Autor: Arnedo, Elena. 
   Contra el servicio cívico temporal y obligatorio     
 
 El País.    16/03/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 18. 

Contra el servicio cívico temporal y obligatorio

ELENA ARNEDO

Comisión Mujer y Socialismo del PSOE

Por muy alto que haya llegado a ser nuestro umbral de asombro ante las decisiones pretendidamente

innovadoras del Gobierno que nos ha tocado en suerte por obra y magia de la ley D´Hont, nuestra

capacidad de indignación se ve hoy colmada por el proyecto de la Dirección General de Desarrollo

Comunitario del Ministerio de Cultura relativo al servicio cívico para mujeres, objetores de conciencia, e

inútiles para el Ejército cuyo texto se resume en EL PAÍS del 12 de febrero de 1978.

Lo primero que nos preguntamos al leer dicha información es qué funciones se arroga la Dirección de

Desarrollo Comunitario. ¿Puede esta fantasmagórica dirección regular y legislar temas como la

planificación familiar, los derechos y deberes de los objetores de conciencia y otros temas, no citados en

la reseña, pero que sabemos que están siendo objeto del «trabajo» de este organismo, como el Tribunal

Tutelar de Menores? ¿Existe una coordinación y un planteamiento común entre esta Dirección General y

los Ministerios de Sanidad, Justicia, Defensa y Trabajo?

Nuestro segundo —y angustiado— interrogante surge ante la obligatoriedad de la prestación de este

servicio cívico. Parece ser que el texto del proyecto está concebido «no como obligación incómoda, sino

como participación en la vida de la comunidad». El derecho a esta participación, los ciudadanos creemos

que lo tenemos por definición y que podemos participar cómo y donde creamos más acorde con nuestras

aptitudes y preferencias, sin necesidad de que nadie nos lo institucionalice.

Pero en el borrador del proyecto la cuestión deja de estar ni medianamente clara. Por una parte, el artículo

primero considera el servicio cívico «como deber nacional de la mujer española», a la vez que añade que

«le confiere el derecho a la participación (...)» y en el artículo octavo se establece que «el incumplimiento

de la realización de dicho servicio dará obligatoriamente origen a la apertura de expediente para

aplicación de las sanciones de carácter cívico o/y pecuniario que en cada caso se determine».

Nuestra perplejidad es total. ¿Se trata de un derecho, de un deber, o de una obligación, cuyo

incumplimiento se penaliza?

Nuestros interrogantes continúan. ¿Qué se pretende, actualizar a los nuevos tiempos y a las exigencias de

unas «estructuras democráticas» el antiguo servicio social ampliándolo? ¿Se intenta colmar la

«amargura» de los objetores de conciencia y declarados inútiles para el Ejército a través de una

participación impuesta en servicios y responsabilidades colectivas?

En cualquier caso, la extensión del antiguo servicio social es evidente. Pasa de afectar a una mitad de la

población, marginada en razón de su sexo, a otra proporción de personas, esta vez marginadas por su

incapacidad física, psíquica o ideológica para integrarse en las viriles y marciales tareas del Ejército.

Fuera de estas consideraciones, lo que sí es evidente es que mientras este nuevo servicio cívico —derecho

o deber— entra en funcionamiento y aunque algunos habíamos creído ingenuamente que al desaparecer el

Movimiento había desaparecido con él la Sección Femenina, ésta sigue soterrada en diversas entidades

administrativas. Y para que no haya vacíos, y las mujeres no nos sintamos, ni por un momento, «carentes

de responsabilidades cívicas» se sigue exigiendo en la actualidad el cumplimiento del antiguo servicio

social.

El viernes 3 de marzo, el PSOE presentó ante el Congreso una pregunta sobre por qué persistía la

existencia del servicio social y en qué consistía hoy ese servicio. La pregunta no ha sido aún contestada

por el director general de Desarrollo Comunitario.

Pero dejemos el pasado aún vigente, queremos pensar que por inercia burocrática, y volvamos al futuro

servicio cívico. Si alguien esperaba, con toda buena fe, que el nuevo servicio iba a plantear un cambio

radical de enfoques y objetivos, la citada reseña de EL PAÍS le habrá hecho perder las esperanzas.

