Autor: Aguilar Navarro, Mariano. 
   Transparencia y parlamentarismo     
 
 El País.    20/10/1977.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

EL PAIS, jueves 20 de octubre de 1977

OPINIÓN

TRIBUNA LIBRE

Transparencia y parlamentarismo

MARIANO AGUILAR NAVARRO

Senador del PSOE por Madrid

Es incuestionable que el funcionamiento correcto del Parlamento requiere la acción concertada de muchos

elementos. No pocos de ellos hacen expresa relación al comportamiento del parlamentario. En las

democracias consolidadas el elector cuenta con no escasos elementos que le ayudan, llegado el momento

de la elección, a depositar un voto con «conocimiento de causa». De este modo, es el mismo «cuerpo

electoral» el que comienza a pesar y controlar la función de «sus» representantes. En esta valoración de

las cosas no hay que marginar la asistencia que supone la tradición de los partidos, su línea de conducta

consolidada en pasadas actuaciones. ¿Sucede lo mismo en el presente español?

Sabemos hasta qué grado en la doctrina y en la práctica se ha discutido sobre el carácter vinculante o no

del mandato conferido por el electorado al parlamentario. Todo hace pensar que en nuestra próxima

Constitución se descarte la noción del mandato vinculante. ¿Razones que se aducen en favor de esta tesis

hoy dominante? Diversas, y entre ellas el carácter nacional de la representación, la misma naturaleza de

esa representatividad, al querer marcar una neta distinción con la dimensión, más bien privatista y

negocial, que se deriva del clásico y antiguo concepto del mandato. Y es que, aun moviéndonos, lo que no

es autorizado, en el contexto del mandato, existen actuaciones del mandatario que requieren una libertad

de apreciación por su parte de los hechos y problemas sobre los que debe de pronunciarse. Mas todo esto

tiene su correspondiente contrapartida. Hablo no sólo de la «rendición de cuentas», sino también de las

condiciones objetivas y subjetivas que deben de darse en la persona del representante; en nuestro

supuesto, del parlamentario. Su misión y su legitimidad descansan en su aptitud para actuar

exclusivamente guiado por el servicio a los intereses de la colectividad, a lo que, de no haber sido tan mal

utilizado, nos atreveríamos a llamar «bien común».

Pensando en términos reales, es decir, actuando con los pies puestos sobre la firme tierra de la

confrontación de clases y de intereses, no podemos menospreciar los condicionamientos que todo esto

supone. No es justo excluir por completo la existencia de vinculaciones entre los parlamentarios y ciertos

sectores de la sociedad. En una sociedad de clases, los parlamentarios forzosamente están vinculados con

los intereses de ésas clases. Dos cosas pueden hacerse: formular, como lo hizo el mismo Juan XXIII, una

nueva concepción del bien común centrada en la defensa del desarrollo auténtico de la personalidad de

cada ser humano (es decir, tomando como centro de gravedad los derechos humanos), o entender de

modo democrático esa lucha entre las clases, propiciando fórmulas democráticas en el desarrollo del

juego político. De esto se trata ahora en las controversias sobre la compatibilidad o no entre socialismo y

democracia.

Mis anteriores reflexiones sirven a manera de introducción para explicar el alcance que ha tenido en los

debates del pleno del Senado el problema de las condiciones a las que el senador debía de ajustarse en su

comportamiento profesional, aún más, yo diría que en su vida cotidiana. Lo que estaba en litigio era nada

menos que la autenticidad del carácter representativo nacional, polarizado exclusivamente en el servicio

público, de que debe estar investido el parlamentario.

El dictamen de la Comisión de Reglamento (Boletín Oficial de las Cortes número 15, de 6 de octubre de

1977) incluía el tema en su articulo 38. Este artículo constaba de cuatro apartados, que de hecho,

respondiendo al mismo propósito, quedaban agrupados dentro de un binomio: asignaciones de diversa

índole y deberes de naturaleza profesional y económica. Desde estas dos perspectivas se podía contemplar

la misma exigencia: transparencia en la conducta del parlamentario. Una conducta pública en la que no es

permitido disociar la acción estrictamente parlamentaria (la vida pública del personaje) y la

marcadamente privada. A estas alturas no podemos defender nociones integrales del hombre y de la

antropología, para después sumirnos en la nostalgia de pasadas épocas, llamadas liberales, en las que,

alegando bellas cosas (por ejemplo, la intimidad de la persona, etcétera), se pretendía disociar la conducta

humana (especialmente la del político) en dos esferas: pública y privada.

La correcta comprensión del problema de las «asignaciones» sólo puede obtenerse desde el mismo

concepto de la obligada independencia del parlamentario. Es necesario dotarle de los medios suficientes

para poder ser independiente. La libertad en el juicio del parlamentario exige la supresión de toda

dependencia, y muy especialmente de aquellas que pueden crearse por cauces económicos, por la

manipulación de los grupos de interés y de presión. Esto es cosa perfectamente conocida por cualquier

interesado en temas políticos. En las Organizaciones Internacionales (vieja S. de las N. actual ONU) el

régimen económico del funcionario internacional viene pensado en estos términos. Este planteamiento

sólo es válido si a renglón seguido formulamos otra exigencia: la que pesa sobre el parlamentario en

cuanto a su absoluta independencia de todo aquel grupo o personaje que pueda comprometer o hacer

objetivamente sospechosa su pretendida independencia. Hay una relación recíproca entre asignaciones y

exigencias de independencia.

