Autor: Vicente Martín, Ciriaco de. 
   Las medidas socioeconómicas     
 
 El País.    12/10/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

El País, 12/X/1976

Tribuna libre

Las medidas socioeconómicas

CIRÍACO DE VICENTE

El Gobierno Suárez, en parto múltiple, ha dado a luz el conjunto de medidas del anunciado paquete

socioeconómico. Aunque en su análisis concreto entraremos en días sucesivos, se hace preciso, desde ya,

una valoración global.

Por duras que sean las medidas que el Gobierno ha adoptado, que lo son y mucho, debe quedar claro que

el Gobierno ha tomado nota de la espiral conflictiva que él mismo habría generado de haberse aprobado

medidas tan extremas como la suspensión total de la negociación colectiva o como la flexibilidad total de

las plantillas. Que el Gobierno no se haya atrevido a llegar tan lejos significa que la clase obrera de este

país, a través de sus organizaciones representativas, ha logrado reducir la intensidad de las medidas de

política económica, significa que los trabajadores españoles han sido capaces de frenar, en parte, al

Gobierno. Pero como, no obstante ello, las medidas adoptadas son muy graves para la clase trabajadora,

se hace preciso recordar que ésta no tiene todavía la suficiente tuerza para lograr que la política

económica del Gobierno siga derroteros menos adversos. Esa fuerza sólo la tendrán los trabajadores

cuando los partidos obreros y los sindicatos democráticos puedan estar en el Gobierno del Estado español.

Aunque el Gobierno, a través de su vicepresidente señor Osorio, diga que «la economía es cosa de todos»,

en el terreno de los hechos ha optado por seguir utilizando el modelo económico-social del franquismo.

De ello da buena fe lo fácil que es para el Gabinete Suárez dictar decretos-leyes, o simples decretos, con

los que congelar salarios o modificar la ley de Convenios Colectivos y la de Relaciones Laborales, y lo

difícil que le ha sido aprobar por decreto-ley la regulación del llamado «derecho de asociación sindical»,

enviado a estudio de las Cortes. No acaban ahí las cosas. A título de mero adelanto conviene recordar

aquí, como muestra de desequilibrio de las medidas gubernamentales, el total olvido de una regulación

democrática del derecho de huelga, la suavidad relativa de las medidas adoptadas respecto de las rentas

del capital y la total ausencia de medidas fiscales dirigidas a favorecer el empleo de los trabajadores. En

este país se sigue incentivando fiscalmente las inversiones, cuando se hace, sin pensar demasiado en los

puestos de trabajo que con esas inversiones se van a crear, y esto, en época de paro, es especialmente

grave. Con todo ello intento subrayar que en el modelo de distribución de cargas utilizado por el

Gobierno Suárez para intentar superar la crisis económica, a los trabajadores les ha correspondido la peor

parte. El Gobierno ha decidido limitarles sus ya raquíticos derechos laborales y sindicales a la vez que

relega el problema número uno que el país tiene planteado, que no es otro que el paro.

El Gobierno, digámoslo claro, ha sido profundamente sensible a las peticiones empresariales,

especialmente a las de congelación salarial y las de modificación de los artículos 15 (regulación de la

eventualidad) y 35 (despido) de la ley de Relaciones Laborales. Que el Gabinete haya afirmado

públicamente que el artículo 35 de dicha ley es el causante de la caída de la inversión supone, aparte de

una muestra de ligereza política de imprevisibles consecuencias, reconocer que carece de un adecuado

análisis de la crisis económica y social, y, consecuentemente, de un correcto diagnóstico y tratamiento.

Nuestra economía necesita una reactivación de la demanda global, porque no estamos en momentos de

auge, sino de depresión. Nuestra economía no necesita austeridad, no necesita que se fomenten ni el

ahorro ni el paro, sino la inversión y el empleo. Se hace preciso un plan de inversiones públicas que,

creando puestos de trabajo en el sector servicios, abarate drásticamente o haga gratuitos el uso de

determinados servicios sociales, como la educación o la sanidad entre otros. Pero tal programa de

inversiones públicas es inviable con el actual sistema Fiscal, que el Gobierno tampoco se ha atrevido a

tocar sustancialmente a través de decretos-leyes.

El Gobierno Suárez ha optado por una política de rentas consistente en atenazar los salarios, dificultando

la negociación colectiva y el uso de la huelga durante la negociación, con olvido de que el control de los

dividendos y demás rentas del capital es más teórico que real, porque no se puede hablar de política de

rentas en tanto no haya libertad sindical y en tanto las instituciones del Estado no sean democráticas.

 

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