Autor: Marín González, Manuel. 
   El PSOE y el acuerdo pesquero con Marruecos     
 
 El País.    09/02/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 18. 

ECONOMÍA EL PAÍS, jueves 9 de febrero de 1978

TRIBUNA LIBRE

El PSOE y el acuerdo pesquero con Marruecos

MANUEL MARÍN (Diputado)

GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE PESCA DEL PSOE

El acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima entre España y Marruecos, pendiente de

ratificación por las Cortes, tiene implicaciones económicas, sociales y políticas que exceden de cualquier

acuerdo internacional. El acuerdo de cooperación en materia de pesca, firmado en Rabat el 17 de febrero

de 1977, fue presentado para su ratificación a las Cortes el pasado 4 de enero, es decir, casi un año

después de su firma. La no legitimación democrática de las anteriores Cortes explica quizá un primer

retraso. Es más difícil comprender por qué las Cortes democráticas han tardado seis meses en conocer un

tema de innegable importancia para nuestras relaciones internacionales. Caben varias hipótesis, entre ellas

la de que el Gobierno español espera a la resolución del conflicto que opone a las diversas potencias

operantes en la zona. Pero el enfrentamiento no sólo no se ha resuelto, sino que incluso otras potencias,

como Francia, intervienen ya abiertamente en el mismo, al parecer con el objetivo de conservar sus

posiciones dominantes cultural y económicamente, eclipsando así gradualmente la presencia e influencia

españolas.

El deterioro de nuestra coyuntura económica y el espectacular aumento del desempleo y la degradación

de la situación en el archipiélago canario son factores que pudieran explicar la reciente voluntad oficial de

la ratificación de un acuerdo que, comparado con el acta de las «conversaciones mantenidas sobre los

aspectos económicos derivados de la transferencia de la administración del Sahara» (denominación oficial

de los famosos anexos secretos del Tratado de Madrid de 14 de noviembre de 1975), muestra una

espectacular retirada de las posiciones españolas.

Los anexos secretos permitían faenar a seiscientos barcos españoles en las costas atlánticas de Marruecos

y a doscientos en las costas mediterráneas, durante quince años, estableciéndose que «podrían» ser

fletados por Maropéche (sociedad mixta). Marruecos y Mauritania permitirían la pesca en aguas del

Sahara de ochocientos barcos españoles, exentos durante cinco años y pagando el canon más favorable

durante los quince siguientes.

Jurisdicción marroquí en aguas del Sahara

Expertos de las diversas partes tendrían que haberse reunido antes del 31 de diciembre de 1975 para

determinar las modalidades de transferencia de la administración del Sahara en sus aspectos económicos

y especialmente pesqueros, todo ello según conversaciones o anexos secretos del Tratado de Madrid.

La opinión pública española no tiene noticia de que tales reuniones hayan tenido lugar y, no obstante, sin

tener en cuenta aparentemente los anexos secretos, se ha negociado un acuerdo de cooperación pesquera

con Marruecos en el que este país retira lo esencial de las concesiones hechas en las actas secretas.

Mediante el acuerdo pendiente de ratificación, Marruecos logra que se trate como «aguas sujetas a

jurisdicción marroquí» también las situadas indeterminadamente «al sur del cabo Nun», esto es, aguas

propias del Sahara occidental. Por otro lado, los bancos de cefalópodos situados al sur del cabo Nun se

hallan localizados principalmente en aguas del Sahara occidental, sobre las que, nominalmente,

Mauritania asumió la administración. Ello pudiera ser una fuente adicional de conflicto futuro entre los

dos actuales aliados marroquí y mauritano.

