Autor: Peces-Barba Martínez, Gregorio. 
   Una sola justicia técnica     
 
 El País.    07/10/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 19. 

POLÍTICA

EL PAÍS, sábado 7 de octubre de 1978

Tribuna Libre

Una sola justicia técnica

GREGORIO PECES-BARBA DEL BRIO

Senador del PSOE por Toledo. Presidente de la Comisión de Justicia e Interior del Senado

El número uno del artículo 116 —hoy 121— del texto constitucional que nos venía del Congreso se

redactaba así: «1 .—La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y

gobierno de los juzgados y tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y magistrados y del

personal al servicio de la administración de justicia.»

En la Comisión Constitucional del Senado, a instancia del Grupo Parlamentario Socialista, se propugnó la

siguiente enmienda in voce: «Que formarán un cuerpo técnico único» después de las palabras «jueces y

magistrados». Defendida la enmienda, fue aceptada previa votación con los veinticinco votos de todos los

senadores de los distintos grupos parlamentarios de la alta Cámara; y el Pleno de la misma, en la sesión

del sábado 30 de septiembre, retirado el único voto particular que propugnaba la desaparición de la

socialista consensada con UCD y mantenida por el senador Satrústegui, se ha conseguido —esperamos

que sin problemas en la Comisión Mixta— constitucionalizar la unificación de las dos justicias técnicas.

es decir, conseguir que desaparezca la justicia clasista entre los que la administran, frente a la democrática

predicación de que para los administrados no hay clases y todos somos iguales ante la ley.

Durante cuarenta años los componentes de lo que se ha venido llamando justicia de distrito, en sus tres

cuerpos, jueces, fiscales y secretarios, han clamado en vano por una integración de los cuerpos que la

sirven en sus homólogos de la administración de justicia.

Integración similar a la portuguesa

La integración que se acaba de conseguir en nuestro texto constitucional es similar al contenido en el

artículo 220 de la vigente Constitución portuguesa, único país occidental en el que después de la «ley

Debré», en Francia, perduraba esta absurda discriminación y supone, entre otras cosas, una solución que

va a llevar el sosiego, el equilibrio, el afán de estudio y superación que requiere el ejercicio de la

actividad de administrar justicia a quienes tienen como función la de juzgar y que tenían una misma

formación universitaria: habían tenido muchas veces idénticos maestros que sus compañeros de la carrera

judicial; habían bebido de las mismas fuentes; seleccionados mediante oposición entre licenciados en

derecho con programas semejantes: han seguido un curso de perfeccionamiento en la Escuela Judicial y,

sobre todo, aplican en sus sentencias el mismo derecho objetivo.

A pesar de todo lo anterior, durante estos últimos cuarenta años los integrantes de la hoy llamada justicia

de distrito y antes justicia municipal se encontraron dentro de uña carrera y formando parte de un

escalafón sin posibilidades de ascenso y sin perspectivas, jubilándose, como excepción, en un cuerpo

estatal, con la misma categoría que a su ingreso.

Sentido jurídico

Este criterio de la dictadura está maravillosamente expresado por el fiscal del Tribunal Supremo y

director, entonces, de la Escuela Judicial en un ciclo de conferencias; organizado por el Ministerio de

Justicia en diciembre de 1945. Decía este señor, en la que él pronunció: «Su misión (la de los jueces

municipales y comarcales) no es la misma que la que cumple realizar a los servidores de la justicia

encuadrados en la carrera, ni se ha perdido de vista qué al poder público le basta con que tengan sentido

jurídico y conocimiento de las normas en cuya aplicación han de intervenir.» No me resisto a transcribir

el comentario a estas palabras del profesor Montero Aroca—catedrático de derecho procesal entonces de

la Universidad de Oviedo—: «Parafraseando una gráfica expresión, podría decirse que unos litigios son

competencia de los médicos; otros, de los veterinarios, y los de inferior cuantía, del herrero del pueblo.»

Contra aquellas voces clasistas, de exacerbado espíritu de cuerpo, ha habido muchas que se han elevado

contra esa inexplicable discriminación.

Han sido miembros de la carrera judicial —jueces y magistrados— los que lo han hecho, y de modo

explícito los señores Sánchez Fuentes. Gabaldón, Albercar López, García Cantero, Azparren Gaztambide,

Santiago Valencia, Rodríguez del Barco, Conde Pumpido, Rull Villar, y de la carrera fiscal, el de la

audiencia de La Coruña, don Eduardo Monzón de Aragón, que en la memoria de 1971, tras proponer la

integración de los fiscales de distrito en la carrera fiscal, decía: «No comprendemos cómo, a la vista de

los conocimientos exigidos, de la competencia amplia a los mismos atribuida, del espíritu que forma a

estos funcionarios, se mantienen dos carreras, que en definitiva tienen por misión el culto a la ley y al

derecho, la defensa de la sociedad,y como meta, la realización de la justicia.»

