Autor: Solana Madariaga, Javier. 
   Televisión y democracia     
 
 El País.    24/12/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 22. 

El País, 24/XII/1977

TRIBUNA LIBRE

Televisión y democracia

La civilización democrática se salvará únicamente si se hace del lenguaje de la imagen una provocación a

la reflexión crítica, no una invitación a la hipnosis. Umberto ECO

JAVIER SOLANA

Diputado del PSOE por Madrid Del Consejo Rector de RTVE

Tenazmente —yo diría que con una tenacidad freudiana—, el Gabinete Suárez insiste, una y otra vez, en

poner zancadillas a determinados proyectos de índole democrática; o si prefieren, por aquello de que

«zancadilla» es un término que sugiere ilegalidad, «cargas reglamentarias» que eran legales sí, pero que

daban pie al ejercicio de la barbarie deportiva.

¿Un ejemplo?: Radio Televisión Española.

Cuando los ya míticos acuerdos de la Moncloa, la izquierda parlamentaria ganó una pequeña batalla: la

creación de un órgano provisional de control de RTVE. Victoria un tanto pírrica, pues aunque al fin se ha

constituido un Consejo Rector, poco se asemeja al proyecto de los socialistas que con la adhesión expresa

de prácticamente todos los partidos mayoritarios, excepto UCD, venían defendiendo desde el mismo dia

de las elecciones legislativas.

Del nuevo Consejo Rector fue delicadamente excluida cualquier forma de representación de los

trabajadores del medio. Y en cuanto a su composición, el Gobierno se reservó el derecho a designar un

número de consejeros igual al total de consejeros de representación parlamentaria, quienes, a su vez,

deberían ser elegidos proporcionalmente al número de escaños de cada grupo.

II

El acuerdo de creación del Consejo Rector de RTVE es un hecho de naturaleza inequívocamente política.

Huelgan, pues, expresiones del tipo «pacto entre caballeros», «espíritu deportivo» o similares, dadas las

circunstancias del caso.

Lo que ya no huelga es el sentido común. Y me atrevería a decir que sentido común ha sido precisamente

lo que ha faltado en el remate de esta historia pícara.

Dicen que la avaricia rompe el saco. Si es así, muy tirantes andarán los fondillos de los bombachos

gubernamentales —o ucedistas, que tanto monta—, pues es el caso que el Gobierno, no satisfecho con sus

siete leales parlamentarios, procedentes de la hornada representativa, se ha liado la manta a la cabeza y

tirando de aqui y de allá ha colocado otros diez abnegados políticos de UCD, sensu stricto, y otros

cuantos más in pectore (o próximos, o simpatizantes, o sujetos a disciplina), entre los de libre designación

gubernamental. Y aún aseguran las malas y bien informadas lenguas que algún ilustre consejero, con

intereses en el medio, ha sido nombrado a petición propia...

III

No por elegancia política, sino por responsabilidad; no por estrategia, sino por sentido común, cabia

esperar que los dieciocho miembros de libre designación por el Gobierno para el Consejo Rector de

RTVE no fuesen políticos al uso, sino personas de exquisita y reconocida neutralidad, cabezas destacadas

del mundo del pensamiento, la Universidad y la cultura, teóricos solventes de los medios de

comunicación social, profesionales expertos en el medio.

Pues no. Ni una fisura. A por todas.

Y así, pasito a pasito, echando la cuenta de la vieja, resulta que de los 36 miembros del Consejo Rector,

solamente once no son de UCD o aledaños, y de estos once, tan sólo ocho pertenecen a la izquierda.

En otras palabras: la composición del recién estrenado Consejo Rector de RTVE no se corresponde ni con

el espectro político parlamentario ni con la correlación de fuerzas reales del país.

Más aún, al representar casi únicamente al Gobierno y al partido en el Poder, reduce a la Oposición a un

papel meramente testimonial y la excluye de toda responsabilidad en el proceso de saneamiento de la

Radio Televisión Estatal, perpetuando, una vez más, el carácter gubernamental de la misma. Todo ello,

por supuesto, con las leyes en la mano. Civilizadamente.

IV

Los socialistas no estamos por una televisión gubernamental. Estamos en contra, como es obvio, de la

televisión privada; pero no estamos a favor —ni aun en una perspectiva de poder a corto plazo— de una

televisión gubernamental.

Nosotros pensamos en la televisión como instrumento de cultura al servicio de toda la comunidad, y no

como instrumento de poder al servicio del gobernante de turno o de los intereses que lo auparon. Mientras

sea esta última la actitud que prevalezca —sea cual sea el disfraz adoptado, haya o no haya una capa de

barniz democrático sobre el conjunto—, no será posible ese maridaje de televisión y democracia que la

sociedad española necesita.

¿Qué hacer, pues?

Hemos contraído un compromiso y lo vamos a cumplir, aunque las cartas estén legalmente marcadas.

Vamos a estar en el Consejo Rector. Vimos a estar para hacernos oír, para recordar de cuando en cuando

las verdades del barquero y para poco más. Porque no nos engañemos con este Consejo Rector el viaje ha

de ser inevitablemente corto, y no muy seguro. Y nosotros no estamos para achicar el bote.

Una televisión que provoca, frente a una televisión que hipnotiza: he aquí un hermoso, un tentador

proyecto. Un proyecto harto más ambicioso que el de copar la máquina de ganar elecciones para luego,

quizá, quemarla en la pira y que de sus cenizas nazca, imparable, la televisión privada —que esa es otra

historia—. Y en mitad del tinglado eterno convidado de piedra el español de a pie, que paga la función y

recibe a cambio confusión, aburrimiento y mercancía averiada.

La imprescindible, urgente, renovación de RTVE necesita de un marco jurídico. El Consejo Rector ha

dejado de ser, en el preciso instante de su nacimiento, el instrumento limitado, pero oportuno, que en

algún momento nos atrevimos a imaginar. Y, claro está, tampoco hay que poner muchas esperanzas en el

proyecto de estatuto jurídico que, por «mayoría obvia», vaya a salir de «tan equilibradamente

democrática» institución.

La batalla de la televisión —que no ha hecho sino comenzar— tiene un terreno específico para ser

librada: las Cortes. A ellas nos remitimos.

Por lo demás, el tema escapa a los limites de un mero estatuto jurídico para insertarse, si es que queremos

unos resultados racionales y duraderos, en el conjunto de una ley de Radiodifusión.

Sobre cuáles deberían ser las líneas maestras de esa ley que, por supuesto, tenemos más que elaborada, ya

habrá ocasión de hablar en otro momento.

 

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