Autor: Azaola, José Miguel de. 
   El PSOE y el federalismo     
 
 El País.    31/01/1978.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

EL PAÍS, martes 31 de enero de 1978 OPINIÓN

El PSOE y el federalismo

JOSÉ MIGUEL DE AZAOLA

En el resumen de la conferencia que en el Club Siglo XXI pronunció el 9 de enero el diputado socialista

por Guipúzcoa Enrique Múgica, y en las declaraciones que a continuación hizo, así como en los

comentarios que sobre las mismas formuló el diputado socialista por Valladolid Gregorio Peces-Barba,

nos ha ofrecido la prensa un tema de reflexión y, a mi juicio, de seria preocupación. Digo «la prensa»,

porque las palabras que todos —salvo una minúscula minoría de afortunados— conocemos no pasan de

ser referencias periodísticas, de cuya exacta literalidad me libraré de hacer responsables a los dos

parlamentarios. Pero, pues carezco de otras, a esas referencias tengo que atenerme, no sin evocar antes —

pues creo que viene a cuento— un episodio de la era constituyente anterior.

La «sustancia federal»

Cuando, en las Cortes de 1931, se rechazó la propuesta de que se hiciera constar expresamente en la

Constitución el carácter federativo de la República, Alcalá-Zamora quiso consolar a los federalistas

diciéndoles: «No hace falta la palabra federal porque está la sustancia federal.» Y se aprobó aquel párrafo

3° del artículo 1°, que calificaba a la República de Estado «integral». Y, como «integral» no quiere decir

nada en términos jurídicos ni políticos («Conozco el pan integral, pero no sé lo que es el Estado integral»,

comentaría socarronamente uno de los constituyentes de aquellos días), todos contentos.

Más tarde descubrióse que la República era muy poco federativa. Ahora parece ser que eso de «federal»

no es del agrado de UCD y que tampoco les sienta bien a los llamados «poderes fácticos»; sin embargo, la

verdad es que el anteproyecto de Constitución que el día 23 de diciembre de 1977 entregó el presidente

del Congreso al de las Cortes, se acerca a los criterios federativos bastante más que el texto que 46 años

antes sancionaron las Constituyentes republicanas. Aquellos federalistas que no tenemos el fetichismo de

los vocablos y que, contrariamente a los que lo tienen, estamos dispuestos a renunciar a la palabra

«federal» (pero no a la sustancia federal), no podemos sino felicitarnos de que así sea. Y confiar en que

los parlamentarios que se proclaman federalistas —y en primer lugar los del PSOE, que es el más

numeroso de los grupos que hacen gala de esa etiqueta— hagan lo que puedan en el Congreso (que será

bastante) y en el Senado (que será bastante más) para nutrir de sustancia federal el texto de la futura

Constitución. Esta confianza se ha visto seriamente quebrantada —al menos en lo que personalmente me

concierne— cuando he leído las declaraciones que la prensa atribuye a Múgica y a Peces-Barba.

Uno y otro han hablado de las «nacionalidades y regiones» (terminología que figura en el anteproyecto

constitucional). No entraré ahora en el importante punto relativo a lo adecuado o inadecuado de estos

términos: necesitaría, para hacerlo, demasiado espacio. Lo que aquí interesa es que ambos diputados han

tratado de aclarar el significado de tales vocablos; vocablos que el texto del anteproyecto no define, que

son muy ambiguos (resulta fácil dar ejemplos de casos en los que, tanto «nacionalidad» como «región»,

se emplean en acepciones muy diferentes) y que, por ende, introducen en el anteproyecto de Constitución

una confusión considerable que, dada la importancia del tema, resulta grave y alarmante. Ni la gravedad

ni la alarma se han disipado con las declaraciones que la prensa atribuye a esos dos destacados socialistas.

Al revés: se han acentuado.

Interpretaciones contradictorias

Múgica, según las agencias, ha tratado de darnos, ya que no una definición conceptual, sí una definición

funcional de «nacionalidad» y de «región», acompañada de ejemplos: «No son lo mismo Cataluña y

Euskadi, que Castilla o Andalucía. Para estas últimas, a las que se puede calificar de regiones, lo

importante son criterios administrativos de descentralización para hacerles salir del marasmo económico-

social, mientras que para las primeras, como nacionalidades que son, se imponen atributos

específicamente políticos de autogobierno.» No explica Múgica —o al menos, no explican las agencias—

por qué Vasconia y Cataluña son «nacionalidades», mientras que Castilla y Andalucía son «regiones».

