Autor: Peces-Barba Martínez, Gregorio. 
   Educación y Constitución     
 
 El País.    07/05/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 16. 

POLÍTICA

EL PAÍS, domingo 7 de mayo de 1978

TRIBUNA LIBRE

Educación y Constitución

GREGORIO PECES-BARBA

Diputado del PSOE por Valladolid Miembro de la ponencia constitucional

Uno de los problemas más importantes y más controvertidos en la Constitución española va a ser el tema

del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza, que comprenden diversas perspectivas respecto

de las cuales, el análisis conjunto de todas, con referencias al Derecho Comparado en la materia, es

indispensable. No quiero incurrir en la parcialidad con que trata el tema el doctor Ortiz Díaz en una obra

sufragada por el Estado a través del Centro de Estudios Constitucionales, que dirige el jesuita padre

Prieto.

Unos estudios sobre el proyecto de Constitución no pueden ponerse, en este tema, al servicio del grupo de

presión de los colegios religiosos, muy respetable, pero que en todo caso debe tener el contraste de otras

posiciones. Por emplear un calificativo suave, es por lo menos curioso que se insista por el doctor Ortiz

en las mismas tesis empleadas por el padre Martínez Fuertes, y que se desee ampliar la libertad de

creación de centros, a la de dirigirlos y gestionarlos al ente titular de los mismos, mientras que se

restringe o se considera tema no constitucional el control de profesores, padres y, en su caso, alumnos a

que se refiere el anteproyecto en su número seis.

Es absolutamente esclarecedor el artículo del doctor Ortiz para comprobar lo que ya me temía, y es que

cuando se habla de libertad plena para la enseñanza privada se está pensando en los entes titulares de la

propiedad de los centros y no en la comunidad escolar (padres, profesores y alumnos). En definitiva, se

están defendiendo, principalmente, intereses económicos y no pedagógicos. Lo que se pretende es

mantener la situación del régimen franquista, donde los hombres como el doctor Ortiz, el padre Martínez

Fuertes y otros, no consideraban que la enseñanza obligatoria en las escuelas de una asignatura totalitaria

fuese un atentado a la libertad de enseñanza. Y tenían razón, tal como ellos conciben la libertad de

enseñanza, en tanto en cuanto, esa asignatura se hacía compatible con el mantenimiento de sus

privilegios.

Parece increíble los prejuicios que en esta materia persisten, y cómo algunas asociaciones de padres de

inspiración confesional se dejan todavía engañar por una propaganda que nos presenta a los socialistas

como estatalistas y como enemigos de la libertad de enseñanza. No se dan cuenta que son

instrumentalizados por intereses ajenos a los suyos propios y que en estos momentos la posición

socialista, al defender el control de la comunidad escolar sobre los centros defiende sus intereses.

Por otra parte, el reconocimiento del derecho a la libre creación de centros docentes y el reconocimiento

constitucional de las subvenciones son la prueba de que los socialistas no queremos un modelo estatalista,

sino pluralista de enseñanza. Pero querer apurar casi reglamentariamente un texto que en la Constitución

debe quedar en perspectivas más de principio, es no saber lo que es una Constitución y querer abusar del

deseo de paz y de consenso que tenemos en esta materia.

Por otra parte, el reconocimiento, propuesto por nosotros en la ponencia, y que no estaba en el primer

borrador, de que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en los centros docentes la enseñanza

religiosa y moral acorde con sus convicciones, y se entiende que tanto en centros públicos como privados,

es un reconocimiento a la libertad religiosa impensable hace unos años. A este esfuerzo de los socialistas,

que se expresó de una manera magistral en el último pleno del Congreso por Luis Gómez Llorente, en una

brillante intervención, conciliadora y llena de matices, y que se ha manifestado, día a día, en mi propio

trabajo en la ponencia constitucional, se ha contestado con una campaña desvirtuando y queriéndonos

situar en los años treinta en esa materia.

El último botón de muestra de esa deformación de nuestro pensamiento está en la crónica política del

señor López de Pablos, en Ya (16-IV-78) cuando dice, refiriéndose a Gómez Llorente, que se desprendió

nuestro deseo de dar prioridad a «la escuela laica» —por el contrario, Gómez Llorente anunció la

posibilidad de enseñanza religiosa en centros estatales y no estatales— y cuando catastróficamente valora

el tema con la pretensión de acabar, por nuestra parte, con «la sociedad cristiana occidental». Es

lamentable.

De una vez conviene, por consiguiente, dejar claro, aunque me temo que los corifeos del mantenimiento

de la confusión continuarán su tarea que, a nivel constitucional, el PSOE pretende lo siguiente:

a) El reconocimiento de la enseñanza como derecho de todos, respecto del cual a los poderes públicos

corresponde una función prioritaria para atenderlo.

b) El reconocimiento de una enseñanza obligatoria y gratuita cuyo límite no se puede fijar en la

Constitución para poder elevarlo, sin necesidad de una reforma Constitucional, cuando sea posible.

c) La delimitación de un objetivo central de la educación como pleno desarrollo de la personalidad en el

marco de los principios democráticos y de los derechos y deberes fundamentales.

d) El derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de

acuerdo con sus convicciones, tanto en los centros públicos como privados.

e) El derecho de las personas físicas y jurídicas a crear centros docentes.

f) El derecho de los centros docentes que reúnan las condiciones fijadas por la ley a recibir ayuda de la

Administración.

g) El derecho de los padres, de los profesores y, en su caso, los alumnos, a intervenir en el control y

gestión de todos los centros sostenidos por la Administración pública para que la comunidad escolar

participe en el proyecto educativo del centro.

En este marco de derechos, el deber central del Estado y de los demás poderes públicos de atender ese

servicio de la educación exige una programación general de la enseñanza y de la creación de centros; el

derecho a la inspección de todos los centros; la homologación del sistema educativo; la expedición de

títulos, y, la extensión progresiva de la enseñanza gratuita y obligatoria.

Además, el marco constitucional debe establecer las competencias en esa materia de las comunidades

autónomas, cuidando especialmente de la promoción de sus culturas y de sus lenguas, en el marco de la

cultura española y con respeto y promoción de la lengua castellana, oficial en todo el Estado, y con

especial preocupación por la integración de las comunidades que en ellas viven, sin ghettos ni

discriminaciones, con un estatuto jurídico que favorezca la solidaridad.

Hoy es posible una paz escolar en base a estos principios. Para algunos, sin embargo, la desestabilización

de la democracia pasa por crear conflictos donde no los hay y por mantener el foso de las dos Españas.

Esa es una grave responsabilidad y una mezquindad interesada. Con toda serenidad, tenemos que decir a

todos los hombres de buena voluntad que estoy seguro que son la mayoría de nuestros ciudadanos, que no

caigan en esa trampa y que, en base a unos planteamientos racionales como los que aquí se apuntan, es,

sin duda, posible restablecer el consenso constitucional en materia de educación y de enseñanza.

 

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