Autor: Lozano Pérez, Baldomero. 
   Contribuyentes y contribuyentes     
 
 El País.    14/12/1977.  Página: 40. Páginas: 1. Párrafos: 21. 

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ECONOMIA

EL PAÍS, miércoles 14 de diciembre de 1977

TRIBUNA LIBRE

Contribuyentes y contribuyentes

BALDOMERO LOZANO

(Portavoz del PSOE en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso.)

Es costumbre muy extendida la de considerar el fraude fiscal como una especie de deporte nacional al que

todos tienen acceso y cuya práctica a todos desentumece económicamente por igual.

Dicha consideración mezcla a todos en la misma cesta, no sé si por falta de análisis de la realidad o por

ánimo de diluir responsabilidades, pero, en cualquier caso, ofrece una visión de la realidad parcial e

incompleta, pues en nuestro país, ni hay una sola cesta, ni en éste ni en ningún otro supuesto, ni son

iguales las responsabilidades de todos.

Este deporte del fraude Fiscal es, como todos tos deportes, un deporte de minorías, un deporte de club

elitista al que no tiene acceso quien quiere sino quien puede.

Resulta que al trabajador por cuenta ajena y al funcionario público se les retienen sus impuestos y, por

tanto, poco pueden practicar este deporte del fraude fiscal, Y lo mismo sucede con el pequeño agricultor,

con el pequeño industrial y comerciante, que pagan los impuestos que les dicen que tienen que pagar, con

base en su sistema —cuota fija, evaluación global, etcétera— establecido por la Hacienda Pública para su

propia comodidad y en el que poco o nada tienen que ver quienes lo sufren.

El fraude fiscal está en otra parte: en las grandes sociedades, en los grandes contribuyentes por el

Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal o por la Renta de las Personas Físicas, en los

especuladores con terrenos y con artículos de primera necesidad, cuyas pingües ganancias desaparecen a

la hora de enfrentarlas con la Hacienda Pública, por medio de un deporte que no es nacional, sino de

clase, y que no es general, sino particular.

Las dos clases de contribuyentes

Sucede, sin embargo, que contribuyentes son todos: los que dependen de una nómina y los que no. Y, sin

embargo, tienen muy distinto tratamiento, ya que los primeros pagan en gran medida sus impuestos y los

segundos..., practican el deporte.

La distinción es necesario hacerla para evitar confusiones y para cuantificar el problema. No es lo mismo,

en efecto, la lucha contra una corrupción social que afecte a los diez millones de españoles que somos

contribuyentes, que la lucha contra la corrupción de no más allá de 200.000 que no son más que los

miembros del «Club de los que practican el bello deporte del fraude fiscal". Los medios a emplear, la

táctica a seguir, serán distintos en uno y otro caso.

A mi juicio, los 200.000 miembros del citado «Club» son los que se llevan sobre sus bolsillos el 90 % del

fraude fiscal que existe en el país y, por consiguiente, y por un elemental principio de rentabilidad, son los

que tienen que tener un claro cambio de actitud en sus relaciones con la Hacienda Pública, cambio de

actitud que se producirá por las buenas que es lo deseable—, o por las malas, si las medidas persuasoras

no surten el efecto deseado.

Pero además, no me resulta ajeno pensar que si se termina con ese fraude fiscal que detentan los 200.000

ciudadanos de primera clase, el fin del resto del fraude —un 10 % a repartir entre todos los ciudadanos de

segunda clase fiscal— puede que desaparezca sin necesidad de más. Por supuesto, que no estoy tratando

de separar la bondad de 9.800.000 contribuyentes frente a la maldad de los 200,000 privilegiados. Fuera

de cualquier concepción maniqueísta del asunto, resulta que los que no defraudan es porque no pueden —

nómina—, porque no saben —pequeño agricultor, industrial o comerciante—, o porque no les compensa.

Y como éstas son las razones por las que una gran cantidad de contribuyentes si defraudan lo hacen en

muy escasa medida, no puedo entrar en el juego de aceptar un «si pudiesen lo harían igual», y prefiero

creer que el ejemplo del pago de sus impuestos por quien de verdad defrauda en cantidad, haría pagar a

aquellos otros que casi no obtienen utilidad alguna con su pequeña defraudación.

Los medios

Nunca las leyes han hecho la moral de los pueblos. Los españoles no fueron más justos ni más benéficos

porque se lo ordenará la Constitución de 1812. Y, desde luego, no lo fue Fernando VII, que era quien

debía de haber empezado.