Esto me hace recordar que Sabino de Arana, fundador del nacionalismo vasco, escribió muchas páginas

para demostrar que Cataluña es una región, mientras que Vasconia es una nación. Pocos años después

eran tan numerosos, o más, los que veían en el catalanismo un nacionalismo, que los que veían en él un

regionalismo. Y uno no puede menos de preguntarse: ¿Cuántos años pasarán, o cuántos meses, hasta que

el PSOE, al que, en 1931, y aún bastante más tarde, satisfacía la denominación de «regiones» aplicada a

Cataluña y al País Vasco, pase a llamar «nacionalidades» a Andalucía o a Castilla? Pero dejando aparte

—sin ignorar su importancia— la cuestión de vocablos, veamos esa definición, que he llamado

«funcional» y que la prensa pone en boca de Múgica: según ella, serán regiones los «territorios

autónomos» (esta expresión, suficientemente clara, está en el anteproyecto constitucional) cuyos estatutos

establezcan «criterios administrativos de descentralización», mientras que serán nacionalidades aquéllos

cuyos estatutos les reconozcan «atributos específicamente políticos de autogobierno».

Aquí tropezamos con una interpretación muy distinta del anteproyecto cosntitucional, que la prensa pone

en boca de una persona excepcionalmente autorizada para darla, por ser uno de los miembros más

destacados de la reducida ponencia que ha redactado su texto: el diputado Peces-Barba, para quien —

dicen los periódicos— «la autonomía de un territorio que quiera llamarse región puede ser mayor que la

que se dé un pueblo que se quiera llamar nacionalidad». Según esto, primero: la denominación de

«nacionalidad» o «región» dependerá de los ciudadanos del territorio autónomo interesado, no de criterios

objetivos; de modo que, incluso, podría ocurrir que Cataluña se autodenominase región, y Castilla se

autodenominase nacionalidad (y hasta que alguno de los «territorios autónomos» no se autodenominase

nada más y nada menos que eso: «territorio autónomo», dejando la disputa de si nacionalidad o región

para los aficionados a las disquisiciones terminológicas; y, segundo (y mucho más importante): la

definición funcional atribuida a Múgica queda pulverizada desde el momento en que «no se sacan

consecuencias jurídicas» de ambos conceptos, de modo que una región podrá tener, si lo desea, esos

«atributos específicamente políticos de autogobierno» que el diputado por Guipúzcoa parecía reservar a

las nacionalidades, las cuales podrán, en cambio, contentarse (si son ciertas las afirmaciones que se

atribuyen al diputado por Valladolid) con los «criterios administrativos de descentralización» que su

colega parecía decir que convienen solamente a las regiones. ¿Quién de los dos tiene razón? Y si, por

ventura, esta pregunta mereciese el honor de una respuesta, y la respuesta fuera que los dos la tienen, la

cosa sería todavía más alarmante, porque entonces sí resultaría completa la confusión de criterios.

El «marco federativo»

Confusión que, por desgracia, aumenta cuando se leen y se meditan las siguientes frases atribuidas a

Múgica: «No se trata de cuadricular el Estado con fórmulas federalistas que pueden venir grandes a unas

regiones y pequeñas a otras. Se trata de proponer un marco federativo que, sin impedir en el futuro un

Estado federal, contemple este Estado federal como resultado de un . proceso natural, no como

satisfacción ideológica de un dogmatismo apriorístico.» Esto se ha de glosar diciendo: primero, que

federalismo no es —contra lo que Múgica parece pensar— igual a simetría, por lo que las «fórmulas

federalistas» pueden cortarse a la medida de cada región, país, territorio, nacionalidad o como quiera

llamársele, sin perder por ello su carácter federativo; segundo, que ese «futuro Estado federal», llamado a

sobrevenir el día de mañana como resultado de un «proceso natural», es mera figura retórica; pues, si el

«marco federativo» que ahora se propone es aceptado, si encaja en él la realidad española de hoy, y si lo

de «federativo» es verdad y no una palabra vacía, el Estado será federal desde ahora, aunque no se llame

así; ya que un Estado que no sea federal no puede encajar en un «marco federativo». Y si encaja en él y, a

pesar de todo, no es federal, es porque el marco no es realmente federativo.

Como el tema es complejo, y la terminología poco usual, podría ocurrir que las versiones que de los

dichos de ambos diputados ha publicado la prensa, fuesen poco exactas. Todo federalista habría de

felicitarse de que así fuera. Pues, si tales versiones fuesen exactas, resultaría vana la esperanza de que los

parlamentarios del PSOE sabrán poner sustancia federal allí donde falta la palabra «federal». Sustancia

federal auténtica, no la que, como tal, presentaba Alcalá-Zamora en 1931.

Hablábase hace unos meses de «Generalidad descafeinada». Pido al cielo que el «marco federativo» de

ahora no sea —perdóname, lector, el retruécano— un marco depreciado: una especie de «peseta

federativa», todo lo original, todo lo española que se quiera, pero con la que no se pueda adquirir sino

aquella «sustancia federal» de pega, buena sólo para dar inocentadas, que en la Segunda República

pretendió haber descubierto el que sería su primer presidente.

 

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