Autor: Menéndez del Valle, Emilio. 
   Parlamento y política exterior / 1     
 
 El País.    22/07/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

Parlamento y política exterior/1

EMILIO MENENDEZ DEL VALLE (Comisión Internacional del PSOE)

La vida política de una sociedad puede considerarse desde una doble perspectiva: nacional e

internacional. Ambas facetas son estrictamente interdependientes en el mundo en que vivimos. Mediante

su política exterior y sus relaciones internacionales un Estado influye en la vida internacional, pero a su

vez es condicionado o determinado (según los casos) en la elaboración de tal política e incluso en la de su

política nacional por los demás listados.

Ello juega en todo tipo de sociedad nacional, bien sea ésta democrática o no. La ventaja de una sociedad

democrática es que los ciudadanos que no súbditos que la componen tienen el derecho y la posibilidad de

expresar sus opiniones y de controlar ambas facetas de la política nacional e internacional a través del

Parlamento y de otras instituciones y medios sociales, por ejemplo, la prensa.

El Parlamento puede concebirse como una de las más importantes instituciones si bien no la única de

expresión de la voluntad popular, como foro donde los intereses de la colectividad entendidos de forma

diversa se someten a debate público y en el aspecto exterior— como garante de los intereses nacionales y

portavoz de los mismos ante la comunidad internacional.

Ciñéndonos a este último aspecto, la responsabilidad del Parlamento democrático es doble, puesto que,

siendo expresión de la plural representación nacional, ha de encararse con asuntos que afectan a la acción

exterior del Estado, del cual es una institución.

En dos palabras, en un Estado autoritario o totalitario la responsabilidad por determinadas acciones

realizadas en la vida internacional es más fácilmente achacable a una mera y abstracta entidad

sociopolítica. Por ejemplo, «la España de Franco» o «el listado franquista». Incluso en las postrimerías

del régimen franquista, y aludiendo a oscuros compromisos internacionales contraidos, ha podido echarse

mano de otra cómoda fórmula: la de «los difíciles momentos de la transición». En un Estado como el

franquista actualmente en vías de superación la responsabilidad por actos disconformes con el Derecho

internacional, vejatorios para algún sujeto de las relaciones internacionales o simplemente injustos o

ignominiosos era más fácilmente diluible.

Un Estado democrático de derecho hacia el cual parece que nos encaminamos con un Gobierno emanado

de elecciones libres (a pesar de los «residuos franquistas», otra expresión ad hoc) y con un Parlamento de

idéntico origen (con igual proporción de residuos) no puede tan fácilmente escapar a la crítica interna e

internacional por actos internacionales de los que puede ser responsabilizado.

La comunidad internacional tiene el derecho y la comunidad nacional (representada en el Parlamento) el

deber —y el legitimo orgullo de que se abra una meridiana discusión sobre todos los temas de política

exterior y relaciones internacionales en que un régimen anterior no democrático, autoritario, haya podido

incidir con medidas no acordes con el derecho y la moral internacionales. Y en nuestro caso —y para

empezar—, un buen ejemplo es el de la descolonización del Sahara Occidental.

El País

22/VII/1977

 

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