En el dictamen, el punto cuarto recogía parcialmente la idea, al declarar: «Los senadores, una vez

proclamados oficialmente, estarán obligados a efectuar declaración notarial de sus bienes patrimoniales y

de aquellas actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos. Los senadores

vendrán obligados después a poner a disposición de una comisión de encuesta, siempre que ésta lo

considere necesario para sus trabajos, copia autorizada de aquella declaración.» Formulado por los grupos

socialistas y progresistas y socialistas independientes, se presentó un voto particular en el que se proponía

un nuevo artículo 38 ter.

En su primitiva redacción, la que se transcribe en el citado boletín (página 197), resultaba tal vez en

exceso prolijo, y en ocasiones de difícil interpretación, y acaso con omisiones graves (en parte provocadas

por insuficiencias técnicas en la acción de los taquígrafos, etcétera). Mas por encima de estas reconocidas

deficiencias existía en el texto propuesto una noble y cardinal idea: la de poner al servicio de lo público

los intereses privados, incluso cuando fueran legítimos. Lo que pretendía es mentalizar al parlamentario

de las exigencias muy rigurosas que tienen que revestir su función pública. Se quería, prescindiendo de la

fácil retórica, llevar a la realidad aquella frase, tantas veces pronunciada, del político como «servidor de la

Patria». Y bien sabemos que el «servicio», especialmente el público, supone gravísima carga y no ligera

cruz.

Los defensores del voto particular a lo largo del debate fueron reduciendo las exigencias, aminorando la

línea severa del voto formulado. Se comenzó por recordar que ya desde la misma ponencia y comisión se

había salvado el llamado «secreto profesional» (esto valía para los apartados dos y tres). Y siguiendo esta

línea de concesiones (en buena parte posibles, y acaso bien justificadas) se ultimó en un texto nada

provocativo. Las ideas centrales del voto eran, más o menos, éstas: obligación de prestar precisa

declaración sobre su profesión, así como respecto de las empresas, instituciones o asociaciones para las

que trabaja en el ejercicio de su profesión; obligación de prestar declaración sobre el tipo y la naturaleza

de los asesoramientos; obligación de prestar declaración acerca de contratos con grupos de interés,

empresas, organizaciones... acerca de asesoramientos, representaciones o actividades semejantes;

obligación de llevar una especial contabilidad acerca de las donaciones o asignaciones que han tenido a

disposición como candidatos en las elecciones...; obligación en su vida profesional de hacer abstracción

de toda referencia a su condición de miembros del Senado, etcétera.

¿Qué finalidades se perseguían o cuál era la ratio legis del precepto que se quería elevar a norma jurídica?

Sencillamente hacer realidad esa independencia, esa condición de «servidor del bien público». ¿Suponía

esto una intolerable y casi calumniosa sospecha, falta de credibilidad, en algo tan mostrenco como es la

dignidad de toda persona humana? ¿No era más que suficiente el voto de confianza que el electorado

había explícitamente ofrecido al designar al senador? Piensen los que esto defienden que si su argumento

fuera válido muy poco tendría que hacer el derecho, que no se olvide, es ante todo configuración coactiva

del comportamiento humano. Espectaculares votaciones alcanzaron ilustres políticos norteamericanos, y

todos sabemos lo que esto supuso después de garantía... ¿Es que no se recuerdan casos y más casos de

corrupción, de manipulación por grupos de presión de no pocos políticos y gobernantes? No basta decir

que se tiene que ser honesto y benéfico. Hay que legislar, hay que objetivar. O, en caso contrario, pensar

seriamente en categorías de auténtica acracia. Lo que no se puede es tener altas dosis de Poder, desde las

que se incide en la solución de los conflictos de intereses en un sentido o en otro, favoreciendo a unos y

perjudicando a otros, sin someterse a todos aquellos requisitos y exigencias que permitan objetiva y

jurídicamente considerar que se dan las condiciones necesarias para asegurar el carácter de servidor

público del político.

¿No decimos una y mil veces que lo esencial en la valoración del comportamiento humano es el

conocimiento de sus motivaciones? ¿No aplicamos estos haremos tratándose del derecho penal, del

económico, etcétera?... El político, lo quiera o no, se mueve en un terreno muy movedizo y tentador: el

mundo de los intereses materiales, en múltiples ocasiones velado por una manipulada utilización de las

ideologías. Hacer todo lo necesario para que domine la transparencia en la acción parlamentaria no es

nada vejatorio. Yo lo estimo más bien como una cortés medida de protección. Y lo digo como jurista que

explica en sus clases el carácter tutelar y protector que tienen muchas formalidades, en las que no sólo se

piensa en terceros, sino muy particularmente en el propio sujeto actor. Y en cuanto a nociones como

derecho a la intimidad (uno de los derechos absolutos, erga omnes, de la lista de los derechos de la

personalidad) o el secreto profesional y su relación con los derechos fundamentales, etcétera, de todo esto

será necesario hablar, pero colocándonos en nuestro presente y no pensando en abstracto, corno quien

utiliza categorías atemporales.

 

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