En el borrador, parece que se especifica que «puede rescatarse parte del temario del servicio social para la

mujer en 1977» y se cita como uno de sus puntos de formación: «conocimiento de diferentes técnicas y

destrezas con aplicación práctica en el hogar», con el añadido escrito a mano «incluido corte y confección

para ambos sexos». Parece ser también que en el proyecto se reitera varias veces que «se pretende acabar

con la vieja división de temas en función del sexo». Este propósito genérico es ciertamente de alabar, pero

sospechamos que las mujeres resultarán más beneficiadas y enriquecidas en este aspecto con su

integración real y sin discriminaciones en las funciones creativas, políticas, sociales, etcétera, de la

comunidad, que con la falsa satisfacción que creen algunos que nos puede producir la incorporación de

unos cuantos miembros marginados —desde luego por razones injustas que parten de planteamientos

fascistas— en las tareas presunta y tradicionalmente femeninas.

A las tareas del servicio social anterior se añaden en éste, bien es verdad, algunas novedades. Una de ellas

es la integración de la planificación familiar, y, además, en un alarde de progresismo, se llega hasta a

suprimir la referencia del borrador inicil a «motivos legítimos o ilegítimos», «medios lícitos e ilícitos».

Creemos, no obstante, que la planificación familiar es un tema que incumbe al Ministerio de Sanidad y

que debe de ser integrada en la Seguridad Social. Se nos avisa, por el contrario, que el «planing familiar

se impartirá bajo las directrices de la Dirección-General de Desarrollo Comunitario». De nuevo nos

preguntamos en qué se basa la citada Dirección General para asumir una responsabilidad de tan gran

importancia, que plantea un tema que exige una alta especialización y que afecta a fundamentales

aspectos de la salud pública y de la libertad individual.

¿Posee el director general, señor García Margallo, de profesión abogado, especializado en temas fiscales

y formado en la Universidad de Deusto, y sin duda muy competente en su profesión, la capacitación

necesaria para arrogarse la dirección —el dirigismo— en este tema? ¿Y cuál es y de dónde procede el

personal cualificado de que va a disponer para impartir los cursos de formación en planificación familiar

y educación sexual? Por último, ¿de qué sirve, en definitiva, que el proyecto declare expresamente su

aconfesionalidad y su carácter abierto y plural, si no renuncia a un carácter doctrinal, expresamente

reconocido, y al dirigismo en temas que exigen un total respeto a la dignidad e intimidad del individuo?

Mucho nos tememos, aún a riesgo de caer en un proceso de intención, que si desde otros departamentos

del Ministerio de Cultura se nos va a intentar inculcar el ideario del partido del Gobierno, desde esta

Dirección General se nos siga adoctrinando con los clásicos conceptos algo remozados de la Sección

Femenina y que según la ideología joseantoniana se siga deseando «liberar a la mujer del taller y de la

fábrica».

En conjunto, tras estas diversas enseñanzas y prestaciones que nos pretende imponer el servicio cívico,

más o menos cargadas de doctrina, se reconocen textualmente dos objetivos básicos.

Pero la clave de todo este desgraciado proyecto se resume en el enunciado del segundo objetivo: «Cubrir

las necesidades concretas de la comunidad sin tener que incrementar o crear nuevos presupuestos en

momentos de crisis económica como el que atravesamos». Hemos llegado, por fin, al fondo y a la

verdadera invención subyacente en el invento.

Se trata de aprovechar a mujeres y varones «marginados de la noble tarea de las armas» para obtener una

mano de obra no remunerada. Para que todas las mujeres, con independencia del estado civil (salvo

contadas excepciones por motivos de salud o de familia) y un considerable número de hombres, estén

obligados, en el momento de su juventud y de su máxima capacidad de trabajo, a verse alejados de los

centros laborales.

Y frente a esta intención, lo que exigimos son menos «prestaciones» no remuneradas y más puestos de

trabajo en los que incorporarse plenamente a la sociedad y acceder a una posición de dignidad humana y

de igualdad con el resto de la comunidad y en los que obtener un salario justo y no discriminatorio.

Si el Gobierno se ha comprometido a intentar resolver el problema del desempleo, nos parece que

pretender ocupar a una parte importantísima de la población activa, masculina y femenina, durante plazos

de seis, dieciocho o veinticuatro meses, en actividades probablemente dignas, pero decididamente de

escaso interés ante el problema económico del país, y sin compensación económica alguna, da muestra de

una falta de imaginación total, por no decir de un descaro intolerable.

 

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