Autor: Azaola, José Miguel de. 
   Más sobre el federalismo del PSOE     
 
 El País.    28/05/1978.  Página: 9. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

EL PAÍS, domingo 28 de mayo de 1978

OPINION

Más sobre el federalismo del PSOE

JOSÉ MIGUEL DE AZAOLA

En un interesante artículo titulado « La autonomía de los antiguos y la autonomía de los modernos» (EL

PAÍS, del 18 de mayo), el diputado socialista Gregorio Peces-Barba desarrolla a propósito de la reciente

conmemoración de la gesta comunera en Villalary de la exposición, hecha por el diputado nacionalista

vasco Javier Arzalluz. de la tesis del pacto (escribe Peces-Barba), «entre el pueblo vasco y la Corona» una

teoría, con arreglo a la cual la autonomía concebida al modo de quienes tienen nostalgia del movimiento

de las comunidades de Castilla o del pacto entre tas entidades históricas de Vasconia y la Corona, es una

«autonomía de los antiguos (...) propia de la organización política medieval», y contrapone a ella una

concepción distinta, que llama «autonomía de los modernos», la cual es, a juicio suyo, la adecuada para

nuestro tiempo.

La base de las autonomías

Para el diputado socialista, «la autonomía de los modernos se establece por la Constitución. lista, con su

función de legitimación, fundamenta jurídicamente la autonomía de las nacionalidades y regiones. No se

puede hablar sigue diciendo de pactos con la Corona, porque por salvaguardar una relación tradicional

históricamente válida en otro momento, se trastoca toda la trayectoria política actual y se piensa en una

Corona, entre medieval y absoluta». Dice después: «El esquema de los fueros es medieval y hoy hay que

ir a una autonomía de las nacionalidades y regiones como autogobierno constitucionalmente establecido y

garantizado. La legitimación del derecho a la autonomía (...) se produce jurídicamente por la

Constitución, de la misma forma que los restantes poderes del Estado, sin exclusión alguna.» Y termina

asi: «La autonomía de los modernos se adquiere con su reconocimiento constitucional.» confirman las

aprensiones y los temores que, acerca del espíritu federativo del PSOE, manifesté ya en mi artículo «El

PSOE y el federalismo», aparecido en estas mismas columnas el 31 de enero pasado.

Tiene razón este autor cuando aboga por un planteamiento nuevo de la cuestión, ya que como muy bien

dice— «hoy la Corona no tiene un fondo de soberanía, ni dirige la política del Estado, ni legisla ni hace

justicia». En efecto. la Corona no es ya «el soberano», el rey no es ya la personificación de la soberanía;

ios atributos que la Corona tuvo antaño, especialmente, en la época del absolutismo, han sido transferidos

al pueblo, el cual los ejerce, o bien directamente por medio de elecciones y referendums, o bien

indirectamente a través de unas autoridades democráticamente designadas. Incluso en el caso de que el

rey tuviese atribuciones ejecutivas, legislativas o judiciales, las tendría por delegación del pueblo; y, si

pactase algo que pudiese obligar al Estado, lo pactaría no en nombre propio, ni en nombre de la Corona,

sino en nombre del Estado, como órgano institucional de éste, sometido en cuanto tal al orden

constitucional; no como dueño de un orden constitucional que estuviese sometido a su regia voluntad.

La base de la Constitución

Tiene también razón cuando dice que la Constitución fundamenta jurídicamente las autonomías, ya que

éstas son actualmente inconcebibles al margen o en contra del ordenamiento constitucional. Pero el

análisis de PecesBarba es insuficiente. Se queda en la superficie del tema porque no profundiza hasta

formular la pregunta siguiente: ¿quién legitima, quién fundamenta jurídicamente la Constitución? Y hasta

dar a semejante pregunta la adecuada respuesta.

Decir que es la voluntad popular la que legitima la Constitución y proporciona a ésta su fundamento

jurídico, sería una respuesta demasiado poco concreta y, en nuestro caso, inadecuada. Porque la voluntad

popular podría muy bien, en 1978, optar como ha optado en otras ocasiones— por dar a España una

Constitución unitaria, una estructura política centralizada (aunque no, necesariamente, tan centralizada

como ha estado a lo largo de los últimos cien años). Si así fuese, y según la tesis del diputado socialista,

las autonomías carecerían de base jurídica.

