Autor: Solana Madariaga, Javier. 
   La patronal no tiene quien la quiera     
 
 El País.    24/06/1981.  Página: 58. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

58/ECONOMIA EL PAÍS, miércoles 24 de junio de 1981

TRIBUNA LIBRE

La patronal no tiene quien la quiera

JAVIER SOLANA MADARIAGA

Las recientes declaraciones de distinguidos miembros de la patronal, quejumbrosas y agresivas, podrían

dar la impresión de que el sufrimiento en nuestro país es patrimonio empresarial. Se diría, de acuerdo con

sus dramáticas afirmaciones, que los astros se confabulan en su contra en este caluroso junio de 1981.

Sólo Calvo Sotelo, recordándoles que el acto de invertir puede tener algo de erótico, parece haber aliviado

un tanto su penar.

Inició las lamentaciones José Antonio Segurado en cálida asamblea, para continuarlas el presidente de la

CEOE en el más plácido ambiente de desayuno en el Ritz. Aunque con formas diferentes, ambos

coincidieron en el fondo.

Pero ¿de qué se queja la patronal con tanta insistencia? Veámoslo. Por un lado, de que el Gobierno no sea

más claramente de derechas. Poco les parece el Gabinete Calvo Sotelo en cuyos ministerios, más o menos

agazapados, se imaginan la presencia de peligrosos rojos que siembran la confusión. Abogan,

orquestadamente, por una política que intente dar marcha atrás a las pocas reformas que en materia

socioeconómica han tenido lugar en los años —pocos aún— de democracia. Nunca aceptaron de buena

gana los leves pasos de modernización y reformas, y piensan que las nuevas condiciones psicológicas en

las que vive España pueden ser propicias para el retroceso. Insensata posición, a mi juicio; si de verdad se

desea afianzar nuestra democracia no hay más remedio que caminar hacia adelante y hacerlo además

deprisa. De lo contrario, estaremos abocados a una bipolarización creciente de nuestra sociedad, lo que no

parece hoy deseable para nadie.

Se quejan también, y con dureza, de que los sindicatos reivindiquen su patrimonio y de que el Gobierno

tras tantos años de espera haya adelantado a cuenta una cierta cantidad. Echanse las manos a la cabeza de

qué dinero público se destine a apoyar a las organizaciones de los trabajadores, dinero en parte retenido a

la clase obrera previamente. No voy a entrar en un debate jurídico sobre la «propiedad» del viejo

patrimonio sindical. Me limitaré a otro tipo de argumentos.

Hoy ninguna persona sensata puede negar el papel responsable, estabilizador y cooperador para la

solución de los problemas económicos de los sindicatos. Desde la firma del AMI por UGT al acuerdo

nacional de empleo suscrito por UGT y CC OO todo han sido pasos encaminados a encontrar

solidariamente soluciones a los problemas de nuestra economía. De esta política se benefician los

trabajadores, pero igualmente, y de manera importante, los empresarios.

Pero tan obvio como lo anterior es el hecho de que sin sindicatos fuertes y sólidamente arraigados este

esfuerzo seria inútil. A todos, pues, interesa la presencia en nuestra sociedad de organizaciones de la clase

obrera que la vertebren y que sirvan de interlocutores válidos en las negociaciones económico-sociales. Y

cuando lo que se exige no es el privilegio, sino parte de lo que a los trabajadores pertenece, ¿cómo es

posible escandalizarse tanto?

Pero permítanme llevar el argumento un paso más allá. En estos últimos días se ha debatido en el

Parlamento el ya famoso decreto de reconversión industrial. Un decreto que ha sido presentado por el

Gobierno como la espina dorsal para atacar la grave crisis de nuestra industria. En él se contemplan

medidas básicamente de dos tipos. Por un lado, ayudas del sector público al sector privado, ya sean

mediante subvenciones o apoyos tributarios: en cualquier caso, dinero de todos los españoles, en

cantidades importantes, con poco por no decir ningún control, para ayudar a empresas en dificultades.

Todos queremos que nuestro aparato industrial funcione, sea competitivo, y por ello nadie ha puesto en

marcha una campaña contra los empresarios, que en momentos de dificultad tienen que buscar cobijo en

el Estado.

De otra parte, el decreto, digámoslo claro, permitirá aligerar mano de obra. Permitirá aligerar mano de

obra en muchas empresas, aumentando el número de desempleados. Y los sindicatos están dispuestos a

asumirlo siempre que se negocie el mecanismo de reestructuración. Pero aunque es verdad que la crisis de

muchas empresas se debe a la nueva situación económica internacional, no lo es menos que en numerosos

casos se ha debido a la mala gestión de esas empresas durante los últimos años. Y nadie ha pedido, al

menos por el momento, que se «flexibilicen» las plantillas de los directivos y empresarios incapaces,

responsables de que el dinero público tenga hoy que utilizarse para enjugar sus problemas y de que miles

de trabajadores se vean obligados a engrosar las negras listas del paro.

Habrá que tratar estos temas, por tanto, con un mayor grado de solidaridad. Vivimos momentos difíciles

donde todos debemos intentar arrimar el hombro. Quéjense menos algunos empresarios e inviertan más.

Prueben a hacerlo, que, aunque a lo mejor el acto de invertir no tenga tanto de erótico, encontrarán sin

duda en él la satisfacción de colaborar a la construcción de un gran país que se llama España.

Javier Solana es diputado del PSOE por Madrid.

 

< Volver