Autor: Barón Crespo, Enrique. 
   Reforma fiscal y política de Gobierno     
 
 Diario 16.    22/09/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 11. 

Reforma fiscal y política de Gobierno

Enrique Barón (Diputado del PSOE por Madrid)

La primera ley que va a salir de estas nuevas Cortes, las medidas urgentes de reforma fiscal, llega al

debate público al iniciarse los trabajos de la Comisión. Además de las declaraciones de principio o amago

de debate sobre cuestiones tan importantes como el orden público y las relaciones exterioras, se va a

entrar en un nuevo capítulo en el Congreso; el de la discusión de yn proyecto de ley cuyo articulado

suscita reacciones contradictorias, incluso en el seno de las filas gubernamentales.

Hasta el momento, este proyecto de ley es lo único que el Gobierno ha mostrado a las Cortes de su

programa económico. El resto de las medidas, cuya coherencia interna no conoce todavía la opinión

pública, no han sido todavía objeto no ya de debate en el Congreso, sino ni tan siquiera dadas a conocer al

mismo. Sin embargo, y como ya hemos señalado los socialistas con reiteración desde julio, es

absolutamente preciso un debate sobre la crisis económica y su salida. Es más, consideramos que es

necesario que el Gobierno dé cuenta ya del contenido de su política económica, si la tiene, y se pueda

decidir sobre la salida de la crisis y sus costes, de cuáles son los sacrificios que se exigen y cuáles son sus

contrapartidas. La reforma fiscal está integrada dentro del paquete de medidas dei 23 de julio; el debate

sobre la misma es un momento oportuno pura hablar de la crisis.

El mismo contenido del proyecto responde a este planteamiento, puesto que tiene tres bloques de medidas

claramente diferenciados:

— Se establecen disposiciones tendentes a incrementar la recaudación, como son el impuesto

extraordinario sobre el trabajo personal, el del patrimonio de las personas físicas, los Incrementos en

el lujo y, en buena medida, la regularización voluntaria fiscal.

— Disposiciones que tienen por objeto potenciar la administración tributaria, con el fin de que se

dispongan de mayores posibilidades de inspección, paquete en el que se incluyen la regularización del

delito fiscal, el secreto bancario y la regulación de las sociedades interpuestas.

— Medidas de apoyo al empleo, La intensidad del problema en la opinión pública y el carácter de

aeeión de urgencia que se pretende dar al proyecto justifican la inclusión de este apartado.

En conjunto, leído el índice de temas, el proyecto merecería una valoración positiva, aunque de escaso

poder recaudatorio. Como hemos afirmado ya en el Congreso, los socialistas saludamos como positivas

muchas de las medidas del proyecto. Evidentemente, no están en la coherencia que nosotros

plantearíamos. Pero el problema no reside ahí, está en que aún coa rótulos positivos, las presiones

ejercidas antes de que el proyecto de ley Eegara a las Cortas, le han quitado lo más avanzado de su

contenido, como, por ejemplo, la creación de impuesto sobre el patrimonio de las personas jurídicas,

propuesto en principio por el Ministerio.

Contentar a todos

¿Por qué ha tenido que reducir forzosamente al Gobierno sus proyectos iniciales sobre el Proyecto hasta

hacerlo casi ineficaz desde el punto de vista recaudatorio? La única explicación que hay es la defensa de

clientela política, sobre todo de aquella que se puede desplazar hacia la izquierda. Por ello ha elevado a

dos millones el mínimo exento en el IRTP y ha suprimido parte del impuesto sobre el patrimonio. La

opción es plantear figuras más avanzadas, pero saciándolas de contenido, ya que se va a obtener una

recaudación muy reducida. El ample mantenimiento del impuesto rey —el impuesto sobre el rendimiento

del trabajo personal—, con su actual mínimo exento, va a proporcionar mucha más recaudación a

Hacienda que todas las medidas urgentes de reforma fiscal.

Esta opción tiene un grave inconveniente para el Gobierno, que tampoco satisface los intereses del ala

derecha de su partido. No es casual que la misma semana en que el ministro de Hacienda presentaba el

proyecto de ley en la Comisión de Hacienda, el ministro de Obras Públicas y Vivienda, señor Garrigues,

se lanzara a predicar una cruzada de moralidad pública, afirmando que simplemente con la eliminación de

la corrupción administrativa se ahorrarían doscientos mil millones. Sin duda el señor ministro podrá

presentar los resultados de su propio plan de austeridad a la hora de debatir los presupuestos, pero es

innegable también que conoce lo suficientemente bien el mundo de los negocios y de la pan burguesía

como para saber la necesidad de unas medidas fiscales que en EE. UU. forman parte de las costumbres

establecidas.

Estas razones aplican, sin duda, que el número de enmiendas presentadas por la UCD —como grupo o

como diputados individualmente— sea aproximadamente el mino que las presentadas por el grupo

socialista del Congreso y Socialistes de Catalunya. Es paradójico realmente que el partido del Gobierno

haga esa defensa de su primera ley, y las sorpresas no se han acabado todavía.

Ha llegado el momento de abrir el debate a fondo sobre la situación económica y social del país, y es de

esperar que en esta cuestión el comportamiento gubernamental sea menos evasivo, porque, además de la

coherencia necesaria del proyecto fiscal, es necesario crear un clima de confianza y de seriedad en el

Parlamento. En la medida en que no se haga así, el rumor y el miedo sustituirán en la calle al necesario

debate e información en el Parlamento.

 

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