. Entre estos controles

estaba, por ejemplo, la supervisión que el jefe político —gobernador— hacía sobre las condiciones fijadas

para el ejercicio del derecho. Entre éstas hay que señalar la fianza económica depositada como garantía de

multas, el pie de imprenta, el depósito previo y la posibilidad de secuestro administrativo. Como se ve,

era una regulación temerosa, restrictiva y conservadora, y que, sin duda, ha sido tomada como modelo en

1966 por la ley de Prensa de Fraga Iribarne. Lo más positivo de la ley era el sometimiento de esas

decisiones administrativas posibles al jurado, compuesto por el juez de primera instancia, que actuaba

como presidente, y doce jurados que apreciaban sobre los hechos. Cuando los temas eran delictivos,

entendían de los mismos los tribunales ordinarios.

El modelo más liberal, como es lógico, después de la Gloriosa, es el de 23 de octubre de 1868. El

preámbulo del texto normativo será suficientemente explícito: «... No se deben adoptar precauciones para

la imprenta cuando ninguna legislación las emplea en los demás casos de la vida, ni en las acciones de los

hombres, no menos expuestas al abuso; que la ley deja libre el albedrío de todos y cada cual trata de no

cometer delitos por honor natural a ellos y por temor de incurrir en las penas impuestas a los criminales...

Dentro de la misma libertad de imprenta está el correctivo para atajar en la misma raíz los daños; de la

discusión emana la luz y la verdad triunfa del error, por fortuna. Dentro del Código Penal hay además

sobrados recursos para que la injuria y la calumnia sean castigadas, y para que, a la sombra de la libertad

de imprenta, no queden impunes los transgresores de las leyes en ningún caso...». Este texto está en la

mejor tradición liberal en esta materia de Milton a Blackstone, pasando por el Jefferson de 1787, cuando

decía: "... Si tuviere que decidir entre un Gobierno sin periódicos o periódicos sin Gobierno, yo no

vacilaría un momento en preferir el segundo régimen".

La Constitución canovista de 1876 escogerá un camino intermedio entre los dos modelos anteriores, a

partir de su artículo 13, desarrollado más tarde por la ley de imprenta de 26 de julio de 1883, donde la

autorización previa para hacer funcionar una publicación era sustituida por una simple comunicación

previa de los datos personales del fundador y editor, título del periódico, nombre del director y lugar de

impresión.

Sin embargo, nuestra historia ha sido, como decíamos, sobre todo pródiga en textos represivos,

especialmente durante el remado de Fernando VII y de Isabel II, aunque el más represivo y negador de la

libertad de expresión sea el Decreto de 22 de abril de 1938, que reguló el tema durante la dictadura

franquista y hasta la ley Fraga en 1966.

Gregorio Peces-Barba es profesor de universidad y diputado del PSOE por Valladolid.

El País

19/02/1981

 

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