El Diputado Arzalluz habló en la comisión del Congreso, el 5 de mayo, de «la integración consensual de

los entes políticos vascos en ia Corona por medio del pacto foral» (lo que es mucho más exacto, histórica

y jurídicamente, que hablar de «pacto entre el pueblo vasco y la Corona», ya que el pueblo vasco, en

cuanto tal, no ha pactado nunca con nadie). Si en la era liberal, la Corona ha sufrido una transformación

sustancial; si sus prerrogativas esenciales han quedado trasferidas al Estado en osle caso concreto, al

Estado español—, con el consentimiento pleno de los titulares de la propia Corona, en cambio los entes

políticos vascos están todavía por dar su consentimiento a las transformaciones sustanciales que les han

sido impuestas contra su voluntad. El ignorar la voluntad propia de unas entidades históricas que no han

perdido su identidad respectiva y que han manifestado sin cesar (salvo cuando han estado amor

dazadas) su deseo de conservar esta identidad y de tener y hacer valer sus respectivas voluntades

autónomas el anegar éstas en una vaga y confusa «voluntad popular» atribuida al conjunto de los pueblos

de España, es abusivo y, por ende, inadmisible. Ni siquiera es admisible anegarlas en una «voluntad

popular» exclusivamente vasca, común a todas ellas (y esa es, entre otras, la principal razón que impide la

inclusión de Navarra en un ente autónomo vasco mientras la voluntad de Navarra en ese sentido no haya

sido inequívocamente manifestada).

La novación del pacto

El problema puede resolverse de dos maneras. Una de ellas —la rigurosamente federativa, que cabe

esperar de los miembros del PSOE, ya que este partido se proclama federalista consiste en fundamentar la

Constitución sobre un pacto entre los pueblos de España: pacto que puede ser expreso o tácito. Los

pueblos de Navarra, de Álava, de Guipúzcoa y de Vizcaya aceptarían, al aprobar en referéndum la nueva

Constitución, la novación del pacto foral: al pacto con la Corona, sucedería el pacto con los demás

pueblos españoles, y tal seria el fundamento del orden constitucional, el cual pasaría a ser el nuevo orden

foral. el fuero nuevo.

La otra manera no puede ser sino el pacto con el Estado (o, si se prefiere, con las instituciones

representativas de ese Estado, del que navarros, alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos forman parte): ese

pacto tendría entonces que constar en la Constitución (para lo cual, varias fórmulas son posibles). Se

trataría de dar — ¡por fin!— rango formalmente constitucional al pacto con Navarra, que es

constitucional por su materia, pero que por su forma es meramente legislativo, dada la naturaleza de la

disposición que lo sanciona; y de establecer ¡también por fin: al cabo de 140 años de tensiones y

conflictos!— pactos análogos con las tres provincias vascongadas. Luego, estas tres, o las cuatro —si es

que Navarra lo desea—, se arreglarían entre sí para constituir, en el marco de la Constitución foral (y

permítaseme calificarla así porque, de hecho, si los vascos la aceptasen en esa forma merecería este

adjetivo), una entidad autónoma homologable con las otras entidades autónomas de España.

Si el diputado Peces-Barba y los demás parlamentarios del PSOE quieren salvar el principio federativo

para el conjunto de España, hay que esperar de ellos que tratarán de encontrar la fórmula mediante la cual

la Constitución puede interpretarse (pero interpretarse claramente, no mediante ambigüedades, ni

forzando el sentido de los términos) como un pacto entre los pueblos españoles. Pero, si no quieren

hacerlo, o si su intento no prospera, al menos, huy que esperar de ellos que no pongan obstáculos al

empeño de que la Constitución consagre un pacto entre las entidades vascas por una parte, y por otra el

Estado en su calidad de heredero de las prerrogativas soberanas de la Corona. Esta es la única diferencia

que puede haber entre la autonomía «de los antiguos» y la actual. Es. en cambio, inadmisible que Oso

pretexto de anacronismo— se eche por la borda la idea del pacto: en otras palabras, que se consagre la

violación unilateral de éste. En el caso de un movimiento partidario del régimen federativo como dice ser

el PSOE. rechazar la idea del pacto, que es la base y la esencia de toda federación, sería además, tan

absurdo, que nos impediría lomar en serio su etiqueta de «federalista».

 

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