Autor: Vicente Martín, Ciriaco de. 
   La agenda de la negociación social     
 
 El País.    09/08/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

El País

07/VIII/1977

Gobierno-Sindicatos-Patronales

La agenda de la negociación social

CIRÍACO DE VICENTE

La coincidencia de la crisis económica española con el proceso de salida de la dictadura, o, dicho de otro

modo, con el proceso de democratización de la vida política del país, condiciona en buena medida el

posible contenido de una eventual negociación entre el Gobierno, los sindicatos obreros y las

organizaciones empresariales.

La congelación salarial establecida en el programa económico del Gobierno Suárez es el alto precio que

la clase trabajadora va a pagar para salvar la economía del país. A cambio de este sacrificio, obviamente

involuntario, los trabajadores no van a ver mejoradas ni sus condiciones de trabajo, ni las prestaciones de

la Seguridad Social, ni la calidad de su vida, salvo que el anuncio del «paquete laboral» hecho por el

ministro de Trabajo vaya en serio, que no lo parece, pues si el Gobierno hubiera pensado en democratizar

las relaciones laborales o la Segundad Social, así lo habría dicho, y no hubiera dejado su anuncio, confuso

por otra parte, para un acto politicamente subalterno, como es el de toma de posesión de ios altos cargos

de un Ministerio, en este caso el de Trabajo.

La congelación salarial, a poca vista que hubiera tenido el Gobierno Suárez, exigiría que éste hubiera

adoptado simultáneamente una auténtica batería de medidas laborales y de seguridad social que, a modo

de contrapartida, hubieran permitido a los trabajadores sentirse no sólo destinatarios pasivos de unas

medidas del Gobierno, sino también protagonistas activos de las relaciones laborales y de la gestión de la

Seguridad Social. El Gobierno Suárez, sin embargo, se ha limitado a congelar los salarios.

Pero es que, además, el proceso de democratización política en que el país está empeñado exigiría,

también por si solo (es decir, aunque no hubiera crisis económica), la democratización paralela de las

relaciones de trabajo (individuales y colectivas), y de la financiación y gestión de la Seguridad Social.

El Gobierno, por el contrario, ni en su declaración programática, ni en su programa económico, ha

aludido, ni directa ni indirectamente, al necesario cambio de la subsistente legislación laboral del

franquismo y de la gironiana Seguridad Social. Ello, unido a que las palabras del ministro de Trabajo

fueron una mera declaración de intenciones, deja pendiente un conjunto de cuestiones que son, sin duda,

temas a incluir en la apretada agenda de la eventual negociación tripartita entre el Gobierno, los

trabajadores y los empresarios.

Entre esos temas hay algunos que, como la amnistía laboral, la amnistía de la Seguridad Social para

quienes perdieron sus pensiones o las vieron sensiblemente reducidas por despidos políticos y sindicales,

o el establecimiento (pero en serio) de la figura del delito social, tienen carácter de semáforos iniciales de

tal negociación tripartita.

El primer gran bloque temático de la negociación sería el estrictamente laboral, en el que habría que

incluir cuestiones tales como la derogación del decreto-ley de Relaciones Laborales de marzo de 1977, el

control obrero del Fondo de Garantía Salarial, la fijación de un salario mínimo realista y, por tanto,

suficiente, y el establecimiento de las bases de la ordenación del derecho de huelga y la negociación

colectiva, entre otros.

La Seguridad Social, con el establecimiento de un calendario concreto y detallado, que con carácter de

compromiso expresará la progresiva participación de los Presupuestos del Estado en su financiación, con

el establecimiento de un plan de actualización automático de las pensiones, y con el pacto de un proceso

democrático de participación obrera en su gestión, sería el segundo gran bloque de temas de la agenda de

la negociación que se postula.

La tercera línea de diálogo vendría dada por un conjunto de temas que, como la participación sindical en

el Consejo del Instituto Nacional de Estadística (para controlar los índices de precios al consumo), en las

cajas de ahorro (para controlar la rentabilidad social del ahorro popular), o en las oficinas de colocación

(como ejemplos meramente enunciativos que no excluyen a otros), daría una clara densidad democrática a

las relaciones laborales y a la calidad de vida de las clases trabajadoras. Todos estos temas son

negociables, y el Gobierno Suárez debe tomar conciencia de que no es ni lícito ni inteligente exigir

sacrificios sin contrapartida.

Ayer cumplió su cuarto día de vigencia la huelga de transportes públicos y de mercancías de la provincia

de Lugo, que afecta a más de 1.500 productores.

 

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