Análisis del acuerdo

La expresión «bajo jurisdicción marroquí», referida a las aguas situadas al sur del cabo Nun, puede

suponer la admisión por vía indirecta de que los «poderes y responsabilidades» transmitidas por España a

Marruecos y Mauritania en calidad de administración temporal implica la cesión de soberanía

(reiteradamente negada por el propio Gobierno español) y, consiguientemente, la facultad de reglamentar

y de beneficiarse de la pesca de dichas aguas, facultad a todas luces ilegítima. El acuerdo de pesca con

Marruecos cuya ratificación se pretende prevé la continuación de la actividad pesquera en aguas atlánticas

y mediterráneas de Marruecos al norte del cabo Nun, marcándose unos cupos máximos de 25.000

toneladas de pescado para la modalidad de arrastre y otras 25.000 toneladas para la de cerco. En las aguas

al sur del cabo Nun, incluyendo las aguas del Sahara, la flota española podrá pescar sardina con destino al

mercado interno (en realidad para la industria conservera de Canarias) hasta un tope de 80.000 toneladas.

En contrapartida, para pescar bajo pabellón español en la zona de aplicación del acuerdo, será necesario

concertar un contrato de fletamiento con sociedades marroquíes, de capital mixto o integramente

marroquí, sin que ello implique derecho a ninguna remuneración para el armador español y sin que se

derive responsabilidad alguna para el fletador marroquí. Por otro lado, nuestro país se compromete a

fomentar la constitución de sociedades mixtas para fletar barcos de pesca, para armar barcos, para la

construcción naval y para la transformación y comercialización de los productos de la pesca. En las aguas

al sur de cabo Nun, y en ellas se incluyen las aguas del Sahara, España se compromete, en un período de

cinco años, a colocar al 40% de su flota sardinera y el 50% de su flota de cefalópodos que faenan en estas

zonas en compañías mixtas hispano-marroquies, bajo bandera de Marruecos. Además, esta

marroquización se hará con cargo a los créditos a la exportación concedidos por nuestro país, es decir,

con cargo al erario público. Finalmente, el Gobierno español concede un crédito por importe de 3.525

millones de pesetas para financiar la infraestructura de la pesca marroquí, especificando que se trata de

fábricas de conserva, instalaciones portuarias, escuela de formación náutica, construcción de barcos,

etcétera. Este dinero será reembolsado en diez años, con un interés anual del 5,5%, con dos años de

gracia, y a partir de la terminación de cada proyecto.

Aunque la imprecisión de los datos y estadísticas oficiales referentes a nuestro sector pesquero es notoria,

la importancia de la problemática pesquera de la zona se refleja a través de la actividad de unos 1.400

barcos, comprendidos los de Canarias y del sur de la Península, del trabajo de unos 25.000 hombres en el

sector extractivo, con desembarco por valor no inferior a los 19.000 millones de pesetas en primera venta,

aparte de la repercusión sobre otros sectores de la economía nacional (industria de transformación,

comercialización, etcétera). El problema ante el que nos encontramos es, pues, de primera magnitud y su

solución afecta a intereses financieros realmente importantes, a un número considerable de trabajadores y,

en último término, al conjunto de nuestra economía. Al mismo tiempo la complejidad y la importancia de

los intereses en juego obliga al Gobierno español a tomar decisiones a remolque de situaciones tan

acuciantes como angustiosas, situaciones que se plantearon con toda claridad hace ya al menos diez años,

pero que nunca fueron abordadas con seriedad y, por tanto, resueltas. En cuanto a Canarias, además de

perder barcos y trabajo para sus hombres del mar, las islas se encontrarán en el país vecino, a corto plazo,

con una industria de transformación que puede acabar anulando la suya propia y que, además, al estar en

una posición inmejorable para comercializar sus productos en España, competirá también con la que

existe en Galicia.

Ahora bien, el acuerdo que se pretende ratificar permitirá a nuestra flota seguir faenando, aunque sea

fletada por compañías marroquíes, con el correspondiente beneficio para sus armadores, pero tal flota irá

desapareciendo a un ritmo alarmante según progrese su marroquización. Paralelamente irán

desapareciendo los puestos de trabajo, y la pérdida de efectivos será particularmente grave en el caso de

las flotas dedicadas a la sardina y a los cefalópodos, de las que dependen todas, o al menos las más

importantes, industrias transformadoras.

