Autor: Peces-Barba Martínez, Gregorio. 
   El Tribunal Constitucional     
 
 ABC.     Páginas: 1. Párrafos: 12. 

ABC es independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas

vertidas en los artículos firmados.

TRIBUNA PUBLICA

El Tribunal Constitucional

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley orgánica del Tribunal

Constitucional el 24 de julio de 1979. Es la primera ley orgánica que supera ese trámite. Para los

demócratas de siempre tendría que ser un día de alegría. Ha sido, sin embargo, un día de profunda tristeza

porque se ha aprobado una mala ley; una ley, incluso, paradójicamente anticonstitucional. El mismo

hecho de que obtuviese sólo tres votos más de la mayoría necesaria —ciento setenta y seis— y de que la

oposición fuese de todos los signos, derecha, centro e izquierda, tiene un gran alcance. Hay que convenir

que la primera ley de desarrollo de una Constitución aprobada por más de trescientos votos en el

Congreso hubiese merecido una mejor suerte. La responsabilidad política de ese hecho hay que atribuirla

al Gobierno y a su partido, y más en concreto al ministro responsable del desarrollo constituciones. Los

argumentos en defensa de la tesis del Gobierno, sostenidos por profesores de Derecho Constitucional y

Administrativo, diputados de Unión de Centro Democrático, y cuya competencia me consta, ahí están en

el diario de sesiones; y estoy seguro que no van a salir bien parados de los análisis científicos y de los

estudios y tesis doctorales que un tema tan importante como éste va a suscitar sin duda alguna.

En la intervención de explicación de voto del señor Alzaga, de UCD, se hicieron dos observaciones

importantes. En primer lugar se reconoció que se habían producido en la ley posibles

inconstitucionalidades que calificó púdicamente de formales. En segundo lugar dijo que la ley era

urgente; y se pudo desprender de sus palabras en conjunto que más valía una ley mala o regular, pero

pronto, que una ley mejor una semanas más tarde (lo cual no se entiende una vez aprobado el Estatuto

vasco y garantizado por UCD que esta ley no se empleará para el Estatuto catalán).

Las razones de nuestra discrepancia, que me obligaron incluso a anunciar que estrenaríamos al recién

constituido Tribunal con un recurso sobre su propia ley orgánica, son fundamentalmente tres:

La primera se refiere al recurso previo de inconstitucionalidad anunciado en el artículo 20, apartado 1 e),

y desarrollado en el título VI capitulo II, artículo 79, que introduce un tema ya tratado por la Constitución

y que viola, por consiguiente, al ampliarlo, el sistema de preservación de la Constitución que establece el

propio 161, 1.º a) de la Constitución. Entre los dos sistemas existentes en Derecho Comparado, el

previo (donde se controla una norma que aún no es válida porque no ha entrado en vigor) y el «a

posteriori» (que controla una norma válida), la Constitución española opta por el segundo; y hay que decir

que ninguna otra establece los dos al tiempo. Para poder justificar su postura, el profesor Alzaga afirmó

que el control previo era materia distinta y que no suponía un control de constitucionalidad. (Mi asombro

ante esa afirmación disminuyó cuando recordé que el señor Alzaga había dicho en el debate en Comisión

que él se dejaba su condición de profesor a la puerta de las Cortes.)

Este recurso previo establece además en la ley un nuevo criterio de legitimación distinto al que sostiene la

Constitución para el recurso de constitucionalidad, por lo que lesiona los derechos de los grupos de

cincuenta diputados o senadores, del Defensor del Pueblo y de los órganos ejecutivos y legislativos de las

comunidades autónomas.

Si se busca una razón política que justifique la contumacia del Gobierno, excluidos los Estatutos vasco y

catalán, no se encuentra; y eso hace aumentar aún más el escepticismo y la indignación.

La segunda razón de nuestra discrepancia se sitúa en el rechazo por nuestra parte a que las Cámaras sean

sometidas a un control de atribuciones por parte del Tribunal a petición, por ejemplo, del Gobierno,

porque entendemos que el control a las Cámaras por el Tribunal ya se realiza por la vía de la

inconstitucionalidad, y esos temas de las atribuciones tienen perfiles poco delimitados y son susceptibles

de gran politización en relación con las Cámaras si no se orientan por la vía ya consagrada del recurso de

inconstitucionalidad.

La tercera razón sobrevino sobre la marcha, durante el debate, cuando sorprendentemente (desde el punto

de vista lógico) UCD aceptó una enmienda de la Minoría Catalana al artículo 32 gravemente

inconstitucional, porque limita el criterio de legitimación que la Constitución establece y distorsiona y

cambia lo que a esos efectos señala el artículo 162, 1 a). Una simple comparación entre este artículo y el

aprobado pone de relieve la contradicción. Y si se saben las razones oportunistas y poco defendibles del

cambio de actitud de UCD se comprende más la razón de oposición. La enmienda de la Minoría Catalana

se aceptó para obtener sus votos en el voto de totalidad. No importaba el contenido del «intercambio

comercial»: lo importante era asegurarse la mayoría. Muchas veces hemos oído a miembros del Gobierno

decir que Roca, portavoz de la Minoría Catalana, ponía precios altos para los acuerdos; y el otro día

recordamos la verdad de ese aserto. El precio fue la propia Constitución.

Si el Gobierno hubiese aceptado las razones de nuestros dos primeros temas, que pretendían, sin ninguna

contradicción, respetar la Constitución, hubiera tenido, como tuvo con con la ley Penitenciaria, discutida

con más habilidad y menor soberbia, nuestros ciento veintiún votos y probablemente los de toda la

Cámara. Pero una inflexible soberbia del «mantenella» y no «enmendada» ha conducido a estos malos

resultados.

Las leyes son producto de la labor de los hombres situados, por supuesto, en unas condiciones dadas, pero

la personalidad del legislador se marca en sus productos; y esta ley es producto de un mal legislador que

no mira lejos, sino sólo al hoy Inmediato, que es oportunista y que tiene pocos principios estables. A este

tipo de leyes y a este tipo de legisladores, como tuve ocasión de decir en el debate, les ha hecho blanco de

sus críticas la literatura universal desde Erasmo, Montesquieu, Molière, Quevedo o el S. Brandt de «La

nave de los locos», de Anatole France; «La vida de Don Quijote y Sancho», de Unamuno, o «El

proceso», de Kafka.

Son leyes que no inspiran respeto y que contribuyen al deterioro del Derecho. Así no se contribuye al

proceso de la justicia en el mundo; esa justicia que ya en las alegorías de la diosa Diké se describió, con

palabras del filósofo griego Crisipo, como de «mirada severa e imponente, los ojos muy abiertos,

revestida de la dignidad, de una tristeza ni recatada ni retadora, sino que inspira simplemente respeto».

El respeto hay que merecerlo, y este primer producto del desarrollo constitucional, si no se cambia en el

Senado, desgraciadamente no lo merece.

Gregorio PECES-BARBA MARTÍNEZ

Diputado del PSOE

 

< Volver