Los profesores de derecho procesal. Eduardo G. de Cabiedes, Herce Quemada, De la Oliva Santos, Prieto

Castro, Guasp, De Miguel, Fairen, Villar y Romero, entre otros, y el ya citado Montero Aroca. cuando se

elaboraba la ley Jarabo, elevaron una exposición al Gobierno sobre la misma, en la que en cuanto al fondo

decían que debe rechazarse la clara discriminación que sufrirán los jueces municipales y comarcales, los

cuales deberán introducirse en la llamada carrera judicial —número 59.1—, y al hablar del número 67

insistían: «Se comprende aún menos la existencia de un cuerpo separado de jueces comarcales, si éste ha

de regirse por normas similares a las establecidas para la carrera judicial, afirmación esta de explicación

imposible.»

Cuando los profesores de derecho procesal de las Universidades españolas celebraron en el mes de mayo

de 1972, y en la ciudad de Valencia, su VIII Reunión, adoptaron, entre otras —y al referirse a la llamada

justicia municipal, las siguientes conclusiones:

Primera: Los jueces deberán ser, sin excepción, técnicos y funcionarios. Segunda: Deberá existir una

única carrera judicial, desapareciendo la actual dualidad de cuerpos de jueces. Tercera: El ingreso en la

única carrera se realizará por los puestos inferiores. Los acuerdos del Colegio Nacional de Secretarios

Judiciales, las monografías y los trabajos profesionales, las conferencias y, entre ellos, el aparecido en el

Boletín de Información del Ministerio de Justicia, del señor Luces Gil, quien al examinar

concienzudamente el decreto de 29 de julio de 1977 y formular unas sugerencias generales para una

futura reforma orgánica de la administración de justicia, afirma —y ello en gran parte lo suscribo— que

«en una futura ordenación orgánica debe desaparecer la actual dualidad de clases de justicia, que no

tienen parangón en ningún sistema del derecho comparado. El ingreso en la carrera judicial única se

realizaría por la categoría de juez de distrito. Igual criterio de unificación de cuerpos debe seguirse con

respecto a los fiscales y secretarios judiciales».

Esta era la problemática anterior a la reforma política. En 1977, por decreto de 29 de julio, se crean los

cuerpos de jueces de distrito, fiscales y secretarios de distrito y se dispone la creación del Cuerpo de

Secretarios de Juzgados de Paz; para ello se integra en un solo escalafón a los antiguos jueces, fiscales y

secretarios municipales y comarcales.

En este mismo decreto se da cumplimiento a la integración de oficiales, auxiliares y agentes de la justicia

municipal en los correspondientes cuerpos de la administración de justicia.

En el primer párrafo de la exposición de motivos del referido decreto se dice: «El objetivo de este decreto

es conseguir la unidad en la ordenación de cuanto se refiere al tratamiento de la función judicial y de sus

servidores, lo que lleva como consecuencia inmediata hacer desaparecer la diferenciación entre

administración de justicia y justicia municipal, cuyo origen histórico no puede prevalecer frente al

principio de que la justicia es sólo única, cuando esa unidad se ha hecho posible desde la tecnificación y

profesionalización de quienes integran los órganos de esa justicia a lo largo de más de treinta años de

actuación.»

Pero en aquel decreto se matizaban estos propósitos con lo que en él se decía a continuación: «Sin

perjuicio de mantener las peculiaridades que tienen su origen en el proceso formativo de las estructuras

orgánicas de las personas que la sirven.»

Esta paradoja se hacía de más difícil comprensión porque los jueces de distrito seguían supliendo a los

jueces de primera instancia e instrucción en los tres supuestos de ausencia, vacante o enfermedad, y ello

implicaba, el reconocimiento tácito de su competencia profesional, de su identidad funcional. Distribuir la

función de instancia entre dos tipos de jueces siguiendo el método o sistema cuantitativo era desconocer

la función técnico-jurídica de quien tenía que juzgar, ya que las dificultades y los conocimientos para

resolver los litigios no son de tipo aritmético sino jurídico.

Reparación de una vieja injusticia

De todos los que hemos ejercido y ejercemos la profesión de abogado, es suficientemente conocida la

labor que en aplicación, por ejemplo, de la difícil legislación de arrendamientos urbanos y de la de

propiedad horizontal han hecho los jueces de distrito, resolviendo cuestiones jurídicas muy espinosas, en

cuantía de millones, y sentando una doctrina aceptada en múltiples ocasiones por escalas superiores de la

justicia.

La contribución de los jueces de distrito a la bibliografía jurídica es también conocida por todos los

profesionales; desde Aragoneses a Lucas Gil y Gómez de Liaño, pasando por Peré Raluy, por Fuentes

Lojo, por Gambón Alis, Pascual Nieto, Urbano Ruiz y tantos otros.

Por ello, la aceptación por el Pleno del Senado de la enmienda in voce de los grupos socialistas

proponentes y Unión de Centro Democrático, por consenso, sin ningún voto discrepante, excepto el del

senador señor Satrústegui —que al final retiró su voto particular—, ha supuesto, entre otras cosas, que

una Cámara democrática ha sabido reparar una vieja injusticia.

 

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