Autor: Vicente Martín, Ciriaco de. 
 La reforma de la Administración. 
 La continuidad del autoritarismo     
 
 El País.    20/07/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

La reforma de la Administración

La continuidad del autoritarismo

CIRÍACO DE VICENTE

El segundo de los grandes temas que plantea la reciente reestructuración administrativa realizada por el

Gobierno Suárez es el de la técnica jurídica seguida para llevarla a cabo. Dicho de otra forma: el cómo de

la reestructuración.

Es sobradamente sabido que el Gobierno Suárez ha utilizado una vez más la técnica autoritaria del

decreto-ley y del decreto. El Gobierno ha hecho la reestructuración por decreto, en el doble sentido de la

palabra, formal y político.

Desde una perspectiva formal el decreto de reestructuración es el resultado de la autorización que el

Gobierno se concedió asimismo en el decreto-ley de medidas económicas del 8 del pasado mes de

octubre. Con ello se vadeaba el obstáculo que supone la vigente ley de Régimen Jurídico de la

Administración del Estado que exige una ley para modificar el número de los departamentos ministeriales

y sus competencias.

El mencionado decreto-ley de octubre de 1976 se dictó, como en teoría ocurría con todos los decretos

leyes, por razones de urgencia, aunque en este caso la urgencia haya tardado nada menos que nueve

meses en exteriorizarse.

La reestructuración administrativa, de hecho, es un auténtico asalto del Poder Ejecutivo al Legislativo de

las Cortes, máxime si se tiene en cuenta que las Cortes que aprobaron la urgencia del decreto-ley de

medidas económicas de octubre de 1976. han dado paso a unas Cortes democráticas elegidas por los

ciudadanos españoles.

Añádase a ello que la reestructuración se ha hecho, además, por un Gobierno difunto políticamente, sin

consultar a los funcionarios afectados, y, en el caso de la Administración social, sin consultar ni oír a los

sindicatos democráticos de la clase trabajadora.

A ello me quería referir cuando líneas atrás señalaba que el Gobierno Suárez ha practicado, una vez más,

el ordeno y mando, al que tan acostumbrado está el presidente Suárez que ha estado y parece estar

dispuesto a hurtar al Congreso lo que es del Congreso.

No es por ello de recibo la afirmación gubernamental de que en Europa el ejecutivo quita y pone

ministerios, pues, aunque asi sea, la situación actual de nuestro país no es asimilable a la de los países

democráticos de Europa occidental. En la Administración española, cuya actual estructura es obra del

franquismo y de uno de sus brazos colaboradores, el Opus Dei, hay muchas cosas que cambiar, pero esa

es una tarea que en una coyuntura como la presente corresponde realizar a las Cortes.

Piénsese que, según el decreto de reestructuración, la reestructuración administrativa tiene dos fases, la

primera de las cuales es la ya aprobada por el Gobierno. Para llevar a cabo la segunda el Gobierno Suárez

se ha concedido un plazo de cuatro meses. Pues bien, cuando hayan pasado esos meses y la

reestructuración haya sido consumada la Administración española tendrá un entramado que podrá, o no,

coincidir con lo planeado por las Cortes, pero que, en todo caso, dificultará la viabilidad funcional de una

auténtica reforma administrativa democrática.

El país no está para cambiar la organización administrativa del Estado cada cuatro ni cada seis meses.

Precisamente por ello el Gobierno Suárez, con su actual reestructuración, no hace sino dificultar la

definitiva ordenación democrática de la Administración y de la Función Pública.

 

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