Hay otros muchos ejemplos y uno es, desde luego, el ejemplo fiscal. En nuestro país ha sido una

constante repetida hasta la saciedad desde 1845 la necesidad de un sistema fiscal justo en el que se

terminase con el fraude fiscal. Así se han pronunciado todas las exposiciones de motivos de todas las

reformas fiscales que en el pais han sido, todos los libros blancos o verdes sobre nuestro sistema fiscal,

hayan visto o no la luz pública, y no hay teórico ni autoridad de cualquier tipo en la materia que no haya

dicho que se debe terminar con el fraude estableciendo un sistema fiscal justo. Y el fraude ha seguido

campando por sus respetos y nadie ha sido capaz no ya de terminar con él, sino ni tan siquiera de

corregirlo brevemente.

Ya Flores de Lemus dijo que no podía haber un sistema fiscal justo sin una decidida voluntad de la

Administración, de aplicarlo. Y aquí está el quid de la cuestión. Porque en España —salvo Impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas— es lo cierto que las leyes fiscales han ido mejorando,

que el sistema fiscal se ha ido decantando, que el conjunto de normas reguladoras de la actividad

financiera ha sido cada vez más coherente y, sin embargo, nada de eso ha servido para afectar, aunque

fuera levemente, a los miembros del «Club de los que practican el bello deporte del fraude fiscal».

Y el pueblo español se pregunta, y con toda la razón, si una Administración que sólo ha servido para

recaudar indiscriminadamente unos ingresos públicos notoriamente insuficientes, que no ha servido ni

para corregir el fraude fiscal, no ya para terminar con él, va a ser capaz ahora de aplicar en las posibles

denuncias sobre delitos fiscales y los delitos conexos con él apropiación indebida, falsedad, etcétera—,

sobre todo, cuando esos delitos ya existen desde hace mucho tiempo y, que se sepa, nadie ha sido nunca

procesado por ellos.

A la decidida voluntad de la Administración de terminar con el estado de cosas actual hay que añadir,

evidentemente, un sistema legal más justo, que termine, de una vez, con el hecho, hoy absolutamente

cierto, de que en España sólo paga impuestos quien vive de un sueldo no muy alto y tiene un coche no

muy grande, porque si es muy grande está a nombre de alguna sociedad interpuesta.

Las garantías

Comenzar la reforma fiscal planteando el tema de las garantías del contribuyente es una buena cosa si se

precisan cuales deben ser esas garantías.

Porque sucede que hoy, en España, lo único que está garantizado es el fraude fiscal de los miembros del

Club y, por el contrario, no está garantizado el derecho de los ciudadanos de segunda a una distribución

de la carga fiscal según la real capacidad de pago de cada uno.

Lo primero que hay que garantizar al contribuyente español es que se van a invertir los términos: que los

miembros del «Club de los que practican el bello deporte del fraude fiscal» van a pagar los impuestos que

les corresponden, y que la equidad va a presidir el reparto de las cargas sociales. Luego, todo lo demás,

incluido el más exquisito control del gasto público.

Los fines

Una sociedad democrática y moderna necesita financiar colectivamente una gran cantidad de bienes

sociales que, no hace mucho, se consideraba que debían quedar en manos de los particulares: enseñanza

gratuita, sanidad para todos, transportes colectivos y todos los etcéteras que el lector quiera poner.

Para satisfacer esas necesidades socialmente sentidas, lo que contribuirá a mejorar ia calidad de vida del

pueblo español, es necesario un presupuesto del sector público suficientemente dotado. Hoy, en nuestro

país, seria conveniente que el Presupuesto pudiese llegar ya a detraer 25 % del PIB, para llegar a marchas

forzadas al 35 %, como meta óptima en nuestra situación económica actual y así poder cubrir todas las

necesidades colectivas que nuestra sociedad demanda.

Lejos de ello, si se cumplen las previsiones, el presupuesto para 1978 detraerá solamente un 12,269 % del

PIB y ello haciendo el gran esfuerzo que supone subir un punto con relación al año anterior en un

momento de crisis económica.

Y, naturalmente, requisito indispensable será, también, que cambie la cara de la moneda, que el

incremento de la presión fiscal no lo sufran los empleados por cuenta ajena y los funcionarios públicos

que no cobran por Arancel, sino que, de una vez para siempre, ia presión fiscal incida con justicia en los

miembros del bonito «Club de los que practican el bello deporte del fraude fiscal», cuya liquidación

siempre será la mejor garantía para el contribuyente español.

 

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