La resolución de la Junta Central     
 
 ABC.    15/05/1982.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

OPINIÓN

SÁBADO 15-5-82

La resolución de la Junta Central

La resolución de la Junta Electoral Central, sobre la participación de la Confederación de Empresarios

CEA en la campaña electoral andaluza, contiene interesantes matizaciones que no permiten interpretarla

como decisión contrapuesta a derechos constitucionales que son patrimonio de todos y también, por lo

tanto, de las confederaciones empresariales.

La resolución requiere a la CEA para que se abstenga de actos propagandísticos «en los que se pida el

voto para opción política alguna o en contra de partido político cualquiera, y singularmente en contra del

Partido Socialista Obrero Español». La matización que este párrafo expresa parece clara a nuestro juicio:

se veda la petición de voto a favor o en contra de partidos políticos, pero no se prohibe la expresión de

ideas a favor o en contra de modelos económicos o de teorías políticas. Entendemos así que la CEA, por

ejemplo, no puede, no está legitimada, para incitar al electorado por ningún medio (carteles, discursos,

octavillas, manifiestos, etc.) a votar contra un partido determinado, singularmente contra el Socialista.

Pero entendemos igualmente que la CEA podrá, por cualquier medio de comunicación, seguir afirmando

públicamente, aunque se esté desarrollando una campaña electoral en Andalucía, que defiende la

propiedad privada de los medios de producción, que es contraria a las nacionalizaciones, que es partidaria

de las libertades económicas porque conducen a mayor bienestar colectivo y son base imprescindible para

el ejercicio efectivo de las libertades políticas... Y en fin, entendemos que la CEA no puede decir que no

se vote al PSOE, pero puede decir que su ideología no es socialista, o marxista, o comunista.

Si estamos equivocados, si enfocamos con óptica torcida o estrábica el asunto, deberemos proceder a la

segunda o la tercera lectura de la Constitución, que se aprueba, por cierto, casi dos años después del real

decreto de marzo de 1977, en cuya normativa se basa la resolución de la Junta Electoral Central.

Como suele ocurrir normalmente en la pugna política, también en este episodio electoral una de las partes

tira por elevación. Se ha escrito ya que las elecciones andaluzas no son más que un ensayo de las futuras

elecciones legislativas. No es arriesgado suponer entonces que la intención última de los dos partidos que

han iniciado el procedimiento para limitar, o anular, la acción de la organización empresarial en

Andalucía no es otra que privar, si posible fuere, a los empresarios de voz en las próximas elecciones

generales.

Este es, sin duda, el meollo de la cuestión. Porque a falta sólo de una semana para la votación en

Andalucía es evidente que todas las bazas están ya jugadas allí. Y si de un lado se piensa que la CEA se

ha equivocado —y no defendemos en modo alguno ciertos excesos gráficos—, desde otro lado parece

también equivocación notable la de los partidos, singularmente el PSOE, que aparecen en el episodio

ejerciendo la intolerancia y la censura incapaces de encajar agresividades no mayores de las que alguno

de sus líderes ha dedicado públicamente a sus adversarios, desde la CEA al partido de UCD.

Aunque la vigencia de una ley electoral anacrónica, como decíamos ayer, pero vigente desde luego, haya

permitido al PSOE la matizada victoria en su denuncia a las actividades electorales de la Confederación

de Empresarios Andaluces, cualquier demócrata —de las democracias que no son las llamadas

populares— puede sentir hoy inquietud o alarma ante un futuro regido desde el Gobierno por un partido

que procura silenciar las opiniones contrarias a él. ¿Por qué no podríamos decir, por ejemplo, que

escribimos preocupados por la posibilidad de que se nos requiera para no expresar en el periódico ideas

que puedan restar votos a un partido concreto? Entre unas cosas y otras, si el gusano y la manzana eran

asunto sólo destinado al conocimiento de los andaluces, ahora lo conoce toda España. Efecto

multiplicador de las polémicas políticas, ante las cuales siempre es mucho menor el grado de abstención

de los espectadores que la abstención ante las urnas. La Junta Electoral Central ha aplicado, cómo es su

deber, la legislación vigente. Y ha redactado su resolución con precisiones que no deben ser marginadas.

 

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