En el acuerdo no existe ninguna cláusula que asegure la estabilidad en el empleo de los trabajadores

españoles enrolados en los barcos marroquizados, que se verán, por otra parte, desprovistos de todas las

defensas que les permite la legislación española sobre el trabajo en el mar.

Sin embargo, a nuestros trabajadores de la mar no se les ofrece ninguna otra alternativa. El resultado es

que los sectores sociales y económicos siguen presionando sobre las decisiones gubernamentales y

políticas de una forma brutal, lo que explica en alguna medida que el acuerdo planteado no sea más que

un mero espejismo, negociado sin visión de futuro en el terreno social y que en forma alguna resuelve

nuestro problema pesquero, a no ser que se estime que este problema es exclusivamente el de la defensa

del capitalismo en su versión decimonónica.

La flota del Sur

En el sur de la Península nos encontramos con un planteamiento similar. Gran parte de su flota, y en

especial los barcos más pequeños, trabajan necesariamente al norte de cabo Nun. El problema político que

aquí se va a plantear con la posible no ratificación del acuerdo será, probablemente, más grave que en

Canarias y el planteamiento de la política a seguir algo más complejo a causa de las 50.000 toneladas que

el acuerdo ofrece como límite máximo de capturas. Pero debe quedar claro, como se deduce con sólo

ojear el convenio, que la solución propuesta sólo sirve para aplazar el problema de momento y en forma

alguna da solución racional a su trasfondo social. De nuevo vale la pena plantearse con toda seriedad si

las ventajas que se ofrecen a la parte marroquí (en particular la potenciación de su industria de

transformación y la comercialización de los productos pesqueros en nuestro país) se ven compensadas por

lo que de hecho equivale a un mero retraso del problema. Nadie debe olvidar que el convenio nos obliga a

negociar dentro de cinco años un nuevo marco de cooperación en materia de pesca y un nuevo marco de

cooperación financiera, que de ser similares a los que ahora se plantean supondrían la total desaparición

de nuestra actividad pesquera en la zona.

El PSOE se ve en la obligación de denunciar la grave responsabilidad que implica no haber elaborado en

su momento una ordenación pesquera con perspectivas de futuro. En estas circunstancias el PSOE

quisiera que todos los sectores pesqueros se concienciaran de que la pesca requiere una reestructuración

total y profunda que le asegure no sólo el hoy, sino también el futuro.

Esta reestructuración ni debe ni puede hacerse salvando intereses meramente financieros, sobre todo

cuando el resultado correspondiente a corto, medio o largo plazo consiste en dejar sin trabajo al pescador.

Es probable que todo el problema pesquero haya que enmarcarlo en un contexto más general. Es

necesario ordenar la pesca en todo nuestro litorial y hay que negociar con otros países (Argelia y Túnez),

concediendo las justas compensaciones. En el caso de Marruecos debemos asegurar a nuestro vecino

marroquí que España tiene voluntad de ayudarle en su desarrollo pesquero y al mismo tiempo que está

dispuesta a compensarle justamente por nuestra pesca. Pero ambos países deben poner medios para que el

desarrollo pesquero de Marruecos vaya en paralelo con una ordenación real del sector pesquero español,

ordenación que permita que nos adaptemos al nuevo derecho internacional sin provocar grandes traumas.

Además, y en el orden interno, deberíamos evitar por todos los medios que determinadas presiones del

momento nos obliguen a conceder unas ventajas en el terreno no extractivo y en el político que

entendemos jamás debieron ser ofrecidas.

Finalmente, debe destacarse el hecho de que la ausencia de ordenación del sector pesquero es

directamente imputable a una estructura administrativa arcaica y, por tanto, incompetente, con más

parecido a un «sindicato de armadores» que a una administración responsable.

 

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