Autor: Sotelo, Ignacio. 
   La ley de puerta cerrada     
 
 Diario 16.    03/11/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

La ley de la puerta cerrada

Ignacio Sotelo

Don Adolfo Suárez, nuestro flamante presidente, se ha convertido en la persona más envidiada entre sus

colegas europeos. De manera más o menos punzante, en todos los países arremete la crisis económica,

con sus secuelas políticas y sociales. Ea algunos, incluso con caracteres todavía más alarmantes. Portugal,

tal vea Grecia y Turquía, por no mencionar a Italia entre los países avanzados. En la crisis actual, ¿qué

presidente de Gobierno no vería encantado una reunión en su residencia, del tenor de las que se

sucedieron en el palacio de la Moncloa? Hasta en la económicamente boyante República Federal, la

admiración, mezclada de su buena dosis de envidia, resplandecía por doquier; Suárez es capaz de

superarse a sí mismo; con la habilidad que desmontó el franquismo está desmontando la todavía no

montada democracia española»

No nos engañemos, la democracia —control desde la base, transparencia en la toma de decisiones,

discusión pública entre diferentes pareceres— no tiene buen ambiente entre las altas esferas. Se

reconocen desde luego, sus méritos es la legitimación y selección de las élites diligentes, pero tampoco

hay que exagerar con lo de "Gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo". Los que mandan están

al cabo de la calle sobre el carácter utópico de la mayor parte de las reivindicaciones democráticas.

Pueden servir para los mítines domingueros, pero malo es el político que confunde lo que hay que

decir también la democracia tiene su retórica— con lo que se puede y, por tanto, debe hacerse. Una cosa

es que la democracia sea el "Gobierno del pueblo" y otra que la masa de ignorantes e indocumentados que

integramos el pueblo podamos seguir en el Parlamento el curso de las deliberaciones. A puerta cerrada, y

participando tan sólo los grupos que cuentan, se llega a mejores y más rápidos resultados.

Boicot al Parlamento

Desde que disponemos de unas Cortes elegidas libremente, el Gobierno se ha empeñado en seguir

mostrando al país lo superfluo que es, en el fondo, esta institución deliberante, que hace cuarenta años ya

denunciaron como trasnochada e inservible. Algún humorista malicioso ha llegado a preguntarse si la

mayoría de nuestros ilustres diputados no deberían añadirse a la cifra, tan escandalosa como alarmante, de

españoles desocupados, aunque, también hay que reconocerlo, con mejor subsidio de paro. Y si sobre la

actividad del Congreso caben las más serias dudas —la Constitución se está elaborando a puerta cerrada;

los plenos habidos, que es lo único de dominio público, no se han distinguido por su interés o calidad—,

las funciones y competencias del Senado son tan inaprensibles que es de esperar que, discutiendo para

que pueda servir —no hay órgano que no termine por segregar mi función—, cumpla con brillantez esta

primera legislatura.

La opinión pública, angustiada con razón ante el continuo deterioro de la situación económica, exige

desde hace tiempo un amplío debate parlamentario sobre los problemas económicos y sociales del país.

La oposición socialista emplaza al Gobierno a que presente en las Cortes el paquete de medidas

económicas que piensa aplicar; como oposición, no tiene por qué empezar por enseñar las cartas, sino

simplemente criticar las del Gobierno. Los comunistas, antes de examinar las posibles medidas, gritan

desaforadamente que el horno no está para ejercicios parlamentarios y que la única receta válida consiste

en que "arrimemos todos el hombro", aunque no exista la menor claridad, sobre el bulto al que habría que

arrimar el hombro. Basta un "Gobierno de concentración" para que salgamos de apuros.

En semejante coyuntura, Suárez muestra otra vez su enorme habilidad política. Los problemas planteados

son demasiado graves para que se discutan en las bases de los partidos, en las centrales sindicales y

patronales, en la prensa, que ha adquirido este último tiempo demasiado poder; tampoco parece oportuno,

dada la gravedad de la situación —¿acaso no son los comunistas los que más han insistido en los peligros

del golpe?— el que los representantes del pueblo, libremente elegidos, den el triste espectáculo de pensar

de muy distinta manera sobre cuestiones tan fundamentales como son las económicas.

Desgraciadamente, estas Cortes ya no son como las anteriores, en las que prevalecía el "interés nacional"

sobre cualquier partidismo egoísta y destructor. Antes de que el presidente del Gobierno acuda por ves

primera al Congreso para defender su programa, necesita el consenso de todos los partidos. Imagínese el

lector la envidia y admiración de los demás presidentes de Gobierno, a los que también les gustaría contar

con tal unanimidad para imponer un programa de medidas sociales y económicas que, por la gravedad de

la situación —y en dónde no se cuece con agua— tienen que ser especialmente duras e impopulares.

El precio del pacto

El pacto de la Moncloa no hubiera sido posible sin las dotes suaristas de gobernar por encima, por debajo,

pero de ningún modo con el Parlamento; pero tampoco sin la obsesión comunista de renunciar a su papel

minoritario de oposición, que es el que le corresponde con arreglo a los votos de que disponen. Al PSOE

no le ha quedado otro remedio que entrar en el juego —parece que a regañadientes— para no quedar

aislado en el papel de aguafiestas, sobre el que recaería la responsabilidad de no haber hecho todo lo

posible para superar la crisis.

La eficacia del programa común —no sobresale por ninguna originalidad especial— está aún por ver.

Pero el golpe que ha sufrido la naciente democracia es ya una realidad. Ex franquistas y comunistas, que

acaban de descubrir la democracia, parece que todavía no han aprendido la lección principal: una

democracia sólo se consolida por la vía democrática. Justamente, en periodo de crisis, es cuando con

mayor cuidado hay que evitar otros caminos más expeditivos, máxime cuando, como en nuestro caso, se

cuestiona su operatividad, incluso antes de ponerla en funcionamiento. Si cabe entenderse mejor en

palacio que en las Cortes, si los problemas del país se resuelven mejor fuera del Parlamento, o atinamos

con instituciones democráticas más eficaces y representativas que las parlamentarias, tomemos buena

cuenta de ello y saquemos las consecuencias pertinentes; pero no releguemos el Parlamento a pura

batalla, donde se acuerda en público lo que se pactó en privado. Así no sólo no se construye una

democracia; así es como se empieza a destruiría.

 

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